To my female ancestors and to all the black women who raised me, inspired me, and fought for my space in this world, know that you are seen, heard, and loved!

A mis ancestras y todas las mujeres afrodescendientes que me criaron, inspiraron y han luchado por mi espacio en este mundo, ¡sepan que son vistas, escuchadas y amadas!

Agradecimientos

Quisiera iniciar por agradecer a mi directora de tesis Dr. Leticia Vita por tu paciencia y entrega en la elaboración de esta tesis, no lo hubiese logrado sin tu apoyo y guía.

A mi madre Q.P.D por ser mi mayor ejemplo de lucha. A mi May, familia y amistades por su amor y apoyo incondicional.

Y por último, quiero darle las gracias al Centro Internacional de Estudios Políticos por brindarme la oportunidad de cumplir mis sueños y metas profesionales, y por el apoyo que nos brindaron a través de nuestro tutor, Ángel, durante este año tan retador.

I´m eternally grateful!

Introducción

Si eres pobre y negra debes esperar

Si tienes hambre y eres negra debes aguantar

Si eres negra y quieres más tus aspiraciones no importan

Si exiges cambios y eres negra tus motivaciones se cuestionan

Si eres negra y violentada tu defensa es la resiliencia y casi nunca la justicia

Porque tal parece que tus derechos más básicos se ponen en pausa cuando convergen con

el hecho de ser mujer, pobre y negra.

Autoría propia

1. La equidad no da espera y las mujeres Afro tampoco

La cuestión racial es socialmente incómoda por su naturaleza disruptiva. Es difícil de plantear porque quien la plantea, inevitablemente también critica el estatus de invisibilidad, de paz con lo que es, e invita a cambiar las formas patriarcales y jerárquicas de percibir el mundo que perpetúan sistemas de exclusión. Incomoda hablar de desigualdades cuando las estructuras encargadas de erradicarlas pretenden poner un parche diminuto a problemas tan grandes y multidimensionales, como lo son el racismo y la misoginia hacia mujeres afrodescendientes.

Ahora bien, la combinación de estas discriminaciones produce un sistema cíclico de exclusiones, como afirman Lélia Gonzalez y Carlos Hasenbalg en su libro Lugar do Negro Producen zonas destinadas a la población negra, marcadas por una condición de sub-ciudadanía, como es el caso de las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Desde esta perspectiva, se crea un orden jerárquico no solo de hombre sobre mujer, sino también de blanca sobre negra. Estas desigualdades tienen sus cimientos en pautas histórico-clasistas que junto a los patrones políticos, económicos y sociales, las fortalecen y alimentan. La combinación de estas diversas variables genera exclusiones profundas que se materializan en barreras como las de acceso y permanencia en el mercado laboral.

En Latinoamérica 1 de cada 4 personas se identifica como afrodescendiente. Esto representa 134 millones de personas, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante, CEPAL, 2021). A pesar de esta enorme presencia de la población afrodescendiente en la región, persiste la invisibilización, convirtiéndolas en uno de los grupos más vulnerados de América Latina. Es hasta hace recientemente, que algunos países empezaron a incluir a personas afrodescendientes en sus censos y se evidenció que están sobre representadas en los grupos de pobreza, ya que conforman alrededor de la mitad de las personas que viven en pobreza extrema, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Abonado a esto, los grupos afrodescendientes tienen menos años de educación y son víctimas de violencia con mayor frecuencia. Si se acerca el lente a las vivencias de las mujeres afrodescendientes el panorama es aún más sombrío. De acuerdo con informes de la CEPAL, a nivel regional se estima que las mujeres han perdido casi una década de avances en igualdad de derechos y que 23 millones de mujeres en América Latina han caído en la pobreza. Esto sin tener presente los datos más recientes vinculados a la Pandemia de COVID-19, que ha presentado un impactado negativo aún más fuerte en ellas.

En el caso de Nicaragua, la región autónoma de la Costa Caribe concentra la mayor población en extrema pobreza de Nicaragua, particularmente las poblaciones minoritarias e indígena del Caribe norte, la cual constituye el 60% de la región. El Informe sobre Desarrollo Humano (INDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011a), indica que el 79,9% de la población nicaragüense sobrevive con menos de US $2.00 al día. De dicho porcentaje, el 45,1% sobrevive con menos de US $1.00 al día. Además, las mujeres son las más afectadas por la pobreza multidimensional en el país, y para agravar el asunto, no existen datos desagregados sobre las poblaciones afrodescendientes que habitan esta región lo que hace que sus problemáticas sean invisibilizadas en las políticas y proyectos de impulso al empleo.

La complejidad de los retos que enfrentan las mujeres afrodescendientes en la era del Black Lives Matter, y recientemente, con la crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19, ha abonado la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 2018. Allí entran en juego diferentes fenómenos que han revelado las múltiples discriminaciones y las graves violaciones a los Derechos Humanos de las cuales son víctimas, especialmente, las mujeres afrodescendientes en Nicaragua.

Al analizar los diversos indicadores de pobreza, educación e inserción laboral en la Nicaragua actual, se puede discernir que las mujeres negras sufren la discriminación de manera particularmente aguda y que su situación ya no da espera, por lo que es imperativo traer esta problemática a la luz de los Derechos Humanos. Esta tesis se propone identificar las principales problemáticas que enfrentan las mujeres afrodescendientes del Caribe nicaragüense en materia de acceso y permanencia al mercado laboral, al analizar desde un enfoque interseccional la implicancia de los elementos de género y raza en el acceso a oportunidades laborales y otras garantías de Derechos Humanos vinculadas a estas. Por eso es fundamental analizar sus vivencias y experiencias desde múltiples intersecciones, para empezar a dimensionar soluciones sostenibles y efectivas. Pues como dijo María Caterina La Barbera: “las mujeres nunca son solo mujeres” (La Barbera, 2010: 251) y sería un verdadero despropósito analizar este fenómeno desde un solo ángulo para empezar a entender las vivencias y problemáticas de estas minorías.

2. La investigación como una invitación a incomodarse

El interés por este tema de investigación nació de mi experiencia diferenciada como mujer afrodescendiente de la Costa Caribe nicaragüense y se acrecentó cuando empecé a estudiar los movimientos sociales y políticos de América Latina y el mundo, mientras cursaba mi carrera de Diplomacia y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Al leer discursos como el de Sojourner Truth: Ain't I A Woman? (¿No soy yo una mujer?) y explorar la necesidad de un feminismo negro basado en las experiencias particulares de las mujeres afro, germinó en mi la conciencia sobre la condición femenina y la pluralidad de implicancias de lo que significa ser mujer Afrodescendiente en un país como Nicaragua.

Poniendo de lado mis experiencias personales con el tema, mi problema académico surge a partir de observar desde un lente político y social cómo el Estado de Nicaragua históricamente ha pretendido resolver problemas particulares de las mujeres Afro con soluciones generales, y con una perspectiva desconectada de la realidad de estas mujeres, aun conociendo la situación diferenciada de estos grupos. Asumir que las innovadoras leyes de equidad de género promulgadas a lo largo de los años en el país son una solución automática a esas asimetrías históricas que se fundamentan en el racismo, como lo explican autoras como Angela Davis y Bell Hook, es igual a decir que todas las mujeres estamos en el mismo barco cuando, en la realidad, no estamos si quiera en el mismo mar. Especialmente cuando de oportunidades de desarrollo y acceso al empleo se trata.

Esas personas que están en posiciones de poder y que asumen que todo está bien, no están pensando en mujeres como Karelia, una joven afrodescendiente que tuvo que migrar a la capital en búsqueda de mejores oportunidades y que destaca que “…por ser una mujer de descendencia creole, muchas veces somos vistas como mujeres irresponsables, poco preparadas e incapaces de ocupar una posición importante cumpliendo roles específicos dentro de una organización”, y agrega, “muchas veces somos descartadas mucho antes de llegar a tener una oportunidad de demostrar nuestras capacidades”.

Lo que expresa Karelia es la historia de miles de otras mujeres y, sin embargo, no es un problema especialmente trabajado por el área de los Derechos Humanos. No solo en Nicaragua, sino a todo lo largo de la región latinoamericana. Se ha producido mucho sobre los derechos de las personas afrodescendientes e incluso de las mujeres, pero casi no se encuentran antecedentes de trabajos que se enfoquen en la cuestión de la empleabilidad, utilizando una perspectiva que interseccione raza y género. Por esta razón considero pertinente y necesario proponer este caso de estudio como un aporte substancial a los Derechos Humanos en la región. Como una manera de invitarles, no solo a incomodarnos, sino también a ocuparnos de este problema como humanistas.

3. Antecedentes de esta investigación: Sujetas invisibilizadas

Las pocas investigaciones que atañen a ciertos aspectos de la empleabilidad de las mujeres afrodescendientes que residen en la Costa Caribe de Nicaragua datan de hace más de cinco años. De ese universo, esta investigación se ha basado principalmente en el reporte Examen Periódico Universal (EPU) desde las voces de mujeres afrodescendientes, realizado por la asociación internacional Red de Mujeres Afro latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora Nicaragua, (2017). El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de derechos humanos que estableció la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 60/25. A través de él, se revisa periódicamente el cumplimiento de cada uno de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas sobre las obligaciones y compromisos en el ámbito de los derechos humanos.

La consulta realizada en 2017 por la organización tuvo como objetivo visibilizar las voces de mujeres afrodescendientes e indígenas de la Costa Caribe Nicaragüense basándose en las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos. Se recopiló la información a través de entrevistas, consultas y una matriz de análisis dirigida a mujeres de diferentes edades y comunidades en un periodo de dos meses. El informe destaca que las mujeres afrodescendientes en Nicaragua forman parte “de los grupos de poblaciones pobres con poco o ningún acceso a los servicios básicos, de salud y educación, el acceso a los recursos productivos, la tierra, el crédito, vivienda, lo que genera mayor discriminación y las coloca en condiciones de vulnerabilidad” (Asociación Red de Mujeres afro latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, 2017).

El documento también presenta información detallada sobre la situación de empleabilidad de mujeres afrodescendientes, la violencia y las brechas salariales por razón de género en la región, que señala, son las más altas del país, llegando hasta el 68% en algunos sectores de la economía. Las regiones Autónomas del caribe sur y caribe Norte RACN y RACS encabezan los reportes de violencia basada en género en donde 3 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. En cuanto a recomendaciones del Examen Periódico Universa EPU¹ en materia de empleabilidad, el documento concluye que la inserción al mercado laboral varía según el sexo, la identidad étnica y el territorio. Según las mujeres consultadas en el reporte, existe un sesgo etno-racial en la región costeña a favor de los mestizos, ya que al trasladarse o migrar a la costa del pacífico, principalmente la capital, Managua, ellas se ven en posición de desventaja. Este sesgo también se evidencia al interior de la región de la Costa Caribe, en las dinámicas del mercado laboral, la obtención de préstamos y de algunos cargos públicos en la región.

Este documento es de suma relevancia para la presente investigación, pues detalla de manera efectiva la conexión entre las oportunidades laborales, la raza y el género de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe y sobre todo, tiene en cuenta el enfoque étnico y sociocultural en la investigación. Como veremos en esta tesis, este cruce es clave, ya que las experiencias de las mujeres afrodescendientes tienen el componente no solo de género sino también de raza y sus vivencias no son reflejadas en la mayoría de las investigaciones referentes al tema de empleabilidad y desarrollo. Finalmente, también aporta la perspectiva de los colectivos afrodescendientes y su trabajo de visibilización de las problemáticas afro y su labor de incidencia a nivel de gobierno en materia de garantía de derechos.

El segundo antecedente que tenemos especialmente en cuenta es el proyecto de investigación elaborado por Álvarez (2015) titulado “Avances y desafíos del empoderamiento de las mujeres en Nicaragua” en el marco del proyecto de la cooperación y financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. “Promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres a través de mejores políticas”. En esta investigación, se detallan algunas de las principales barreras que enfrentan las mujeres en el acceso y permanencia en el mercado laboral, analizando los procesos de empoderamiento económico de las mujeres nicaragüenses.

El estudio, de carácter cualitativo, indaga en los elementos socioculturales directamente ligados al patriarcado que afectan el proceso de inserción de la mujer en la esfera laboral. La violencia basada en género, distribución inadecuada del trabajo de acuerdo con el género, nivel educativo, problemas de autoestima, barreras espaciales de cercanía al hogar, elecciones sobre la maternidad, entre otros elementos, son algunos de los factores de mayor relevancia. También se detalla el papel del Estado en cuanto a la falta de impulso a programas de transformación de paradigmas sociales que amparan estas inequidades. El informe concluye que el nivel educativo es una de las mayores barreras en el acceso al empleo formal y que las mujeres en Nicaragua tienden a elegir y valorar trabajos de acuerdo con la flexibilidad que este les permita de realizar las labores del hogar y el ejercicio de la maternidad más que en el nivel de salario. Esta investigación, aunque no discrimina el origen étnico de la población muestra de la investigación, logra identificar algunas de los principales retos que enfrentan las mujeres en Nicaragua en el acceso a la vida laboral y propone múltiples acercamientos al problema desde el punto de vista, familiar social, económico, estatal y educativo.

A nivel internacional, uno de los principales documentos de referencia es el de Mujeres Afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe, Deudas de Igualdad, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2018). El objetivo del estudio es visibilizar las diversas desigualdades que viven las mujeres afrodescendientes y aportar propuestas políticas que busquen erradicar toda forma de discriminación hacia la mujer Afro. Este adopta una perspectiva de género e interseccional. El estudio explica que, aunque se han ratificado una serie de instrumentos internacionales reconociendo la existencia e importancia de proteger a las comunidades afrodescendientes para la promoción de la igualdad de género y la no discriminación, estos problemas aún siguen muy presentes en la Región Latinoamericana y caribeña.

Entre los compromisos internacionales más recientes están el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, aprobado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo en 2013 y La proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015- 2024). En ambas se establecen los compromisos y obligaciones que tienen los Estados y la sociedad civil en erradicar la discriminación y los problemas estructurales que afectan a estos grupos. Por su parte, en el informe de la Conferencia de Durban, los Estados afirman estar “convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos” y, por ende, reconocen “la necesidad de integrar una perspectiva de género en las pertinentes políticas, estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación” (Convención de Durban, 2001).

El estudio presenta un análisis importante en cuanto a la relación que existe entre las múltiples discriminaciones, su efecto en las mujeres afrodescendientes de la región y la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional para la investigación y establece que “es preciso partir desde una perspectiva interseccional, que incluya la multiplicidad de categorías que conforman su identidad y las consecuencias derivadas de la intersección del género con otras identidades construidas históricamente como inferiores, como la identidad negra o afrodescendiente” (CEPAL, 2018: 16). Este precepto es importante, al tener en cuenta las condiciones de explotación a la que son sometidas las mujeres afrodescendientes desde un nivel microsociológico y microsociológico y cómo la falta de acceso a condiciones de vida digna también perpetúa estos sistemas de supremacía del poder de unos grupos sobre otros.

