El sentido teórico y político que orientó el presente trabajo se relaciona con la intención de situar las políticas de autonomía progresiva y egreso de las y los adolescentes y jóvenes bajo cuidados alternativos en el marco más amplio de los sistemas democráticos. La intención es la de evitar la sectorización de la política y otorgarle el marco que supone la garantía de derechos, el ejercicio de la libertad y la autonomía.
El abordaje como una política democrática se relaciona no solo con quién y cómo se decide en términos de procedimientos, sino con la forma en que está organizada determinada sociedad y con cómo concebimos y percibimos la intervención política en la vida social (Lechner, 1995).
La noción misma de política democrática y lo que ello supone en términos de transformación en la relación Estado-sociedad no podrá ser abordada ni por “el viejo estatismo ni por el nuevo antiestatismo” (Lechner, 1995). Se trata de una perspectiva que hace hincapié en los derechos ciudadanos a la vez que recupera la tradición comunitarista que valora al Estado como totalización simbólica de la comunidad (Lechner, 1995). De ahí deriva el título de este trabajo: “Mi derecho a tener derechos». Esto nos ubica frente al desafío de multiplicar e institucionalizar prácticas democráticas que den lugar a relaciones sociales diversas, de manera que, mediante una matriz democrática común a todos, puedan conformarse múltiples posiciones de sujeto” (Mouffe, 2003: 38).
Para ello resulta fundamental el reconocimiento de los sujetos como tales, tanto en el ámbito comunitario como frente al Estado. En el caso de las y los adolescentes y jóvenes bajo cuidados alternativos, esto incluye no solo un problema de representación sino también de redistribución. Las reivindicaciones redistributivas pretenden una distribución más justa de los recursos y de la riqueza, mientras que la reivindicación de justicia social es la que se denomina política de reconocimiento. Aquí, el objetivo, en su forma más verosímil, es un mundo que acepte la diferencia (Fraser, 2008). En este sentido, las y los adolescentes y jóvenes bajo cuidados alternativos pueden ser comprendidos como una categoría bidimensional. De acuerdo a Fraser, la misma es desarrollada del siguiente modo:
Los grupos bidimensionalmente subordinados padecen tanto una mala distribución como de un reconocimiento erróneo en formas en las que ninguna de estas injusticias es un efecto indirecto de la otra, sino que ambas son primarias y co-originales. Por tanto, en su caso, no basta ni una política de redistribución ni una de reconocimiento solas. Los grupos bidimensionalmente subordinados necesitan ambas (Fraser, 2008: 89).
Es decir que habrá justicia siempre que haya reconocimiento y redistribución y, desde ya, representación. Todos estos componentes permiten enmarcar las políticas de autonomía y preparación para el egreso bajo la idea de la importancia de la representación política y la redistribución equitativa a fin de favorecer trayectos de desarrollo y crecimiento en el marco de una vida digna.
En este contexto, el rol del Estado se presenta como central. Sobre esto, Arendt en Los orígenes del Totalitarismo (1951) expresa:
Los derechos del hombre, después de todo, habían sido definidos como “inalienables” porque se suponía que eran independientes de todos los gobiernos; pero resultó que, en el momento en que los seres humanos carecían de su propio gobierno y tenían que recurrir a sus mínimos derechos, no quedaba ninguna autoridad para protegerles ni ninguna institución que deseara garantizarlos (Hannh Arendt, 1951: 414).
Es así que, a fin de garantizar los derechos de la sociedad, la figura del Estado es vital. No obstante, y como se ha planteado en este trabajo, es necesario resignificar el rol del mismo para las y los adolescentes que se encuentran dentro de los sistemas de cuidados alternativos. Esto implica superar la relación ambivalente del Estado con esta población que oscila entre el control y la promoción de derechos: el control que implica el momento de la toma de una medida de protección excepcional, y la promoción de derechos que requieren los procesos de egreso y construcción de autonomía. Se trata del desafío de profundizar los esfuerzos por garantizar derechos con el fin de que esta operación no sea meramente retórica.
La nueva lógica deberá estar fundada en la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía en el marco de proyectos de vida autónomos. Por lo tanto, es necesario apelar a un tipo de Estado que contenga un régimen democrático, es decir, que amplíe los horizontes de la ciudadanía (O’Donnell, 2008); un Estado capaz de garantizar “mi derecho a tener derechos». Es en este marco que las políticas de autonomía progresiva y preparación para el egreso destinadas a las y los adolescentes en sistemas alternativos de cuidado adquiere sentido y fuerza al mismo tiempo.