La explotación de los grupos considerados inferiores por el poder hegemónico, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, se advierte en la precarización de sus condiciones objetivas de vida, como las de salud, educación, trabajo y vivienda, entre otras. La intersección de los sistemas combinados de opresión (Crenshaw, 2002) también muestra que la explotación no es solo en el ámbito de la producción o el trabajo remunerado, sino que está referida igualmente a la explotación sexual y a la violencia material y simbólica dirigida al cuerpo de las mujeres, en particular el de las afrodescendientes (Carneiro, 2003), interfiriendo en su autonomía física, económica y en la toma de decisiones (CEPAL, 2018: 18).

El documento destaca un aspecto crucial que atraviesa la presente investigación y que apunta a los efectos de la falta de información estadística de calidad sobre el colectivo de mujeres afrodescendientes. En efecto, señala esta impide el efectivo diseño e implementación de políticas de igualdad y específicamente, de políticas de género, y advierte que la invisibilización de la problemática perpetúa el racismo. En cuanto al tema de autonomía económica y acceso a oportunidades laborales, el documento hace aportes importantes en el debate sobre la autonomía económica y la interconexión étnico-racial y de género.

Por último, una investigación que ha servido de referencia a esta tesis es el estudio elaborado por la organización internacional de desarrollo sin fines de lucro CUSO internacional, en 2017, titulado “Barranquilla, análisis de las barreras de acceso y permanencia de mujeres, jóvenes y víctimas a un empleo formal”. Este documento tiene como objetivo dar a conocer las principales barreras que enfrentan las mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado en el acceso y permanencia en el empleo formal. La investigación es de mucha utilidad por su modelo de agrupación de las distintas barreras lo cual facilita el entendimiento y la propuesta de posibles soluciones enfocados en cada barrera.

4. Objetivo general, objetivos específicos y metodología

El objetivo general de esta tesis es el de identificar las barreras que enfrentan las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense en el acceso y permanencia al mercado laboral y su interconexión con la raza y el género en el acceso a oportunidades laborales y garantía de Derechos Humanos para esta población.

Los objetivos específicos propuestos son: a) examinar las relaciones entre la raza y el género y el acceso a oportunidades laborales que tienen las mujeres afrodescendientes de la costa Caribe Nicaragüense y b) presentar un estudio de caso en donde se reflejan las vivencias de un grupo de mujeres afrodescendientes de diversas edades, como base analítica del fenómeno empleabilidad.

Esta investigación pretende responder a los siguientes interrogantes:

►¿Cuál es la situación general de las mujeres afrodescendientes de la Costa caribe nicaragüense en materia de trabajo?,

►¿Cómo impactan los determinantes socioeconómicos en el acceso y permanencia en el mercado laboral?

►¿Qué mecanismos legales existen para promover y fortalecer el acceso justo e igualitario al mercado laboral de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe Nicaragüense?

►¿Qué elementos identificados entre las barreras de acceso al mercado laboral están ligados a exclusión por raza y género desde la perspectiva de Derechos Humanos y por qué?

La presente investigación es de dos tipos: descriptiva, ya que se identifican las barreras existentes en relación con el acceso y permanencia de las mujeres afrodescendientes en el mercado laboral, y explicativa, ya que se intenta determinar la relación causa y efecto de las barreras que enfrentan las mujeres afrodescendientes en el ámbito, social, económico, espacial e institucional. El diseño de la investigación será de tipo no experimental, porque las variables en estudio no serán manipuladas, se basará esencialmente en la observación del fenómeno tal y como se da en su contexto natural para luego analizarlo. La investigación será de corte transversal sin un marco de tiempo establecido, esto debido a que la información será recolectada en un momento único de tiempo. Como técnicas investigativas se utilizaron las siguientes: la entrevista a profundidad, grupos focales, cuestionarios y el análisis documental.

Entre marzo y agosto de 2021, se realizaron ocho entrevistas a mujeres afrodescendientes de diferentes edades. También se consultó a un abogado especialista en normativas de promoción de la autonomía. Se contó con un grupo diverso de mujeres afro para la elaboración de las entrevistas, 2 de las mujeres actualmente están en condición de desempleo. 5 de ellas migraron a la capital en búsqueda de empleo, 2 de ellas siguen viviendo en las regiones autónomas y una de ellas migró al extranjero de manera permanente. 3 de ellas no lograron culminar sus estudios universitarios y solo 2 de ellas actualmente ejercen la carrera que estudió.

Para las entrevistas se crearon dos tipos de cuestionarios, uno enfocado en identificar las barreras que enfrenta este grupo para acceder al mercado laboral y el otro enfocado en el panorama legal y estatal, conocimiento de legislación de protección ante racismo y discriminación a mujeres afro.

5. Marco teórico

En lo que sigue definiremos brevemente los principales conceptos utilizados en esta investigación.

Raza: No existe una definición unificada de raza ya que existen múltiples determinantes que son utilizados como referentes para su uso. Diversos autores entre ellos Banton y Bonham, que ubican el desarrollo del concepto en el siglo XVIII. Otros autores como Aníbal Quijano consideran que surgió a partir de la formación de las Américas y como parte del proceso de conquista, colonización y dominación colonial europea, como el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005).

Para esta tesis se utilizará los enfoques planteados por (Hasenbalg, 1979; Guimarães, 1999; Wade, 2011) en donde se reconoce el poder diferenciador y excluyente de la raza: las “razas” son construcciones sociales eficaces para mantener y reproducir diferencias, jerarquías, subordinaciones, exclusiones y privilegios, es decir que se basan en relaciones sociales que establecen los comportamientos y las acciones humanas. Se refiere a una historia específica, a la historia del colonialismo y a unas diferencias específicas que se formaron a lo largo de esa historia, las distinciones que hicieron los europeos entre ellos y con otros.

En este sentido, para esta investigación adopté la incorporación de raza y género como categorías sociales de poder.

Género: El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino) (Lamas, 2000). La definición utilizada por la Organización Mundial de la Salud OMS define el género como los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias (OMS, 2021).

Interseccionalidad: el término que utilizamos es el definido por Kimberlé Crenshaw como un mecanismo para entender cómo diversas opresiones entran en juego y actúan en la vida de las mujeres afroamericanas, cosa que no era perceptible al analizar la raza y el género por separado. La interseccionalidad se refiere a la interacción entre el género, la raza y otras categorías de diferenciación en la vida de las personas en las prácticas sociales, en las instituciones e ideologías culturales (Crenshaw, 1998).

Afrodescendiente: Siguiendo a la conferencia de Durban, se define como afrodescendiente a aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales (Conferencia de Durban, 2001).

6. Repercusión social de la tesis

Para la elaboración de este trabajo investigativo se ha tenido especialmente en cuenta la falta de información oficial e información desagregada sobre las comunidades afrodescendientes de Nicaragua, la escasez en la producción de documentos científicos enfocados en las mujeres afrodescendientes, además de la censura gubernamental y la apatía social y cultural por las regiones autónomas. La concentración del trabajo del Estado en la capital, de espaldas a la Costa Caribe, la falta de datos estadísticos, demográficos, culturales e interseccionales en el ámbito laboral.

Con base a lo antes mencionado, este trabajo intenta realizar un aporte en relación con la necesidad de documentar y evidenciar las experiencias de estas comunidades que históricamente han enfrentado barreras estructurales que exacerban la disparidad en acceso a la salud, educación, servicios básicos, empleo entre otros, y de la cual no existen datos actuales, por lo que deben ser una prioridad para la agenda de desarrollo e investigación. A diferencia de los antecedentes arriba reseñados, esta investigación se enfoca exclusivamente en las barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Este tema puntual, no ha sido aun explorado en el campo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Por último, esta tesis también se propone aportar insumos a la temática del ámbito laboral desde la teoría feminista, teoría interseccional y teoría decolonial en los elementos de raza y género y los derechos humanos.

7. Estructura del texto

En el primer capítulo nos ocuparemos del contexto histórico, geográfico y económico de las comunidades afrodescendientes en la Costa Caribe nicaragüense. Este capítulo aborda la historia de las comunidades afrodescendientes desde su llegada a Centroamérica hasta el presente, con el fin de contextualizar a las y los lectores sobre la región, la geografía, demografía e implicación de los elementos de raza desde los tiempos de la esclavitud. En él se abordan las crisis sociales y étnicas por el proceso de autonomía de la costa caribe y el rol de las mujeres en estos procesos, hasta llegar a la crisis sociopolítica que se vive en el país actualmente, analizando cómo estos sucesos han impactado en el acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres afrodescendientes en Nicaragua.

En el segundo capítulo, nos centramos en el marco normativo tanto nacional como internacional encargado de regular, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, estatutos sobre la discriminación por razones de raza y género y al mismo tiempo, contrastaremos estos documentos con el nivel de cumplimiento de estas pautas en el caso de mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense en materia laboral. En este capítulo, nos interesa poner de manifiesto cómo los estereotipos también influyen en la legislación y de manera puntual, explicaremos como algunas leyes de promoción de equidad de género siguen invisibilizando a las mujeres afrodescendientes en Nicaragua.

En el capítulo tercero nos centraremos en el caso de estudio a partir de introducir algunas ideas del enfoque de interseccionalidad, las teorías decoloniales y el feminismo negro a fin de poder abordar las experiencias de las mujeres afrodescendientes. Analizaremos el impacto de los estereotipos raciales y culturales en el acceso y permanencia en el mercado laboral y el machismo presentes en los sistemas laborales, a partir del testimonio de mujeres afrodescendientes de diferentes edades, y un especialista la normativa de la región.

Finalmente, en el capítulo cuarto se presentan algunas conclusiones y hallazgos identificados a lo largo de la investigación a fin de dar cuenta del problema en toda su extensión, así como de posibles soluciones y prospectivas a la problemática planteada en este estudio.

Capítulo 1
Aproximaciones al Caribe Nicaragüense: una historia de olvidos, violencias y marginaciones

Este capítulo describe los rasgos más importantes de la región del Caribe Nicaragüense en lo que hace a tres aspectos: su territorio y la importancia de este para las comunidades afrodescendientes, la historia de estas comunidades y su constante invisibilización, los datos macroeconómicos e indicadores de pobreza que les afectan y finalmente, un breve recorrido histórico hasta la actualidad, que registra la historia de las comunidades afrodescendientes desde su llegada a Centroamérica hasta el presente. Su objetivo es contextualizar a las y los lectores sobre la región, la geografía, la demografía y la implicación de los elementos de raza desde los tiempos de la esclavitud hasta nuestros días. Se hace un resumen de la historia de Nicaragua detallando elementos que serán relevantes al análisis de esta tesis. hasta llegar a la crisis sociopolítica que se vive actualmente en el país analizando cómo han impactado en el acceso y permanencia en el mercado laboral de nuestro público objeto de estudio.

1. La Costa Caribe nicaragüense: disputas por el territorio y el rol de las matriarcas

De acuerdo con las proyecciones estadísticas del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (en adelante INIDE), se estima que Nicaragua cuenta con una población total de 6.518.478 habitantes para el año 2020. El 51 por ciento de la población corresponde al género femenino (3.302.000) y un 49 por ciento al masculino (3.216.478). La población de Nicaragua tiene la particularidad de ser joven. El 74 por ciento de la población es menor a los 40 años. Es importante destacar que el último censo poblacional se dio en el año 2005. Es decir, desde hace 16 años que no se cuenta con datos exactos.

Administrativamente el país está dividido en 15 departamentos y 2 regiones autónomas, que a su vez conforman 153 municipios. Esta investigación se enfocará en las 2 regiones autónomas que se encuentran en la Costa Caribe nicaragüense: La Región Autónoma del Caribe Norte (en adelante RACN), con su cabecera departamental la ciudad de Puerto Cabezas y la Región Autónoma del Caribe Sur (en adelante RACS), siendo su cabecera departamental la ciudad de Bluefields. Allí se concentra mayormente la población de afro-nicaragüenses o creoles², así como misquitos, sumos, ramas, garífunas y mestizos. El territorio tiene una extensión de 59.566 km2, equivalentes a un 43 por ciento de la superficie territorial del país. Es decir, es casi la mitad de su territorio total. El clima es tropical húmedo, las temperaturas son muy altas, por el nivel de boscosidad y torrenciales lluvias. Es una zona de difícil acceso, además de ser más propensa a sufrir los embates de huracanes por su ubicación en el Caribe.

Bosawas, una de las reservas forestales más importantes del país se encuentra en la RACN, considerado el pulmón de Centroamérica por ser la reserva protegida más grande de la región con una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados. Al sur se encuentra la reserva Indio Maíz y aunque no está cartográficamente dentro del departamento de la RACS, alrededor de un 80% de la reserva forma parte del territorio ancestral del pueblo indígena Rama y del pueblo afrodescendiente creole. Estos dos grupos trabajan en alianza para preservar la reserva de las amenazas al ecosistema con la invasión de colonos, el avance de la frontera agrícola, la minería, la ganadería y el monocultivo en la zona. Allí también se encuentra una de las más importantes fuentes hídricas: el río Coco. Es el río más largo del país y sirve como frontera con Honduras.

La cosmovisión y el modo de vida de las personas afrodescendientes de esta región están estrechamente ligados a la tierra. La relación conocimiento-identidad-territorio sigue siendo central para sus vidas y procesos organizativos (Walsh, 2004). El territorio, a propósito, es la categoría clave que permite a estas poblaciones y comunidades pensar su organización social, política, económica y cultural, dado que es una categoría espesa que presupone un espacio geográfico que es apropiado y esta apropiación (territorialización) enseña identidades y territorialidades que están inscritas en los procesos, siendo, por tanto, dinámicas y mutables (Porto-Gonçalves, 2009). En un estudio del año 2016 titulado “Pueblos originarios y afrodescendientes de Nicaragua” se explica que las comunidades indígenas y afrodescendientes locales, cuando hablan de sus tierras y territorios, los describen como el principal legado de sus ancestros, el principio y fin, el lugar donde se encuentra todo lo que se necesita para vivir. El territorio es agua, árboles, fauna, flores, medicina, el lugar de los sitios sagrados, donde esperan permanecer por siempre.

La lucha de estas comunidades por el reconocimiento de sus tierras ancestrales y asentamientos ha sido una demanda histórica para los pueblos indígenas y afro, y se ha convertido en un conflicto heredado de años, ya que su desarrollo avanza con lentitud y muchos contratiempos. El proceso de demarcación ha sido liderado e impulsado por mujeres de la Costa Caribe, quienes ante el olvido y la complicidad estatal se vieron en la obligación de escalar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), en el marco de su 172 periodo de sesiones. El conflicto por las tierras ha impactado desproporcionalmente a las comunidades en sus derechos a la integridad, salud, alimentación, educación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna. Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y afro, afectando seriamente sus modos tradicionales de vida, según recuentos de la CIDH. En el comunicado de prensa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) la representante del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Lottie Cunningham, aseguró que la violencia ha generado una crisis alimentaria para las comunidades que no pueden tener acceso a sus parcelas ni realizar otro tipo de actividades como la caza o pesca. La misma “ha afectado a la salud materna, el acceso a educación y obstaculizado el acceso a medios básicos para sostener una vida digna”. La organización también ha documentado casos de secuestros, asesinatos y desapariciones en la zona norte de la región.

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades y ordenó al Estado nicaragüense adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de estos grupos, no se ha evidenciado respuesta estatal para atender estas demandas, por lo contrario, persisten las olas de violencia en la región a manos de ex-militares que operan bajo la tolerancia del Estado nicaragüense, extrayendo bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

La Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (APIAN) una alianza creada en 2015 para demandar y dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes, hizo presencia ante la CIDH a través de la voz de su representante Nora Newball quien denunció que el Estado de Nicaragua ha neutralizado el liderazgo cívico y político de su pueblo, ha instalado gobiernos comunales paralelos y ha destacado la disminución en la participación política de las comunidades afrodescendientes e indígenas a causa de la invasión de colonos en la región.

De acuerdo con datos del CEJIL la defensora y líder política Newball también destacó que la invasión de personas foráneas en el territorio caribeño de Nicaragua ha sido una amenaza para la protección de la tierra. El Estado ha perjudicado seriamente los bosques y recursos naturales, con la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal y la imposición del Gran Canal Interoceánico. También lo ha hecho el sector privado a través de la expansión de la palma africana, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, el incremento de la actividad minera y la pesca.

Estos procesos son de larga data. Ya desde los años ochenta este territorio ha experimentado “una colonización rápida y extensa por campesinos/as mestizos/zas, lo que ha impulsado la urgencia por la demarcación y legalización de las tierras ramas y criollas” (Goett, 2010). Al mismo tiempo, los intereses económicos estatales y extranjeros de explotar las tierras con megaproyectos, como el puerto de aguas profundas de Monkey Point, han alertado sobre la necesidad de regular otros procesos de protección de las tierras y garantía de derechos humanos. Estos proyectos implican la reubicación forzosa de comunidades afrodescendientes y se prevé un impacto de proporciones catastróficas, no solo en la tierra sino en la cultura, cosmovisión y modo de vida de las y los habitantes lo que inevitablemente impacta la migración en búsqueda de empleos fuera de la región.

Activistas como Cunningham y Newball, al igual que muchas otras, han sido invaluables para la tracción de denuncias ante la CIDH y otros procesos de seguimiento ante la violación de derechos humanos en la región.³ Estas mujeres han jugado también un rol fundamental como promotoras de la palabra hablada y en la conservación de la historia indígena y afro. Todo esto ha tenido un impacto jurídico relevante, como se evidencia en procesos como el de demarcación de tierras y la solicitud de medidas provisionales para la protección de las comunidades indígenas ante la CIDH.⁴ Las diversas historias de asentamientos, el uso de la tierra y los conflictos territoriales de las personas indígenas y afrodescendientes se han vuelto cruciales en las negociaciones de la población costeña, no solo con el Estado nicaragüense (Goett, 2010), sino también en los fallos de conflictos internacionales como el de Colombia con Nicaragua por las tierras y el mar de la costa caribe.

Este protagonismo de las mujeres afrodescendientes en la denuncia por la apropiación ilegal e ilegítima de su territorio es propio de la cultura afrodescendiente y contrasta con la invisibilización de este grupo por parte del Estado nicaragüense. Su mirada sobre el territorio y las futuras generaciones es explicada por Socorro Woods, experta en temas de género e interseccionalidad y docente de la Universidad de la Región Autónomas del Caribe Nicaragüense (URACAN): “Desde la cosmovisión de las mujeres afrodescendientes lo más valioso que pueden heredarle a sus a sus hijos e hijas es la tierra donde nacieron, ya que a esta está atada su historia, por ellos y para ellos es que luchan”.

Cabe recalcar que la participación de las mujeres en el ámbito social y político en la región sigue siendo altamente informal y reducido en comparación con la participación masculina, aún con la existencia de leyes como la N° 331 o “Ley electoral” aprobada el 15 de mayo del 2012, que garantiza la representación paritaria de mujeres en cargos legislativos, judiciales y ejecutivos. Aunque innovadora y pionera en la región, esta ley no garantiza la participación efectiva de las mujeres en otros espacios públicos, ya que el manejo estatal sigue ejecutándose de manera androcéntrica y patriarcal por la persistente cultura machista en la esfera política del país y desigual que subyace en Latinoamérica y el Caribe. Muchas organizaciones feministas y de sociedad civil han advertido sobre la inexistencia de mecanismos de desarrollo integral y políticas de género que promuevan el empoderamiento de las mujeres, sobre todo de las afrodescendientes, y han señalado que “aunque existen unas cuantas mujeres en cargos de poder no hemos ganado nada con eso” (Molina en Corraza, 2012). Esta misma perspectiva es compartida por activistas afrodescendientes de la región que constantemente denuncian la centralización del poder machista y la explotación ilegal de sus tierras, aun con representación femenina en el gobierno regional, el cual es netamente tokenístico.

En síntesis, al igual que sucede con otras comunidades afrodescendientes de América Latina, el territorio tiene una importancia vital en el modo de vida de las y los caribeños nicaragüenses. La Costa Caribe nicaragüense es un territorio de invaluable valor ecológico, económico y cultural que viene sufriendo décadas de extractivismo ilegal y abandono estatal en especial menosprecio de los pueblos y de la cultura afrodescendiente. En la denuncia de estos procesos han tenido un rol central las mujeres afrodescendientes, las matriarcas, que han impulsado y registrado la historia del territorio. Todo este contexto, veremos más adelante, es relevante en la identificación de ciertas barreras espaciales para el acceso al empleo de la población en estudio.

2. La historia negra no comienza con la esclavitud y las violencias no terminan con ella

La historia negra no comienza con la esclavitud, aunque así se han empeñado en relatarla durante siglos. Desde la cosmovisión caribeña la historia afro se nutre de la “mother land” o tierra madre africana, donde se origina la cultura, la conexión a la tierra, y el sentido de comunidad que hasta hoy persiste. Se reconoce la esclavitud como una tragedia de proporciones incalculables y un proceso de ruptura que trajo como consecuencia la diáspora africana en las Américas, pero jamás como un punto de inicio en la historia negra.

En las Américas, el término “afrodescendiente” vino a reemplazar el de “descendiente de esclavo”. Esto aconteció luego de la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia organizada por la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU) en Durban en el 2001. Allí el comercio de personas esclavizadas y la esclavitud fueron considerados como “tragedias horrorosas de la historia de la humanidad” y como un verdadero “crimen contra la humanidad” (Cunin, 2006). De esta manera, recién en las últimas décadas se ha empezado a deslindar, al menos desde el lenguaje jurídico, la relación entre africanidad y esclavitud, tan ajenas a la propia cosmovisión de los y las afrodescendientes.

Estos grupos, en efecto, fueron traídos desde África contra su voluntad. En su mayoría por españoles, portugueses e ingleses. En el caso de Nicaragua, la población negra es introducida por dos vertientes. La primera, la rebelión de personas esclavizadas que huyeron por mar desde las islas de Jamaica y Saint Vincent hacia las costas centroamericanas entre 1655 y 1796. La población descendiente de estos grupos es conocida como creoles. El ministerio de educación destaca que los creoles caribeños son la comunidad étnica de Nicaragua más estrechamente asociada con la identidad socio cultural africana. Más del 50% de este grupo reside en la ciudad de Bluefields. En las cabeceras municipales de Corn Island y Laguna de Perlas también existen núcleos importantes de población. Como resultado de ese pasado turbulento, la lengua creole es un híbrido entre inglés, español y algunos trazos de dialecto africano.

La segunda vertiente que nutre la población afrodescendiente en Nicaragua se conforma por un grupo de origen amerindio con fuertes trazos afrodescendientes que llegaron por las migraciones. Sus orígenes datan del siglo XIX en las costas centroamericanas. Este grupo es conocido como Garífunas y conservan su dialecto del mismo nombre. Las comunidades Garífunas o “Caribes Negros” son de origen y lengua Arawak, provienen de la mezcla de los Igneri (Arawakos) que habitaban las Islas de San Vicente (Yuruméina) y Dominica y de los Kallinagu (o Caribe) de la Guyana Caribe o Galibi, cuya lengua era de la familia Kallina. Los Garífuna nicaragüenses viven en la Cuenca de Laguna de Perlas, Orinoco y otras comunidades aledañas en el Caribe Sur (Ministerio de Educación, 2019: 16).

Como se señaló más arriba, la región que ocupa esta población representa una parte importante del territorio nacional, pero al mismo tiempo es la zona menos poblada del país, ya que solo alberga al 5,9% de la población total (PAOH, 2006). Según el último censo poblacional presentado en 2005 y las proyecciones de 2015, la población creole suma 19.890 personas, lo que equivale a un 4,5 por ciento de la población nacional y los garífunas son 3.271 personas que representan el 0,7% del total nacional.

Actualmente la forma de vida afrodescendiente refleja en gran medida la de las naciones antillanas, como la cercana Jamaica y la región caribe que fue pseudo-colonizada por otras naciones más poderosas, como Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos Estados introdujeron nuevas formas de comercio parecidos a los que se conocen en la actualidad, e incorporaron la religión cristiana protestante, con las iglesias morava y anglicana, que son las más importantes hasta el día de hoy entre la comunidad afrodescendiente de la zona.

Estas comunidades están articuladas en sus reivindicaciones históricas como pueblo. Este modelo de institucionalidad se basa en la familia y, en un concepto más amplio, en la comunidad. De acuerdo con información del Plan de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes las relaciones y vínculos sociales incluyen los establecidos como miembras de la comunidad y las relaciones de familias extensas en menor escala. Estos elementos resultan de gran relevancia ya que serán claves en el análisis de las barreras internas de acceso al mercado laboral, cuando abordemos aspectos ligados a la separación de la familia y perdida de la identidad comunitaria que ha permeado la dinámica laboral de las mujeres objeto de este estudio.

La población afrodescendiente de Nicaragua no es apreciada por el resto del país, se la desconoce, invisibiliza y la perpetuación de la narrativa de que lo negro es malo es persistente y se evidencia de múltiples maneras. Cuando se le pregunta a una persona de afuera de la región sobre las mujeres afrodescendientes “siempre dirá las mismas cinco cosas: son negras, bailan muy bien, tienen un carnaval llamado palo de mayo, comen rondón y la infaltable hipersexualización de sus cuerpos bajo la frase: son calientes y de buen cuerpo, no saben nada más” (Socorro Woods, en entrevista).

El elemento de raza, que se diferencia de la etnicidad, referida a las prácticas culturales que representan fuentes de ingreso y proyección de diversidad cultural, muy pocas veces se menciona en el abordaje estatal nicaragüense. Hablar de raza implica tocar fibras en la geografía del dolor de las mujeres afrodescendientes y sus vivencias. La raza trae a la superficie la discriminación y el rechazo que experimentan estas mujeres por sus rasgos físicos y el color de su piel. Al mismo tiempo, visibiliza el olvido estatal que viven, no solo en el plano laboral sino en el amplio espectro de determinantes socioeconómicos que garantizan calidad de vida.

La falsa dicotomía de “blanca buena vs negra mala” ha marcado negativamente las interacciones de la región con el resto del país al punto del aislamiento. En la publicación titulada “Memoria social de las mujeres criollas, Política y derechos sobre la tierra de afrodescendientes en Nicaragua” del 2010, se plantea que la diferencia racial de los criollos (creoles) y su rechazo a asimilarse dentro del nacionalismo cultural mestizo, condujo a estos últimos a cuestionar el derecho de los criollos a la ciudadanía nicaragüense, llevando a algunos incluso a proclamar que eran estadounidenses, o bien a sugerir que viajar entre el Pacífico de Nicaragua y la Costa Atlántica representaba el cruce de una frontera nacional y requería por lo tanto de un pasaporte. Es por esto que se ha destacado que la percepción general de la población está permeada por profundos trazos de racismo al considerar a la costa Caribe como una región extrajera y antinacional, como bien lo plantea al calificarse como “otros”, en el plano racial, radicalmente alimenta la exclusión de las y los afrodescendientes de la nación mestiza (Goett, 2010).

No es casualidad, por lo tanto, que recién en 1984 se construyó en la región el primer hospital de referencia regional y en el año 2013 su primera sala de oncología, lo que hasta hoy no cubre en su totalidad las necesidades de estos grupos, que deben viajar a la capital para recibir tratamientos médicos. Como consecuencia, la región se ha convertido en una de las zonas con más casos de muerte por cáncer del país, entre otros indicadores que hablan del relego de los derechos de sus habitantes por parte del Estado central.

En materia de educación, recién en 1991 se fundó la Bluefields Indian and Caribean University (BICU), la primera universidad en la región. En contraste, en el otro extremo del país, universidades como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua cumplían 182 años de existencia. Como afirma Woods en entrevista: “no había una prioridad del gobierno central de educar a estas poblaciones, ya que la falta de formación educativa representaba sumisión”.

De acuerdo con Woods, la educación se reservaba para las elites de la sociedad caribeña en su momento, no como un derecho sino como un privilegio mirado para las pocas personas que podían costear sus estudios fuera de la región, en el siglo XXI esto sigue siendo una realidad al optar a muchas carreras que no se imparten en las dos universidades del Caribe nicaragüense.

En adición a esto, el olvido estatal también se ve evidenciado en la desprotección cultural. Se ha señalado en ese sentido que es importante “motivar a la niñez, en la valoración de su idioma materno y su cultura, al mismo tiempo fomentar en ellos el conocimiento y aprecio de las demás culturas del país” (Roncal, 2007: 67). En efecto, al inculcarle a los/as niños/as el aprecio por su lengua y cultura vamos a tener en el futuro docentes, padres de familias y autoridades políticas y educativas orgullosos de su identidad cultural y conocedores y respetuosos de sus propias culturas (Quinn y Sandino, 2013). En esta región existe muy poco impulso al conocimiento sustancial de la herencia cultural. La historia negra no se enseña en las escuelas, aun cuando se ha evidenciado que la preservación de la lengua es invaluable para la continuidad de la cultura en el Caribe. De lo que se trata es de la negación de las lenguas habladas por aproximadamente 50.000 personas.

El olvido de la cultura y de la historia de estas comunidades se evidencia, también, en los programas educativos. El desarrollo de la historiografía nicaragüense en materia de historia de los y las afrodescendientes es muy incipiente. Alta Hooker directora de la Universidad URACCAN advierte en múltiples artículos que la discriminación racial y sus manifestaciones en las políticas públicas, en los medios de comunicación, en el distorsionamiento de la historia, en el blanqueamiento y la privación de derechos tiene un impacto de distorsión sobre el capital social y violenta los derechos de los pueblos de las regiones autónomas. Los textos escolares, en efecto, no registran documentación específica que reconstruya la historia de estas poblaciones, por el contrario, la mutilación de nuestra historia para quitar de por medio el componente africano resulta asombrosa (Euraque y García, 2013).

De esta manera, el patrimonio cultural de las comunidades afrodescendientes en Nicaragua se encuentra invisibilizado. La Costa Caribe de Nicaragua cuenta con un patrimonio cultural rico y exuberante, la variedad cultural se debe en gran medida a la multietnicidad y pluriculturalidad de los pueblos que se concentran en la región. Esto brinda un legado cultural nutrido, de allí la importancia de crear espacios que promuevan el rescate de sus tradiciones. Existen algunas iniciativas de revitalización de la cultura ancestral, pero no provienen del Estado sino que son fruto de la cooperación internacional.

3.  La paradoja de la pobreza en un país sin datos

La pobreza y el deliberado subdesarrollo de la región Caribe de Nicaragua llama poderosamente la atención cuando atendemos a sus riquezas naturales. En efecto, en esta región se aplica lo que Walter Rodney (1972) ha explicado respecto de otras partes del mundo: la existencia de espacios naturalmente ricos que son económicamente muy pobres y territorios que no disfrutan de la riqueza de la tierra y el sol, pero que disfrutan de los más altos niveles de vida. El sistema capitalista de los países del norte global generalmente explica esta paradoja como algo dado por Dios o por alguna fuerza sobrenatural. En ningún momento lo presenta como una realidad que es resultado de acciones sistémicas y deliberadas. Teniendo este supuesto como punto de partida, presentaremos a continuación algunos indicadores fundamentales para comprender los presupuestos de la situación de acceso al mercado laboral de las mujeres afrodescendientes.

En Nicaragua existen tres sectores productivos que conforman la economía del país y que son importantes para comprender el mercado laboral vigente: i. el sector primario, integrado por las actividades agropecuarias, caza y pesca; ii. el sector secundario, compuesto por actividades vinculadas a la explotación de minas y canteras, industria manufacturera y construcción; y iii. el sector terciario, compuesto por actividades de servicios, finanzas, transporte y otros.

Al mismo tiempo, el mercado laboral se compone de dos tipos de empleo: a) formal, el cual se caracteriza por la estabilidad en los ingresos (generalmente basado en un salario), el acceso a seguridad social, así como prestaciones sociales establecidas en la ley e b) informal, el cual se realiza en condiciones precarias, ausencia de seguridad social, de garantías de salario mínimo, sin decimotercer mes, vacaciones, descanso semanal, y, si son mujeres, no tienen la protección legal de descanso pre y post natal (Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, 2014: 14).

De acuerdo con información del fondo Objetivos de Desarrollo Sostenible, la pesca, la extracción maderera y la minería dan sustento a la economía de las regiones autónomas. Un número significativo de personas se dedica al trabajo calificado en las instituciones del Estado, y la empresa privada, y gracias a la riqueza ecológica y cultural en la zona en los últimos años se ha desarrollado una incipiente industria turística. Este es un abordaje de la población en general, porque para las mujeres del caribe nicaragüense, el panorama ocupacional es muy distinto.

De acuerdo con información recopilada por la asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, aunque las mujeres [caribeñas] han incrementado su participación en las actividades económicas de mercado, la información disponible que data del año 2006 indica que la economía de las ciudades de Bilwi y Bluefields se sustenta en actividades comerciales y de servicios. Los datos indican que de cada 100 mujeres que trabajan fuera de su casa, 93 de ellas lo hacen en el sector terciario (VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005). Teniendo en cuenta que no se registran informes recientes sobre las actividades y rubros de empleo en la costa caribe nicaragüense, podemos afirmar que existe un grave vacío de información que no permite analizar a profundidad la situación laboral actual de las mujeres afrodescendientes lo que abona otra de las barreras de acceso al mercado laboral que analizaremos más adelante.

La organización FUNIDES (2020) realizó una encuesta de panorama y proyecciones socioeconómicas y para esto elaboraron una serie de encuestas. Como se evidencia en el gráfico número 1, entre los hallazgos que resaltan esta la pregunta sobre el principal problema que tiene el país, una vasta mayoría de las personas respondió que la falta de empleo es la problemática más importante a nivel nacional, lo que indica también que el panorama es aún más difícil para las mujeres afro una barrera adicional por la escasez general de ofertas laborales.

Por otro lado, otro elemento importante que se debe abordar para entender la economía de subsistencia en la región es el de la migración y las remesas. Las remesas enviadas por las personas migrantes se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso. Las causas de la migración en la costa caribe nicaragüense son múltiples, pero al igual que el resto del país, la razón primordial del movimiento migratorio ocurre fundamentalmente por falta de empleo, salarios bajos y las condiciones laborales deprimidas. La mayor parte de las personas migrantes se desplazan en búsqueda de un mejor nivel de vida y de la posibilidad de salir de la pobreza. Las altas tasas de migración hacia la capital y al extranjero representan no solo un impacto socioeconómico fuerte para la región, sino una pérdida familiar, social cultural de proporciones incalculables.

Gráfico 1. Principal problema que tiene el país, 2020 (en porcentajes, septiembre de 2020)

Fuente: FUNIDES, Proyecciones socioeconómicas (2020: 6).

De acuerdo con estimaciones de la Agencia de Las Naciones Unidas Para Los Refugiados en adelante ACNUR, más de 108.000 personas de Nicaragua se han visto obligadas a abandonar el país desde 2018; tres cuartos de ellas han buscado protección en Costa Rica.

Nicaragua recibió 1.851,4 millones de dólares en remesas familiares el año pasado, un 10 por ciento más que en 2019, de los cuales 1.111, 2 millones de dólares provinieron desde los Estados Unidos, el principal origen. Le siguen las de España (14,7 por ciento), que desplazó del segundo lugar a Costa Rica (14,6 por ciento), que ahora es tercero (Banco central de Nicaragua, 2021). Existen indicios para creer que la mayoría de esas remesas proviene de mujeres.

La migración de mujeres es mayor a la de los hombres en Nicaragua. Las mujeres representan el 48 por ciento de las migraciones internacionales a nivel mundial y cada vez son más las que migran solas, incluso como jefas del hogar. Son cada vez mayores las cifras de mujeres que migran de manera independiente, lo que se conoce como “la feminización de la migración” (ACNUR, 2018). Este fenómeno es particularmente cercano a la realidad de las mujeres afrodescendientes, ya que como se comprobó en las entrevistas realizadas, la migración por trabajo en barcos de cruceros o para trabajar en la industria de los centros de llamadas (por la facilidad del idioma, ya que el dialecto creole se asemeja al inglés). La “feminización de la migración”, veremos, está fuertemente entrelazada con las barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral. La separación de las familias y la asignación de labores de cuidado y trabajo no remunerado a las familias extensas femeninas, que se vuelven cuidadoras de sus nietas/os, la crianza lejana, la responsabilidad reproductiva que recae sobre las mujeres, entre otros muchos elementos, hacen a las ocupaciones de las mujeres afrodescendientes de todas las edades en la región.

Retomando lo antes mencionado, no existen datos desagregados por regiones que posibiliten el análisis de los rubros de empleo de la Costa Caribe nicaragüense, de acuerdo con la información brindada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Esto implica que los acercamientos, presentes y futuros, para dar respuesta a problemáticas como la migración, la inequidad de género en el mercado laboral, la discriminación estructural de estos grupos carece de evidencias que permitan dimensionar cuáles son las causas para poder generar soluciones sostenibles. Por otro lado, también implica que se están brindandosoluciones generales a problemas particulares de estos grupos poblacionales, asumiendo que las problemáticas de las mujeres afrodescendientes son las mismas que enfrentan las mujeres del resto del país, sin tener en cuenta elementos diferenciadores que maximizan el estado de vulnerabilidad de estas minorías. En esa línea, se ha señalado que el desarrollo de información estadística en cantidad y calidad sobre personas afrodescendientes en la región es una deuda de los Estados de América Latina y el Caribe, que impide el avance de políticas públicas de igualdad, en particular las políticas de igualdad de género (CEPAL, 2018: 20).

En efecto, de acuerdo con informes de la CEPAL, Nicaragua es de los países que menos actualiza sus datos con respecto a las poblaciones afrodescendientes. Sus últimas actualizaciones en cuanto a población datan del 2005, lo cual advierte que las problemáticas específicas que viven las poblaciones en Nicaragua podrían pasar desapercibidas por la falta de producción de datos.

Como se muestra en la gráfica número 2, los datos proyectados por la CEPAL advierten que Nicaragua es el país de la región con la información más desactualizada sobre las poblaciones afrodescendientes y su participación en el mercado laboral. Esto es verdaderamente preocupante y desalentador pues advierte que si no se tiene conteo de estas personas, posiblemente sus políticas e iniciativas estatales sean insuficientes para suplir las necesidades de estas poblaciones.

En otro orden de ideas, Nicaragua es un Estado unitario e indivisible, lo que significa que el poder esta centralizado y se extiende a todo el país. Las comunidades de la Costa Caribe forman parte indisoluble del Estado unitario de acuerdo con el estatuto de autonomía de las regiones de la Costa Caribe de Nicaragua en su Artículo 2 que trata sobre pertenencia y ciudadanía de los habitantes de las comunidades. Aclarado esto, cabe resaltar que el nivel de abandono y el olvido estatal viola el estatuto de Estado unitario, puesto que dentro de las demandas de infraestructura vial y servicios básicos, históricamente han tenido un lugar secundario en la agenda estatal, lo que se evidencia en las condiciones precarias en las que viven sus habitantes. Abonado a esto, está la falta de la inversión pública de acuerdo con lo planteado en el estudio de caso extraído del programa “Revitalización cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe Nicaragüense” (Torres, 2012).

Asimismo, otra manera de medir el desarrollo del país que ha sido dejado de lado estratégicamente es a través del análisis de la empleabilidad. El gobierno de Nicaragua no publica encuestas de empleo, por lo que solo ha podido calcular el índice de desempleo por la cantidad de personas que dejaron de estar afiliadas al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (de ahora en adelante INNS).

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OITb, 2018), más del 60 por ciento de la población activa a nivel mundial, unos dos mil millones de personas, tiene un empleo informal. En Honduras, Guatemala y Nicaragua esta cifra es de alrededor de un 80 por ciento y aún es superior a ese registro en Bolivia. Según datos de FUNIDES, al desagregar la tasa por género, se observa que en 2018 se revirtió la tendencia de crecimiento en la Tasa Global de Participación laboral (TGP) para las mujeres. Las actividades que registraron la mayor contracción en el número de mujeres aseguradas fueron comercio, hoteles, restaurantes y servicios. Los hombres continúan representando la mayor cantidad y proporción de personas inscritas en el INSS (FUNIDES, 2019).

Gráfico 2. Proporción de población ocupada según condición étnico racial 2018 (en porcentajes)

Fuente: CEPAL, 2018, Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe Deudas de igualdad (CEPAL, 2018: 33).

Así, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en febrero de 2019, el número total de afiliados en Nicaragua se redujo en 16,6 por ciento. Lo cual advierte que la crisis de empleabilidad en el país se desarrolló antes de la pandemia y solo se ha agudizado con esta. La experiencia particular vivida por las mujeres afrodescendientes e indígenas, marcada por la intersección de las opresiones de género, clase y étnico-racial, se oculta en el contexto actual, tanto en las estadísticas oficiales de la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños como en gran parte de los estudios sobre mujeres producidos por institutos de investigación de la región (CEPAL, 2018). Esto se evidencia especialmente en el caso de Nicaragua, donde ninguno de los datos presentados muestra el impacto desagregado en las comunidades afrodescendientes, indígenas y de ninguna minoría poblacional del país.

4. La historia de Nicaragua se escribe de espaldas al Caribe

Existe un proverbio africano que reza: “hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador”. Al igual que la narrativa del cazador, la historia de Nicaragua se ha venido documentando desde una perspectiva euro-centrista, glorificando el proceso del mestizaje y la conquista española dejando de lado, no solo la historia, sino también los logros y acontecimientos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, en su conocida charla TED “El peligro de una historia única”, describe cómo los relatos sesgados pueden impactar negativamente a algunos grupos y regiones enteras. Al igual que la narrativa única sobre África”⁵, que reduce todo un continente a muchos animales exóticos, guerra, pobreza y personas muriendo de VIH e inanición. Al igual que el continente africano, el Caribe nicaragüense también carga con ese estigma de ser una única cosa cuando en la realidad es un conjunto de muchas culturas, contextos, retos e historia.

No existen muchos registros que cuenten la historia de Nicaragua desde la mirada Afro, pero como afirma Gudmundson (2010), durante la colonización, donde hubo españoles hubo también poblaciones africanas o afrodescendientes. Sin embargo, a los fines de nuestra investigación, nos interesa reponer algunos datos puntuales de la colonización española en Nicaragua, su independencia y, especialmente, su historia durante el siglo XX que es antesala de la realidad actual que abordamos en nuestro caso de estudio.

Desde los inicios de la historia documentada por los actores del poder hegemónico, hubo disputas por el territorio marcadas por mucha crueldad y un gran proceso de exterminio en la región centroamericana, lo que podría solo calificarse hoy como un holocausto indígena perpetrado por españoles. La historia escrita no detalla la llegada de las primeras poblaciones Afro al pacifico nicaragüense de la mano de Gil González Dávila. Convenientemente, no se habla de la llegada de poblaciones esclavizadas a América junto con la colonización (Cunningham, en entrevista).

En este periodo, la Costa Caribe nicaragüense era tierra de las comunidades que la habitaban, aunque según la historia escrita era ¨tierra de nadie¨. Inglaterra tomó un especial interés en la región por sus posibilidades de tráfico marítimo y comercio. Debido a esto y la riqueza que poseía la región, decidieron establecer una colonia británica en la zona de la mosquitia nombrando a un rey. La mosquitia pasó a reconocer al rey de Gran Bretaña como su soberano y absorbieron muchas costumbres inglesas que perduran hasta hoy. El protectorado era en realidad una práctica que había sido adoptada por la Gran Bretaña entre 1742 y 1786, en el marco de las disputas coloniales y las innumerables guerras libradas entre España y la Gran Bretaña por establecer un control definitivo en el Caribe (Ghotme, 2012).

Por su parte, los primeros indicios de independencia en el resto del país se iniciaron en León y Granada, después de un largo proceso de guerras. Nicaragua logró independizarse de España el 15 de septiembre de 1821, tras lo cual se registraron dos periodos de anexión. Primero a México y seguidamente, a la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América. La lucha entre conservadores de Granada y liberales de León fue parte fundamental del recorrido político nicaragüense del siglo XIX.

Ahora bien, durante la segunda mitad de este siglo, el territorio de la Mosquitia o Costa de los Mosquitos, pasó a ser considerada colonia inglesa hasta 1860 (Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, sf). En 1893 toma el mando del país José Santos Zelaya y durante su gobierno se anexó la mosquitia al resto del país por la fuerza, al ordenar el derrocamiento del rey mosquitio. Para esto decretó la ocupación militar de Bluefields en febrero de 1894 y la proclamación de la soberanía de Nicaragua sobre los pueblos y el territorio de la reserva de la Mosquitia. Esto fue llamado por los mestizos la “Reincorporación” (Hale, 1987). Es así como se logra incorporar la mosquitia al resto de Nicaragua rebautizándola como Zelaya, en honor al presidente. Cabe recordar que en esta región la cultura británica sigue viva en la actualidad, la religión morava y anglicana ambas protestantes, siguen siendo las más importantes en la región.

En el pacífico, por las próximas décadas, los partidos conservadores y liberales tendrían el mando del país. William Walker, de origen estadounidense llegó a ser presidente de la nación por un periodo corto entre 1855 y 1858. Esto no duró mucho porque la sed de conquista de Walker hizo que los Estados Unidos le retirara su apoyo y lo obligase a retirarse de estas tierras. Los liberales retomaron al poder a partir de 1912. Nicaragua cayó entonces bajo la dependencia de Estados Unidos, que instaló sus tropas en el territorio. Es en este periodo que entra a jugar un papel importante Augusto Nicolás Calderón Sandino, quien logra posicionarse en la historia de Nicaragua por organizar ejércitos de civiles para combatir la invasión americana, aunque el recuerdo colectivo de la Costa Caribe lo recuerda como un bandolero que saqueaba las tierras indígenas del Caribe.

En 1933 se retiran las tropas estadounidenses dejando el país a merced del general Anastasio Somoza García, jefe de la guardia nacional desde el año 1932. En 1934, Augusto César Sandino, jefe de los guerrilleros fue asesinado mientras participaba de negociaciones por la paz con Somoza, quien se autoproclamó presidente en 1936 e impuso al país su dictadura hasta su asesinato en 1956. Su hijo Luis Somoza tomó el poder por un periodo breve y terminó muriendo de un ataque al corazón. En el año 1967 Anastasio (Tachito) Somoza Debayle, el hijo más joven del antiguo dictador, fue elegido presidente y estableció un régimen autoritario y cruel. Con la ayuda de la Guardia Nacional reprimió de manera déspota cualquier oposición política a su gobierno. Este periodo también marcó la historia nicaragüense ya que dió inicio a la oposición del Frente Sandinista de Liberación Nacional (en adelante FSLN), grupo guerrillero formado en 1962 y llamado así en memoria de Augusto C. Sandino, héroe de la resistencia nicaragüense contra la ocupación norteamericana.

La revolución popular sandinista se propagó a casi todos los rincones del país, en respuesta a la dictadura de Somoza. Sus tácticas guerrilleras, inspiradas en las que practicó Fidel Castro en Cuba, desencadenaron brutales y sangrientas represalias por parte de la Guardia Nacional de Somoza. Durante la dictadura somocista, serían responsables de actos de tortura, represión y fallecimientos de figuras ilustres como el periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro. Los enfrentamientos entre los sandinistas y el ejército continuaron hasta 1979. Cabe mencionar que en este periodo se dieron múltiples visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las atrocidades perpetradas por el gobierno de Somoza durante este periodo de guerra.

La lucha se intensifico aún más después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro y en julio de 1979 la revolución popular sandinista logró derrocar por las armas a Anastasio Somoza Debayle, el cual terminaría siendo asesinado en Paraguay el siguiente año. El nuevo liderazgo de la junta revolucionaria sandinista formó un Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante una junta. Ya que no se tenía claro quién sería la cabeza.

En el periodo de gobierno del FSLN en los ochenta se lograron algunos avances en materia de derechos educativos. Uno de los más importantes fue el proceso de alfabetización que permitió reducir el índice de analfabetismo que era superior al 50 por ciento del país y se redujo a 13 por ciento. La Costa Caribe nicaragüense se benefició tardíamente de este proceso. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, el 30 de septiembre de 1980, mismo año que la alfabetización culminó en el resto del país, comenzó la alfabetización en Ingles, Misquito y Sumo. Aun siendo una de las regiones con mayor índice de analfabetismo, esta fue de las últimas en recibir el programa, lo cual evidenció las prioridades estatales desde ese entonces. El trabajo de alfabetización fue continuado hasta 1990. Esta labor obtuvo el reconocimiento de la UNESCO en 1981 por sus avances en el reconocimiento de derecho humano a la educación.

Por otro lado, con la intención de establecer una sociedad más democrática y conseguir apoyo internacional, el gobierno sandinista y los principales partidos políticos llegaron a un consenso sobre la urgencia de redactar una nueva constitución que garantizara el pluralismo y los derechos civiles. Es así como se forma la Comisión Especial Constitucional integrada por 22 miembros que representaban a todas las facciones políticas para redactar una nueva carta fundamental en el país.

El 9 de enero de 1987, la Asamblea Nacional de Nicaragua, culminó su labor constituyente, con la aprobación de la nueva “constitución política”, que fue promulgada por el presidente de la República ese mismo día, frente al pueblo reunido multitudinariamente para celebrar el magno acontecimiento Esta constitución sigue vigente con sus reformas de 1995, 2000 y 2014. En ella se reconocen las distintas formas de propiedad, la participación de las organizaciones sociales del país y la identidad y formas de organización de los y las indígenas y afrodescendientes.

Luego del triunfo sandinista, surgió un movimiento contra revolucionario financiado por Estados Unidos bajo la administración de Ronald Regan. Esta guerra civil duró toda la década de los ochenta al mismo tiempo que el país sufría un bloqueo económico para forzar la caída de la revolución sandinista. En el año 1990 se llamó a elecciones y ganó la primera presidenta mujer de América, Violeta Barrios De Chamorro, con el partido Unión Nacional Opositora. Con la presidencia de Barrios empiezan 15 años de gobiernos de corte liberal y de centro derecha, con los presidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, ambos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Por su parte Daniel Ortega, líder del partido FSLN logra volver al poder a través de comicios en 2006.

Ya durante este gobierno del FSLN se desata una nueva crisis institucional que representa una ruptura sin precedentes entre la ciudadanía y el orden político existente. Esta crisis socio política se inició en 2018, con la aprobación de una impopular reforma en el seguro social. Pedro Joaquín Chamorro, periodista exiliado, describe el estallido de abril de 2018 como el inicio de una rebelión cívica espontánea y explica su salida como una consecuencia del hostigamiento al que han sido sometidos todos los críticos del gobierno, incluidas organizaciones de derechos humanos y prensa independiente.

Muchos fueron los factores que atizaron el descontento. Uno de ellos fue la aprobación de la reelección indefinida mediante reforma constitucional en 2014, ante un amplio descontento de la población nicaragüense. La oposición y sectores de la sociedad civil, como el Episcopado, expresaron su rechazo por considerar que la reforma tenía un carácter autoritario. La censura de los canales de televisión y de radio más importantes del país por parte de la familia presidencial, como la negación de personería jurídica y expulsión de organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos, se sumaron a este descontento. “Lo que está pasando en Nicaragua es una explosión social. Son protestas con mucha violencia y mucha censura”, dijo a la Voz de América, el presidente ejecutivo de 100% Noticias, Miguel Mora.

Otro hecho que alimentó el estallido social de abril de 2018 fue la quema de la reserva Indio Maíz. Dos semanas antes de los sucesos se inició el incendio de la segunda reserva natural más importante de Nicaragua. Si bien desde que se tomó conocimiento del incendio diferentes instituciones y el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) pidieron al gobierno que se declarara en emergencia ambiental la reserva, este tardó cuatro días en responder declarando alerta amarilla cuando el incendio había arrasado ya con más de 3.000 hectáreas.

Estos son solo algunos de las múltiples causales que incitaron a la población a protestar de manera masiva y sin precedentes, con más de medio millón de personas en las calles exigiendo la renuncia del presidente, la destitución de funcionarios públicos y la reforma a la policía nacional. Las manifestaciones comenzaron en abril de 2018 y se extendieron rápidamente a todo el país, en respuesta el gobierno optó por la violencia, mediante represión por parte de la policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados. Esto dejó un saldo de 325 muertes, en su mayoría jóvenes, más de 700 detenciones arbitrarias, de las cuales aun después de negociaciones y firma de acuerdos de liberación con el gobierno de Ortega-Murillo más de 3 años después, 130 personas siguen encarceladas como presas/os políticos según informes de la CIDH.

Las cifras, tanto oficiales como independientes, revelan la magnitud del impacto de esta crisis en el país con mayor pobreza de América Central: más de 453.000 empleos perdidos, sobre 1.500 millones de dólares de depósitos bancarios retirados y al menos dos de los 6,3 millones de habitantes retornando a la pobreza desde abril de 2018 (Silva, 2019). El sociólogo y economista Cirilo Otero, del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA), en entrevista a medios advirtió que el gobierno ha respondido aumentando los impuestos y gravando las importaciones y las producciones de la industria local. ¿Qué ocurre? Las empresas reaccionan frenando las inversiones, despidiendo personal para enfrentar la demanda de impuestos y encareciendo los productos, con lo cual la gente tiene dos opciones: “o compra menos o gasta más” (Silva, 2019). Otra consecuencia ha sido la migración masiva y la fuga de cerebros, ya que más de 100.000 personas fueron forzadas a huir de Nicaragua tras tres años de crisis política y social según cifras del ACNUR del 2021.

Aun con la condena de la comunidad internacional que ha instado al gobierno de Nicaragua a retomar las vías democráticas y cesar la represión y violación a los derechos humanos. Amnistía Internacional denunció que la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora. El gobierno ha seguido en estas violaciones mediante la manipulación de las vías legales. Entre otros mecanismos se destaca la sanción de la ley especial de ciberdelitos, conocida popularmente como “ley mordaza”. Según el gremio periodístico independiente, esta norma amenaza la libertad de prensa, criminaliza al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas, que hasta el momento han sido el único medio de protesta que tienen las personas nicaragüenses después que la Policía Nacional declarara que las manifestaciones públicas ahora son ilegales en Nicaragua, violando el derecho humano y constitucional a la protesta. También se considera desobediencia civil portar la bandera azul y blanco del país en las vías públicas, lo cual es penado con cárcel. La organización Internacional Raza e Igualdad (2021) reportó sobre el caso del maratonista José Alejandro Vanegas Potoy, conocido como Alex Vanegas, encarcelado de forma reiterada por el gobierno por correr en las calles portando la bandera nacional.

La nueva fase represiva por parte del gobierno de Daniel Ortega se está enfocando en los aspirantes a la presidencia nicaragüense. En junio del 2021, la policía nacional con apoyo del gobierno presentó cargos fiscales contra Cristiana Chamorro, una de las pre candidatas presidenciales, por presunto lavado de dinero debido a supuestas inconsistencias en los reportes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización promotora de la libertad de expresión que dirigió entre 2015 y 2019 antes que la ONG tuviera que cerrar sus puertas por falta de personería jurídica negada por el Estado.

Múltiples organismos, personas expertas, e incluso la propia Chamorro, expresaron que estas acusaciones son una muestra de que el gobierno no aceptaba competencia ante los comicios programados para noviembre de 2021, ya que el fiscal que lleva el caso hizo un llamado a que Chamorro sea inelegible para ocupar ningún puesto público. En días siguientes fue encarcelada por orden de una jueza y sin seguimiento del debido proceso, y en la siguiente semana fueron apresados los/as demás precandidatos/as, además de líderes y lideresas sociales y políticos, banqueros y empresarios del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB). Todo estos por presuntamente realizar actos contra la soberanía, terrorismo, aplaudir sanciones y actos que menoscaban la independencia, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares.

Es evidente que esta crisis como toda crisis sociopolítica golpea más fuerte a las personas más vulnerables, la situación sociopolítica Nicaragua solo ha expandido las brechas de desigualdad y pobreza para las mujeres afrodescendientes. Un país que no cuenta con sistema libre y democrático, apegado a la ley y que garantice justicias y libertad de expresión a su ciudadanía no puede proveer garantía de derechos para nadie y mucho menos para los grupos históricamente vulnerados ya que sin democracia no hay derechos humanos, así de simple.

A modo de conclusión de este capítulo, como se logra evidenciar, la historia reciente del país ha estado marcada por crisis sociales, políticas e institucionales que no han dado espacio para el logro de desarrollo y la promoción de Derechos Humanos en Nicaragua. Este recuento del panorama regional y nacional de la situación de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe, mediante un acercamiento breve a la historia del país, evidencia la enorme necesidad de una mirada más cercana e interseccional a grupos vulnerables como lo son las mujeres afro, desde el análisis no solo de las problemáticas sino también de las leyes y el cumplimiento de estas. Ante la situación que enfrenta el país, los grupos invisibilizados en las estadísticas nacionales tienden a ser los más impactados por la pobreza y el desamparo estatal.

Capítulo 2
Nada para nosotras sin nosotras: un acercamiento al marco normativo Afrodescendiente en Nicaragua

El racismo es tan universal en este país, tan extendido y arraigado, que es invisible porque es tan normal.

Shirley Chisholm

Las herramientas normativas que protegen a las mujeres afrodescendientes de la discriminación y luchan contra las demás barreras que obstruyen su derecho a participar plenamente del mercado de trabajo son numerosas y robustas. En este capítulo se presentan de manera resumida las principales normativas que establecen los derechos políticos de las mujeres afrodescendientes en esta triple convergencia de género, raza y acceso equitativo al mercado laboral. Es necesario comprender las oblaciones de los Estados y en especial el cumplimiento dichas normativas por de este, a fin de garantizar y exigir el debido cumplimiento de las normas. Así mismo abordaremos brevemente el impacto negativo que tienen los estereotipos en la legislación, y la necesidad de abordarlos en materia de derechos ya que perpetúan sistemas racistas y misóginos. Por último, se presenta un abordaje de algunas leyes creadas para promover la equidad de género y se analiza si se ajustan o no a la condición diferenciada de las mujeres afro del país.

1. La protección de las mujeres afrodescendientes en el sistema universal y regional

El principio de igualdad y no discriminación forma parte de la mayoría de los tratados e instrumentos internacionales. El primer instrumento de referencia obligatoria es La carta de Las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y suscrita por Nicaragua en ese mismo acto y ratificada el 6 de septiembre de 1945. En su artículo 1 insta a la “cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”, recogiendo la misma fórmula de no discriminación por estos motivos en el artículo 13, 55 y 76.

En el mismo sentido se erige la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París y ratificada por Nicaragua en el año 1970. Este documento marca un hito en los derechos humanos a nivel mundial, ya que reconoce la dignidad e igualdad de derechos de todos los seres de la familia humana. Por su intermedio se establecen los principios básicos de igualdad entre hombres y mujeres, al igual que los principios de trato igualitario y derecho a una vida digna, que implica entre otras cosas el acceso libre e igualitario al trabajo. En el artículo 1 se establece el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y en su artículo 2 se proclama el principio de igualdad sin distinción de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Por su parte, en el artículo 7 se describe el principio de no discriminación: “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” y en el 23 se establecen ciertos principios relativos al acceso al trabajo, incluyendo que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Asimismo, el derecho a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure al trabajador/a, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Por último, se prevé que toda persona pueda fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.

Por su parte, La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 y ratificada por Nicaragua en 1981, establece los principios de no discriminación y protección de las mujeres, y propone un plan de acción a nivel nacional para alcanzar la equidad de género al proveer los insumos necesarios para lograr la plena participación en la vida tanto pública como política, además de garantizar el derecho y acceso a la, salud, la educación, el empleo, entre otros derechos. Cabe destacar que es el único tratado de derechos humanos que reconoce de manera directa los derechos reproductivos de las mujeres, lo cual es importante en lo relativo a las barreras que enfrentan las mujeres en su labor reproductiva y de cuidado que impactan en la participación equitativa en el mercado laboral nicaragüense.

Así, en el artículo 11 se plasman las medidas de base para eliminar la discriminación de la mujer en el empleo, planteando que los Estados Parte deben tomar las medidas apropiadas para “eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, y enumera en particular a) el derecho al trabajo; b) a las mismas oportunidades de empleo, “inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; c) a elegir libremente profesión y empleo, al ascenso, estabilidad y a todas las prestaciones, así como el derecho a la formación profesional y al readiestramiento; d) a igual remuneración, prestaciones, y trato con por trabajo de igual valor; e) a la seguridad social y vacaciones pagadas; y f) a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, “incluso la salvaguardia de la función de reproducción”.

Es importante también mencionar las recomendaciones generales Nº 16,17 y 20 del Comité Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ya que son relevantes para analizar los niveles de cumplimiento del Estado de Nicaragua. En efecto, la comisión hizo observaciones generales sobre la situación de las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares, rurales y urbanas, la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto. La comisión advirtió de un alto porcentaje de mujeres que trabajan sin remuneración ni seguridad ni prestaciones sociales en empresas que suelen ser de propiedad de un varón de la familia. También reconoció que la necesidad de medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer contribuye al desarrollo de cada país y que ayuda a poner de manifiesto la función económica que desempeña de hecho la mujer.

Las recomendaciones del Comité instan a que los Estados parte tomen las medidas necesarias para garantizar remuneración, seguridad y prestaciones sociales a las mujeres que trabajan sin percibir tales prestaciones en empresas de propiedad de un familiar. También enfatizan la necesidad de apoyar las investigaciones y los estudios experimentales destinados a medir y valorar el trabajo doméstico no remunerado de la mujer, por ejemplo, realizando encuestas sobre el empleo del tiempo como parte de sus programas de encuestas nacionales sobre los hogares y reuniendo datos estadísticos desglosados por sexo, relativos al tiempo empleado en actividades en el hogar y en el mercado de trabajo. Todo esto, como mencionamos en el primer capítulo, es incumplido por el Estado de Nicaragua. Por último, El Comité solicita que los Estados informen sobre los riesgos particulares de violencia para las mujeres de las zonas rurales, la amplitud y la índole de la violencia, y los malos tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios, la posibilidad de conseguirlos, y acerca de la eficacia de las medidas para superar la violencia.

Sobre este particular la CEPAL (2021) ha advertido muy recientemente de la situación de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres afrodescendientes por la alta carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados asumida por ellas (especialmente en el marco de la pandemia por COVID-19), que se ha convertido en una mayor dificultad en su inserción laboral y, por ende, en su autonomía económica. Al mismo tiempo ha señalado que esto limita la calidad de los empleos y ocupaciones en que se concentran, y que son vistos como una proyección en el mercado de las tradicionales tareas de cuidado, como también su exposición a la violencia.

Otro instrumento de suma relevancia para esta investigación es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y ratificada por Nicaragua el 15 de febrero de 1978. Esta tiene como propósito instar a los países a adoptar todas las medidas de eliminación del racismo y la discriminación con el fin de promover el entendimiento entre las razas y construir una sociedad internacional libre de segregación. En su artículo primero brinda una definición de discriminación racial valiosa para nuestro estudio:  

En la presente Convención la expresión “discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

De la misma manera que resaltamos la importancia de las Recomendaciones Generales del Comité para la Discriminación contra la Mujer, es imperativo detenernos en las recomendaciones del comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Cabe resaltar dos en particular, la Recomendación General Nº 25, relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género y la N.º 34 aprobada por el Comité de Discriminación racial contra afrodescendientes. En la primera se hace énfasis en su inciso II en las formas de discriminación racial incluidas, pero no limitadas, al abuso de trabajadoras en el sector no estructurado o de empleadas domésticas. También hace referencia a prejuicios raciales de género, tanto en el trato como en el ordenamiento jurídico, y cómo esto representa una barrera para acceder a la justicia. Además la comisión advierte de la falta de remedios y mecanismos de denuncia de la discriminación por razones de sexo.

En el inciso V recomienda “concebir y aplicar medidas destinadas a poner fin a la discriminación racial”, y “tener en cuenta, en todos los programas y proyectos previstos y llevados a cabo y en todas las medidas adoptadas, la situación de las mujeres afrodescendientes, que a menudo son víctimas de múltiples discriminaciones”, así también como recomienda “incluir en todos los informes al Comité datos sobre las medidas adoptadas para aplicar la Convención, que aborden específicamente la discriminación racial contra las mujeres afrodescendientes”.

La Recomendación General Nº 34, aprobada por el Comité de Discriminación racial contra afrodescendientes, reconoce en su inciso 4 que el racismo y la discriminación racial contra los afrodescendientes se expresa en muchas formas, entre otras estructurales y culturales, y que dichas comunidades tienen derecho a su identidad cultural y a mantener, salvaguardar y promover su modo de vida y sus formas de organización, cultura, idiomas y expresiones religiosas. También enfatiza la necesidad de “eliminar todos los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes, especialmente en las esferas de la educación, la vivienda, el empleo y la salud, erradicar la pobreza y combatir la exclusión”. Asimismo, recomienda “adoptar planes y programas de desarrollo económico y social en condiciones de no discriminación, proyectos de desarrollo o de asistencia que apoyan se tenga en cuenta la situación económica y social de los afrodescendientes”, como también “asegurar el acceso a la salud y a la seguridad social y crear oportunidades de empoderamiento afrodescendiente”.

En cuanto al empleo de estas poblaciones, recomienda adoptar leyes que prohíban la discriminación en el empleo y todas las prácticas discriminatorias en el mercado de trabajo que afectan a los afrodescendientes, o dar mayor efectividad a estas leyes, y proteger a estas personas contra todas esas prácticas. También recomienda tomar medidas especiales para fomentar el empleo de afrodescendientes en la administración pública, así como en la empresa privada. De la misma manera, destaca la importancia de concebir y aplicar políticas y proyectos destinados a evitar la segregación de los afrodescendientes en la vivienda, y hacer que las comunidades de afrodescendientes participen en proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de viviendas.

Otro documento de central importancia en esta investigación es la Declaración y Programa de Acción de Durban Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas, aprobada en Durban, Sudáfrica en el año 2001. Esta es una de las más importantes para las comunidades afrodescendientes y de la diáspora a nivel mundial, ya que se elaboró con el objetivo de proponer normas e instrumentos internacionales para erradicar el racismo y la lucha contra la intolerancia. En su inciso 31, se enuncia la profunda preocupación por los indicadores en esferas como la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la mortalidad infantil y la esperanza de vida de muchos pueblos, porque revelan una situación de desventaja que se profundiza por la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

En materia de derechos de las mujeres afrodescendientes en el ámbito social y laboral identificamos el reconocimiento de necesidades específicas a las formas de ejercicio de estos derechos que nos interesan en particular: i) el reconocimiento de que los y las afrodescendientes “han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos”, y la afirmación de que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo; ii) el reconocimiento de la necesidad de integrar “una perspectiva de género en las pertinentes políticas, estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación”; iii) el reconocimiento de “la necesidad de integrar una perspectiva de género en las pertinentes políticas, estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de discriminación y finalmente iv) el reconocimiento de la “necesidad de elaborar un enfoque más coherente y sistemático para evaluar y vigilar la discriminación racial contra las mujeres, así como las desventajas, obstáculos y dificultades a que hacen frente las mujeres para el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

Por otra parte, cabe mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Nicaragua el 8 de enero de 1980. Este instrumento prevé algunos elementos importantes para contextualizar las barreras en el acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres afrodescendientes en Nicaragua. En el artículo 7, por ejemplo, se reconoce el derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas en donde se garantice un salario equitativo y justo sin distinción alguna, desarrollo digno de la persona y de su familia, condiciones higiénicas en su trabajo y horas de trabajo así como beneficios apegados a la ley, entre otras disposiciones.

En el mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en San José de Costa Rica en 1969 y ratificada por Nicaragua en 1979, establece numerosas disposiciones que conciernen a los derechos y al colectivo involucrados en esta investigación. Entre otras, su artículo 1, que obliga a los Estados miembros a respetar los derechos y libertades reconocidos “sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Declama en su artículo 26 el principio de desarrollo progresivo de las “normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura”, además de regular las atribuciones y competencia de la Comisión y la Corte IDH. Es importante destacar La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incluye el Protocolo de San Salvador ratificado por Nicaragua en el año 2009. En su artículo 6 se establece el compromiso de los Estados en la creación de programas orientados a las familias con el fin de que las mujeres tengan la oportunidad de ejercer su derecho al trabajo de manera digna y equitativa.

La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, no fue ratificada por el Estado de Nicaragua. Sin embargo, es relevante que en este documento se retoman los compromisos de la Convención Universal adaptados a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en el reiterado trabajo de erradicación del racismo, la discriminación y de toda forma de intolerancia en la región, bajo la convicción de que tales actitudes discriminatorias representan la negación de valores universales y derechos fundamentales. En su artículo I se reconoce una premisa integral para la comprensión de las barreras de acceso al mercado laboral de las mujeres afrodescendientes, como ser la discriminación indirecta y se la define como: “la discriminación que se produce en la esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico…”. También establece que el racismo consiste en “cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial”.

Por otro lado, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belém Do Pará”, sancionada en Brasil en el año 1994 y ratificada por Nicaragua en el año 1995, marca otro hito en el reconocimiento y protección de los derechos de la mujer, pues sus artículos hacen directa referencia a mecanismos de protección en todos los ámbitos de la sociedad, incluidos el ámbito laboral. Es relevante destacar que en su artículo 1 se define como violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, lo que incluye, por tanto, la violencia en el ámbito laboral. Por su parte, en el artículo 9 se destaca que “los Estados Parte tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada” y que se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 también hace aportes importantes en materia de derechos humanos, aunque no hagan referencia directa a las mujeres afrodescendientes, ya que logran establecer acuerdos para promover los objetivos “de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad, tomando en cuenta la diversidad de mujeres, sus intersecciones y circunstancias”. Este documento representa una guía política internacional para la promoción de la equidad de género.

Por último, cabe destacar algunas normativas emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que atañen a nuestro objeto de estudio. En primer lugar, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, que entró en vigor en 1991 y fue ratificado por Nicaragua el 25 agosto de 2010. Este instrumento tiene como objetivo proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Este es un tratado importante en la reivindicación de derechos de poblaciones tribales afrodescendientes, ya que es el único instrumento internacional legal y vinculante y, por ende, de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de las Naciones Unidas, que aborda los derechos propios de estos pueblos (Ramírez, 2018: 238). En sus artículos 1 y 31 establece que el convenio y sus estatutos de protección son aplicables a los pueblos tribales cuyas costumbres tengan legislación especial, como efectivamente, es el caso de las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. También se establece que estos pueblos tribales deberán gozar de sus derechos y libertades fundamentales sin distinción entre hombres y mujeres.

Otro Convenio relevante para nuestro tema es el N° 111, sobre la discriminación en el empleo y el lugar de trabajo, de 1958, ratificado por Nicaragua en 1967. En él se define a la discriminación, como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”; y hace un aporte innovador en el inciso 3 del artículo primero, al establecer que los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional, la admisión en el empleo y las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. Es de mencionarse que este convenio es de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados por el simple hecho de formar parte de la OIT, sin importar que los Estados hayan ratificado los convenios o no y para esto existen mecanismos de control de cumplimiento.

Por su parte, el Convenio 190 sobre la violencia y el laboral del año 2019, también es de interés para nuestro caso de estudio. Hasta el momento de la elaboración de esta tesis este Convenio no ha sido ratificado por Nicaragua. En el artículo 6 establece que todo Estado miembro deberá adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo “a las trabajadoras, así como a los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables, o a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”. Entre estos grupos vulnerables reconocidos, están las mujeres afrodescendientes.

También es relevante el Convenio N° 122, del año 1964, sobre la política del empleo, ratificado por Nicaragua en 1981. En su artículo primero se destaca el rol del Estado en la estimulación y el desarrollo del nivel de vida al resolver el problema de desempleo y subempleo. Se postula el deber estatal de garantizar que cada persona sea libre para escoger el empleo y la formación necesaria para desempeñarlo, sin que se tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, opinión política, procedencia nacional u origen social.

Cabe recordar que cuando un país ratifica un Convenio de la OIT, tiene la obligación de presentar cada tres años memorias regulares sobre las medidas que ha adoptado para aplicarlo. la OIT establece exámenes de aplicación de las normas y a través de la Comisión de Expertos, se establecen recomendaciones. Nicaragua esta entre los países que ha presentado memorias.

Por último, es de interés la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 109 reunión de 2020. En su documento titulado “Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante” hace expresa referencia a la discriminación por una combinación de motivos, y subraya el impacto de la “discriminación interseccional” o de los “múltiples motivos de discriminación” de las mujeres con discapacidad. Allí utilizan el caso en que una mujer con una discapacidad pertenece asimismo a uno o más grupos desfavorecidos o marginados, las barreras discriminatorias a las que se enfrenta al acceder al empleo, permanecer en él o progresar profesionalmente se ven agravadas. Esto es fácilmente aplicable al contexto de las mujeres afrodescendientes en Nicaragua, aunque en este documento no se aborda desde esta perspectiva.

Este último y actualizado enfoque utilizado por la OIT es de especial importancia, ya que los exámenes de la OIT están considerando la existencia de múltiples factores que pueden representar en barreras en el acceso y permanencia en el mercado laboral, enfoque que proponemos aplicar en esta investigación. En el mismo sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones CEACR en sus comentarios para celebrar el 50.º aniversario de la adopción del Convenio N° 111, también hizo énfasis en el fenómeno de la discriminación interseccional, observando que “en muchos casos la discriminación en el empleo y la ocupación no se limita a la discriminación basada en un solo motivo”. Se planteó como ejemplo que la discriminación basada en el sexo a menudo interactúa con otras formas de discriminación o desigualdad por motivos de raza, ascendencia nacional, religión o incluso edad, condición de migrante, discapacidad o estado de salud.

En síntesis, en este primer apartado hemos reseñado la principal normativa de los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos que se aplican al caso de estudio. Nos concentramos en aquellas disposiciones que hablan tanto de la discriminación en general como de aquella fundada en motivos de género y raza. También prestamos especial atención a la normativa relativa al empleo y, finalmente, presentamos los acercamientos que desde la OIT se han venido realizando en la materia. A continuación nos enfocaremos en la normativa local que refiere a estos mismos puntos.

2. La normativa nicaragüense: del papel a la realidad hay un largo trecho por cumplir

La Constitución de la República de Nicaragua fue aprobada por la Asamblea Nacional con funciones constituyentes el 19 de noviembre de 1986. Su última reforma data del año 2014. La Constitución política nicaragüense hace referencia a las mujeres, y sus deberes y derechos políticos en el artículo 48, en donde se establece el principio de igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Por su parte, en el artículo 73 establece lineamientos sobre las responsabilidades familiares y decreta que las relaciones familiares descansan en la igualdad absoluta entre hombres y mujeres.

En el artículo 27 se introduce el principio de igualdad ante la ley se establece que todas las personas tienen derecho a igual protección, y que no habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social. La Constitución de Nicaragua también hace referencia a la protección especial del proceso de reproducción humana en el artículo 74,⁶ y se marcan lineamientos de protección a mujeres embarazadas en donde no se le podrá negar empleo ni despedirlas por razones de embarazo.

Con respecto a las personas afrodescendientes, la Constitución, en su artículo 5 titulado “Principios del Estado nicaragüense”, reconoce el respeto a la dignidad humana y el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes con su propia identidad dentro del Estado unitario e indivisible. También se hace énfasis en la solidaridad entre las y los nicaragüenses como un accionar común que conlleve a abolir prácticas excluyentes, que favorezca a los más empobrecidos, desfavorecidos y marginados. La Constitución reconoce explícitamente en este artículo “la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales”. También habla de “mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute”.

Por último, en este mismo artículo se destaca el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y el respeto a las culturas y la identidad nicaragüense. Cabe recalcar que en el mismo articulado se mencionan los valores cristianos y socialistas, aunque en la misma en constitución se habla de pluralismo político y en el artículo 14 se establece que no existe una religión oficial.

En la constitución también se hace referencia al Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, Ley 28, Aprobada el 2 de septiembre de 1987. Esta ley establece el Régimen de Autonomía de las Regiones en donde habitan las Comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política. Esta ley es el aval de autonomía que se tiene en la región de la costa y es en donde se describen los derechos aplicables a las regiones objeto de nuestro estudio.

En relación específicamente al empleo, como parte de los derechos sociales la Constitución establece en su artículo 57 que los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana. También se establece que las personas que trabajan tienen derecho a igualdad de condiciones, sin discriminación alguna, y que se garantiza la protección social y la igualdad de condiciones cuando se presenten oportunidades de ser promovido/a. Por su parte, el artículo 86 establece que todo nicaragüense tiene derecho a “elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un lugar de trabajo, sin más requisitos que el título académico y que cumpla una función social”. Entre otros, se incluyen también el derecho a la protección contra el hambre (artículo 63), el derecho a la vivienda digna (artículo 64), el derecho a la información verás (artículo 66) y el derecho a construir una familia (artículo 71).

Ahora bien, Nicaragua al igual que muchos otros países de la región latinoamericana, cuenta con leyes muy completas y ha cumplido con ratificar la mayoría de los convenios y tratados Internacionales y regionales. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Para evidenciarlo, incluimos las principales normativas nacionales en materia de equidad de género.

En primer lugar, se destaca la Ley 648 de Igualdad de Derechos y Oportunidades, aprobada el 14 de febrero del año 2008. Esta tiene como objetivo promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres. En ella solo se menciona directamente a las poblaciones afro una vez, en el artículo 25, donde se plantean planes y la necesidad de presupuesto para la creación de políticas del Ministerio de Salud en las regiones autónomas. Conociendo la situación de desprotección y desigualdad estructural de las mujeres afro, el no designar un acápite para garantizar oportunidades diferenciadas para estas mujeres, evidencia que las problemáticas que las impactan no son prioridad para el Estado.

Ley 717, creadora del fondo para compra de tierras con equidad de género para Mujeres Rurales, fue aprobada el 5 de mayo de 2010. Tiene como fin principal el de crear un fondo para la compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales. También pretende promover el empoderamiento de la mujer en el sector rural al ser propietarias de un medio de producción. La ley, en teoría, representa una apuesta para la reivindicación de derechos de las mujeres en Nicaragua, incluidas las mujeres afrodescendientes, pero la realidad es que múltiples organizaciones feministas además de personas entrevistadas para esta tesis, afirman que la ley es desconocida por la mayoría de la población.

“A años de su publicación, gran parte de la población ignora su existencia, al igual que las luchas de agrupaciones de mujeres rurales, quienes exigen su cumplimiento a cabalidad” (Villavicencio, 2016). Otra vez, si recordamos la fuerte conexión de las mujeres afrodescendientes con su tierra, esta ley no hace ninguna mención diferenciada para incluirlas, a sabiendas que sus realidades distan muchísimo de las vivencias de las mujeres rurales del resto del país. Abonado al hecho de que las regiones autónomas tienen leyes diferenciadas en cuanto al acceso a tierras, en esta ley no se dan luces sobre esta situación particular, proporcionando otra vez soluciones generales a los problemas particulares de estas mujeres.⁷ Por otro lado, se ha denunciado que la ley asume que todas las mujeres rurales son amas de casa, dedicadas a la vida agrícola. El plan no contempla a las mujeres que se dedican a otras labores.

Por su parte, es de relevancia la Ley 718, de protección a las familias en las que hay embarazos y partos múltiples, publicada el 14 de junio de 2010. Su objetivo es brindar protección especial a las familias en las que haya embarazos y partos múltiples, de escasos recursos económicos, sean estas monoparentales o biparentales. En su artículo 5 se establece que el Estado procurará brindar una vivienda digna o parcela de terreno a la madre de parto múltiple y los hijos producto de este. También ser ordena que el Estado fomentará el desarrollo laboral de la madre que permita garantizar su independencia económica y la sostenibilidad de la familia parto. Sobre esto, algunos informantes clave que fueron entrevistados afirman que la ley 718 es otra de las tantas leyes del país que quedaron en papel, ya que estos programas no se han ejecutado en la Costa Caribe nicaragüense ni el resto del país.

La Ley 757, de trato digno y equitativo a pueblos indígenas y afrodescendientes: fue publicada el 26 de mayo 2011. Esta tiene como propósito regular y garantizar el trato justo e igualitario en el acceso al trabajo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe y Alto Wangki de Nicaragua. Esta ley es de particular interés para esta tesis ya que establece lineamientos enfocados en la producción de empleos para personas afrodescendientes. En el artículo 4 se establecen los siguientes objetivos: a) promover, facilitar y garantizar la integración de la población indígena y afrodescendiente de las Regiones Autónomas y Alto Wangki y los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, a cargos públicos y administrativos de todos los niveles, en las diversas Instituciones de los Poderes del Estado; b) gozar de “una remuneración digna conforme al cargo, con todos los beneficios de seguridad social y demás beneficios que ofrece el Estado a los servidores públicos del resto del país”; c) “garantizar la integración de las personas originarias o miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe”, asegurando una contratación representativa proporcional y equitativa de los pueblos indígenas y afrodescendientes en cargos públicos y privados en sus regiones y municipios; d) promover y garantizar “una presencia significante y visible” de esta población en cargos públicos en el resto del territorio nacional, a todos los niveles de los distintos Poderes del Estado y de la representación diplomática nicaragüense; e) adoptar medidas eficaces, en consulta con los pueblos indígenas y afrodescendientes, para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación, promover la tolerancia y la efectividad de sus derechos económicos, sociales, culturales y lingüísticos en el país. Además, en su artículo 5 hace referencia a una especie de ley de cuotas establecidas para empresas y organizaciones establecidas en la Costa Caribe nicaragüense. Se establece la contratación de al menos 50 por ciento de recursos humanos nativos.

En sus artículos, la Ley 757 hace referencia a la necesidad de combatir prejuicios a fin de eliminar la discriminación. Sin embargo, el Estado no ha implementado acciones afirmativas sobre este particular. De acuerdo con especialistas en la ley aplicable a las regiones autónomas, esta ley no se implementa. Concuerdan que las pocas empresas establecidas en la Costa Caribe nicaragüense no cumplen con la ley de contratación del 50 por ciento de personas nativas, ya que no existe presión estatal para su cumplimiento. Por otro lado, destacan que la ley es poco conocida por las personas, lo que supone dos cosas: por un lado, que las personas afrodescendientes desconocen sus derechos en esta materia y por otro lado, que aunque la ley es coherente con los tiempos y las necesidades existen graves fallas gravemente en su implementación.

Por su parte, la incorporación de personas afrodescendientes a espacios de decisión todavía es una gran materia pendiente. Cabe destacar que ha aumentado la presencia de mujeres afrodescendientes en espacios públicos, como consecuencia de la aplicación de dos leyes ampliamente celebradas a nivel mundial por ser referentes de equidad de género la Ley N°. 790, Ley de Reforma a la Ley 331, Ley Electoral aprobada el 8 de marzo de 2012, que tiene como objetico lograr la paridad 50/50 en las personas candidatas en la política del país. Con esta ley se logró aún más presencia de mujeres. Asimismo, la Ley 786, Ley de Reforma y Adición a la Ley 40, Ley de Municipios aprobada 15 de mayo 2012, orienta la incorporación de las prácticas de género en las políticas públicas y la paridad en contiendas para alcaldes y vicealcaldes. Esto quiere decir que por ejemplo, si el candidato al puesto de alcalde es del género masculino, la persona candidata a la vice alcaldía tiene que ser del género femenino.

Ambas leyes han aumentado la presencia física de mujeres en las alcaldías, la Asamblea Nacional e incluso en la vicepresidencia del país, aunque se cuestiona la participación efectiva, libre e irrestricta de estas mujeres en estos espacios de poder. Desde que se promulgaron las leyes ha pasado casi una década y no se muestran avances sustanciosos en los temas que impactan a las mujeres y mucho menos a las mujeres afrodescendientes, como el aborto, por poner un ejemplo. Incluso se han notado retrocesos en los sistemas, como el cierre en 2016 de la Comisaria de la Mujer y la Niñez a nivel nacional por razones presupuestarias.

Por su parte, en la Asamblea Nacional, el máximo espacio de decisión legislativa solo registra la presencia de una mujer afrodescendiente, Florence Levy Wilson, lo que advierte que no se han implementado estrategias efectivas para que más mujeres se incorporen a estos puestos, como sería el caso de escaños reservados. Si tenemos en cuenta que la noción de igualdad implica, en menor o mayor medida, una comparación entre personas o grupos de personas (Clérico, 2011), es evidente que la desigualdad persiste en este espacio de toma de decisión política para las mujeres afrodescendientes.

Por último, cabe hacer algunas menciones a los reportes que presentado Nicaragua ante los organismos de Derechos Humanos pertinentes, que hablan de las numerosas violaciones a los derechos de las mujeres que las leyes arriba reseñadas vendrían a proteger. Recordemos que los reportes son mecanismos efectivos para la identificación de las problemáticas en el país. El reporte periódico que hace la CEDAW a los países es una herramienta importante para identificar los estereotipos de género y para el avance en la reivindicación de derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional. Nicaragua en este particular se ha quedado atrás, tanto en atender a las recomendaciones generales de la CEDAW como en los reportes de progreso, lo cual evidencia que el Estado no considera el tema como una prioridad establecida y así lo confirman múltiples organizaciones feministas en el país.

En efecto, una de las recomendaciones del Comité se ha enmarcado en la eliminación de actitudes y prácticas culturales y estereotipos que discriminan a la mujer. El Comité ha instado a Nicaragua a que aplique sin demora una estrategia amplia, que incluya objetivos y plazos claros para modificar y eliminar las actitudes y prácticas culturales negativas y los estereotipos profundamente arraigados que discriminen a la mujer, de conformidad con el apartado f), del artículo 2 y el apartado a) del artículo 5 de la Convención. También ha llamado a realizar esos esfuerzos en coordinación con una amplia gama de asociados, y que incluya a todos los sectores de la sociedad para facilitar el cambio social y cultural y la creación de un entorno que favorezca y apoye la igualdad entre los géneros. Por último, también ha requerido que Nicaragua supervise esos esfuerzos y evalúe periódicamente los progresos alcanzados en el logro de los objetivos establecidos, y que incluya una evaluación de los resultados alcanzados en su próximo informe periódico. El Comité, si bien señala que el Instituto Nacional de Estadística y Censos ha creado en coordinación con el Instituto Nicaragüense de la Mujer INIM un sistema de información para controlar la situación de la mujer y el hombre en Nicaragua, manifiesta su inquietud ante la escasa disponibilidad de datos desglosados por sexo en una serie de esferas de la Convención. Al Comité le preocupa que la limitada disponibilidad de este tipo de datos sea también un impedimento para que el propio Estado Parte formule y aplique políticas y programas concretos, y vigile su eficacia en cuanto a la aplicación de la Convención (Comité CEDAW, 2007).

El llamado a proveer información en censos desagregados por sexo y raza, así como atender a la Recomendación General N° 25 del año 2000 sobre género y discriminación racial, en donde se recomienda que proporcione una atención especial a la protección de los derechos de las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, es supremamente importante en el combate de estereotipos y garantía de derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Los vacíos en cuanto a la cantidad de personas impiden no solo el reconocimiento de los derechos sino también la adjudicación de fondos para el trabajo directamente enfocado en combatir la discriminación hacia estos grupos.

Cook y Cusack (2009) afirman que evidentemente el proceso de reporte es una oportunidad de evaluar la conformidad de las garantías nacionales sobre la igualdad de derechos de las mujeres con el marco internacional, para desarrollar datos de referencia sobre la situación de la mujer e identificar los obstáculos para la implementación de la CEDAW. Más concretamente, el proceso de reporte ha demostrado ser un mecanismo importante para la identificación y denominación de los estereotipos de género en las leyes, políticas y prácticas de los Estados parte. Preparar las respuestas, hace que los Estados apliquen estos lentes y filtros de equidad de manera forzada y logran con mayor facilidad identificar los estereotipos de género que rigen en las sociedades y que se perpetúan a través de las leyes, políticas y prácticas o en su defecto en la falta de ellas. En este punto es necesario mencionar la implicancia de los estereotipos basados en género, que gracias al desarrollo normativo y a las Recomendaciones Generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, son cada vez más objeto de atención por parte de la academia y los tribunales.

Por su parte, el racismo y la discriminación hacia pueblos afrodescendientes existe en el país aun cuando la legislación nacional afirma proteger a esta población y prohíbe dichas prácticas. Un primer patrón de discriminación es el prejuicio basado en estereotipos, que el nicaragüense en general tiene sobre la población afrodescendiente. Hay tratos desiguales por su identidad cultural, hay discriminación por su color de piel, porque no puede hablar correctamente el castellano, porque se habla en inglés creole y existe prejuicio en el imaginario de que la población de la Costa Caribe de Nicaragua principalmente indígenas y afrodescendientes, están asociados con actividades ilícitas, tráfico y consumo de drogas y práctica de brujería, además no se sabe cuántas personas conforman la población afrodescendiente ni su aporte a la economía del país (Organización de Mujeres Afrodescendientes de Bluefields, 2020: 4).

Otra muestra de los vacíos que existen en el sistema estatal es la inacción de la Procuraduría para los defensas de los Derechos Humanos en Nicaragua. Aunque cuentan con un protocolo de atención a afrodescendientes, a través de entrevistas hemos podido constatar que la mayoría de la población desconoce estos mecanismos de denuncia además, que la página web al igual que otras entidades del Estado no cuentan con documentación desagregada enfocada en poblaciones afro y lo que representa un acto de discriminación y racismo. A través de esta investigación no pudimos verificar la existencia de publicaciones anuales sobre denuncias de discriminación racial por parte de la procuraduría. Las actividades de denuncia han sido lideradas por organizaciones y grupos de mujeres afrodescendientes como la Organización de Mujeres Afrodescendientes de Bluefields, (OMAN), la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) y el Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB), ellas advierten que los casos no han trascendido debido a la falta de interés de los entes estatales y por el desinterés generalizado por los procesos que involucran a las personas de la costa caribe.

Esta compleja situación de olvido estatal no solo se evidencia en el acceso a la justicia sino también en los niveles de pobreza en la región, lo que nos marca la necesidad de incorporar los derechos económicos sociales y culturales en este análisis. El Estado de Nicaragua presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 23 de mayo del 2019, el quinto informe periódico que debía haberse presentado en el año 2013, como lo establecen de los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por su parte el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe de Nicaragua (en adelante CEJUDHCAN) presentó un informe alternativo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en donde plantean que el Estado nicaragüense indicó que durante el período que abarca su informe, ha garantizado el goce efectivo de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, mediante la aplicación de normas y acciones afirmativas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.⁸ Sin embargo, la realidad de los pueblos indígenas, es distinta. El Estado no ha adoptado mecanismos efectivos para atender los numerosos problemas que afectan a los pueblos indígenas, incluyendo la situación altamente deficitaria por cuanto hace al goce de los derechos económicos, sociales y culturales (CEJUDHCAN, 2019).

Para concluir, cabe destacar que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (en adelante IIDH), publicó en el 2010 una recopilación de avances y la situación general de las mujeres rurales e indígenas en condición de pobreza en Centroamérica. Sobre Nicaragua se presentaron temas y ejemplos particulares de preocupación para Comité de la CEDAW en materia de género y trabajo que en la actualidad siguen vigentes. El Comité observa condiciones de trabajo extraordinariamente deficientes en las maquilas y zonas de libre comercio, horarios muy prolongados, temperaturas y niveles de ruido demasiado altos, falta de material de protección, altos niveles de estrés y bajos salarios (poco menos de un dólar diario). La población femenina empleada allí, según la OIT, es del 75% al 90.

Como se pueden observar a través del análisis de estas normativas, no es suficiente con promulgar leyes que dicen promover la equidad de género si el enfoque de dichas leyes sigue dejando a muchas mujeres atrás. Es necesario formular estrategias y planes normativos que tengan un enfoque multisectorial así como un enfoque diverso, para su creación y aplicación en donde mujeres de todas las etnias/razas, sectores y condiciones participen de estos espacios para que las normativas estén alineadas a la realidad y sobre todo a la necesidad de cada mujer. Por otro lado, también se pudo evidenciar claros trazos de estereotipos nocivos en el enfoque de algunas de estas leyes, otro factor que apela a la necesidad de un enfoque interseccional en la legislación estatal.

Capítulo 3
Somos mucho más que el color de nuestra piel

La utopía que hoy perseguimos consiste en buscar un atajo entre una negritud reductora de la dimensión humana y la universalidad occidental hegemónica que anula a la diversidad. Ser negro sin ser solamente negro, ser mujer sin ser solamente mujer, ser mujer negra sin ser solamente mujer negra. Lograr la igualdad de derechos es convertirse en un ser humano pleno y lleno de posibilidades y oportunidades más allá de su condición de raza y de género. Ese es el sentido final de esta lucha.

Carneiro, 2001.

En este capítulo analizaremos las experiencias de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense desde un enfoque de interseccionalidad, incorporando algunos aportes de teorías decoloniales y feminismo negro para entender el impacto de la discriminación en su acceso al mercado laboral. Revisaremos cómo los estereotipos raciales y de género perpetúan sistemas de discriminación a través de la recopilación de datos censales sobre la región de estudio. En este capítulo también abordaremos los trazos de machismo en los sistemas laborales y que efecto tienen al interactuar con otros determinantes socioculturales como la educación, la salud, los índices de pobreza, la geografía entre otros elementos que dificultan y/o impiden el acceso libre, digno y equitativo al trabajo. Todo esto, con el aporte de entrevistas a 8 mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense que nos comparten sus experiencias al intentar acceder al mercado laboral. Cabe mencionar que algunas optaron por el anonimato por temor a represalias por parte del Gobierno.

1. If you black stay in the back (si sos Negra quedaté atrás)

Estas palabras agrestes e incómodas que abren este acápite hacen referencia a una frase popular en la Costa Caribe nicaragüense, que toda mujer afro han tenido que interactuar en su vida ya sea de manera forzada o deliberada. Tiene una connotación dolorosa, ya que, aunque no muchas personas saben, hace referencia a una canción de Big Billy Broonzy sobre el sistema de segregación Jim Crow⁹ en Estados Unidos. No es de sorprenderse que se popularizara en el caribe nicaragüense por la influencia que aún hoy, sigue viva de la costumbre socialmente establecida de relegar a las personas afrodescendientes a ser siempre lo último en todos los ámbitos. Hoy, más de 60 años después, al igual que personas negras de esa época de Rosa Park las mujeres negras seguimos sentadas en los últimos asientos del bus de las oportunidades.

Las mujeres afrodescendientes en América Latina históricamente han sido objeto de discriminación sistemática, producto de las dinámicas instauradas por el colonialismo que aun en el siglo XXI siguen permeando las estructuras sociales y políticas en la región. Cabe aclarar que el proceso de descolonización global,¹⁰ que se sigue desarrollando hoy en día, no implicó una automática revelación de una sociedad justa y equitativa. Por el contrario, como veremos en el análisis que sigue, muchos sistemas de opresión violatorios de los derechos humanos se han formado bajo esta misma premisa, como formas de colonización moderna. Solo se cambiaron las formas.

El racismo tiene su base en una estructura económica que construye ideológicamente las justificaciones culturales y sociales para colocar a la raza blanca como prototipo de lo humano y por lo tanto, superior a todos los grupos etno raciales diferentes, particularmente las personas de procedencia africana (Cicco, 2015). Esta dinámica de poder de ricos sobre pobres, blancas sobre negras, y el arrollador efecto del sistema patriarcal y eurocentrista, han perpetuado la noción de que todo lo que no cabe dentro de ese orden es considera arcaico, poco inteligente y carente de valor. Es así como se sigue perpetuando roles y estereotipos sociales y de género que violentan, deslegitiman y empobrecen, bajo ese sistema de precarización, a las mujeres afrodescendientes convirtiéndolas en la minoría más invisibilizada de América Latina.

De acuerdo con datos del Banco Mundial una de cada cuatro personas en América Latina se identifica como Afrodescendiente y según datos de la CEPAL (2021) la población afrodescendiente en América Latina asciende en la actualidad a 134 millones de personas, lo que representa un 21% de la población total de la región.

La situación de las mujeres afrodescendientes a nivel latinoamericano es compleja, ya que la posición de subordinación a la cual son relegadas por el racismo y la misoginia ha hecho que estas mujeres representen la población más empobrecida de la región y que estas no tengan acceso a tierras, servicios básicos, viviendas y crédito. Las brechas de género y la falta de acceso a derechos de este grupo son alarmante. Estos y muchos otros factores han convertido a América Latina en la región más desigual del mundo y es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué se siguen sosteniendo estos sistemas de desigualdad?

De acuerdo con el sociólogo Aníbal Quijano (2005),¹¹ la idea de raza ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social universal, convirtiéndose en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad. Esta “nueva” sociedad formada en las Américas estableció patrones de producción basados en el trabajo y explotación de ciertos grupos históricamente vulnerados. En la era de la globalización, el capitalismo se ha beneficiado directamente de este sistema de desigualdad. Es por esto que pensadores como Boaventura de Sousa Santos, entre otros, trazan una conexión directa entre la discriminación en Latinoamérica y el capitalismo. Se observa, sin asombro, que las izquierdas del Norte global sean eurocéntricas, pero al mismo tiempo, nos encontramos con que las izquierdas del sur son racistas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo cual es producto de la exclusión que produjeron en esta región en conjunto el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado (Llorente, 2020). Ese fenómeno violento de cuerpos y subjetividades es el principio ordenador del capitalismo, que adopta y profundiza el paradigma del sometimiento, un modelo de explotación y depredación que se oculta, como decía Borges, “bajo los lienzos del tiempo" y que se beneficia de la existencia del racismo. El sistema de personas como mercancía sigue vigente bajo la estructura de mano de obra barata. En palabras de Silvia Federici:

…el capitalismo, en tanto sistema económico-social, está necesariamente vinculado con el racismo y el sexismo. El capitalismo debe justificar y mistificar las contradicciones incrustadas en sus relaciones sociales –la promesa de libertad frente a la realidad de la coacción generalizada y la promesa de prosperidad frente a la realidad de la penuria generalizada– denigrando la «naturaleza» de aquéllos a quienes explota: mujeres, súbditos coloniales, descendientes africanas traídas contra su voluntad en contexto de esclavitud, inmigrantes desplazados por la globalización (Federici, 2004: 32).

Es este mismo capitalismo el que pone valores mínimos al trabajo de las mujeres, perpetuando el sistema patriarcal de subvaloración del trabajo femenino bajo el sesgo de desempeño. Por eso no es casualidad que Banco Mundial advierta que las mujeres negras tienen más probabilidades de enfrentar desempleo que los hombres y que otras mujeres, y que estén sobre representadas en el trabajo doméstico (Morrison, 2020). Para ocho países de la región, de los 7 millones de personas que trabajan como empleadas domésticas en América Latina, alrededor de 4,5 millones son mujeres afrodescendientes (Cepal, 2018). Esta división racial y sexual del trabajo ha encasillado a las mujeres en roles rígidos y en las labores de cuidado y en consecuencia, la presencia de mujeres afro en el mercado laboral formal es casi nula.

Para modo de ejemplo, según un estudio publicado por el Banco Mundial (Instituto Ethos, 2015) en Brasil, país con casi la mitad de población afrodescendiente, las mujeres negras solo representan el 10,6% de la fuerza laboral total de las 500 empresas más importantes, y además, están concentradas en los niveles más bajos de la escala corporativa. Tan solo el 8,2% de las afrobrasileñas ocupa el rango de supervisora, 1,6% el de gerente y 0,4% el de ejecutiva y solo dos mujeres afrobrasileñas fueron identificadas entre los 548 directores ejecutivos en el momento del estudio.

Esta división racial del trabajo en Brasil no dista mucho de la realidad laboral en el resto de la región Latinoamericana, donde abundan vacíos de información en cuanto a estas poblaciones. Algunos Estados, en colaboración con el sector privado, han sido más diligentes con el proceso de documentación y censo de las poblaciones afrodescendientes en materia laboral. Otros países como Nicaragua no han producido ningún tipo de información factual sobre estas poblaciones.

Los estudios de la CEPAL sobre comunidades afrodescendientes también advierten sobre la aparición de otras problemáticas como consecuencia de estas dinámicas de desigualdad en el mercado de trabajo: altas tasas de informalidad, brecha salarial, inestabilidad laboral y el acceso desigual en uso y control de recursos y la evidente desprotección social, disparidades en las afiliaciones a sistemas de pensiones y a la protección social, y proyecciones de pobreza más altas que la de los hombres en la vejez (CEPAL, 2016).

2. Mujeres, pobres y negras: la necesidad de un enfoque interseccional

En este proceso de búsqueda de reivindicación de los derechos de las mujeres afrodescendientes en América Latina, el feminismo, junto a otras propuestas de pensamiento crítico, ha jugado y juega un rol fundamental en la construcción de una nueva cosmovisión de igualdad y emancipación de las mujeres. Cuando el debate sobre la participación femenina en el mercado laboral comenzaba a darse con mayor expresividad en el escenario público, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres afrodescendientes llevaban siglos incorporadas a la fuerza de trabajo en los países latinoamericanos y caribeños, aunque en situación de extrema precariedad (CEPAL, 2018).

Muchas mujeres negras en todo el mundo empiezan a ver los movimientos feministas y obreros como un mecanismo de exigibilidad de derechos y una plataforma de demandas y descontento con el statu quo. El malestar de las mujeres está presente en la queja, la denuncia, la protesta y las acciones que, de manera individual casi silenciosa, o multitudinaria, discursiva y política que millones de mujeres realizan en todo el mundo (Lagarde, 1996). Este despertar ante la opresión de género representó el accionar de múltiples movimientos en búsqueda de la igualdad para todas desde distintas vertientes. Cabe destacar que las mujeres afrodescendientes han representado una fuerza pujante de movilización política y social incluso antes de su llegada a las Américas en condición de esclavitud forzada. Han sido parte de todas las luchas de reivindicación de derechos sociales desde sus trincheras. Las mujeres, como sostiene Angela Davis (2021) siempre han sido la columna vertebral del movimiento de la justicia social.

El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto, que atraviesa a la sociedad, determinado por el hecho de nacer mujer o varón (Montero, 2006). Sin embargo, como todo movimiento, no es homogéneo ni ha logrado representar a todas las mujeres. Bell Hook advierte que este feminismo hegemónico no representaba a todas las mujeres desde sus opresiones y experiencias y plantea cuestionamientos sobre la apertura del feminismo a las personas racializadas como un mecanismo condicionado y ciego ante las vivencias de las mujeres afrodescendientes cuyas luchas iban más allá de participación política y social, sino de supervivencia y respeto a su dignidad humana. A partir de cuestionamientos como estos surge el feminismo negro y se presenta como una alternativa de emancipación que cuestiona al feminismo blanco descrito por Lozano (2010) como la corriente inicial de feminismo nacido en Europa y Norteamérica que definió lo que era ser mujer y feminista, y en donde las categorías de género y patriarcado establecieron lo que era subordinación y las posibilidades de su emancipación. Asumiendo así la experiencia de todas las mujeres con el patriarcado como una sola. Aquí es donde la interseccionalidad se vuelve esencial (Heuchan, 2019).

El término interseccionalidad fue creado por Kimberlé Crenshaw (1989), quien sugiere que, si se quiere hacer algún esfuerzo real para liberar a las personas negras de restricciones y condiciones que caracterizan la subordinación racial, entonces, las teorías y estrategias que pretenden reflejar las necesidades de la comunidad negra deben incluir un análisis del sexismo y el patriarcado. De manera similar, el feminismo debe incluir un análisis de la raza si espera expresar las aspiraciones de las mujeres no blancas. La autora es enfática en expresar que la teoría feminista bajo ningún motivo puede ignorar las experiencias intersectoriales de aquellos a quienes los movimientos reclaman como sus integrantes.

El término considera las identidades superpuestas de las personas y permite comprender mejor el papel que desempeñan las dinámicas de poder en la forma en que las personas experimentan la discriminación. Según el diccionario de Oxford, es la naturaleza interconectada de las categorizaciones sociales como raza, clase y género, que se considera que crean sistemas superpuestos e interdependientes de discriminación o desventaja. El pensamiento interseccional rechaza la suposición binaria de que una persona debe pertenecer a un grupo u otro, por ejemplo, mujer o persona negra (Heuchan, 2019), ya que como lo afirma Lorde “no puede haber jerarquías de opresión” estas pueden converger en barreras múltiples como lo exploraremos a lo largo de esta investigación.

Habiendo establecido qué es el enfoque interseccional y cómo se ha convertido en un mecanismo para identificar los diferentes sistemas de opresión que enfrentan las mujeres afrodescendientes y cómo se entrecruzan, utilizaremos este enfoque a lo largo de esta tesis para dar luces sobre cuáles son las diferentes barreras de acceso y permanencia que enfrentan estos grupos, entendiendo que son distintos factores que convergen y dificultan estos procesos. También mediante el enfoque interseccional se pueden identificar cuáles son los sistemas de opresión ya que incluso desde el enfoque de derechos humanos se tiende a cometer errores de identificación de barreras: ser mujer no es la barrera, el patriarcado es la barrera, ser afrodescendiente no es barrera, la supremacía blanca y los sistemas que promueven la discriminación son las barreras. Es importante reconocer de donde se originan y la diferencia entre ellas y desde este enfoque esperamos poder dilucidarlo.

3. Lo personal es político

Existe una estructura desigual en cuanto al acceso al mercado laboral de mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense en comparación con mujeres mestizas del resto del país, y esta situación está directamente relacionada con las estructuras de discriminación que se han perpetuado a lo largo de los años y en donde el Estado nicaragüense ha sido apático en sus respuestas de acción afirmativa ante esta problemática.

Tal como se ha venido evidenciando, el problema de la discriminación en el mercado laboral para las mujeres afrodescendientes no solo está ligado al género sino también a la raza lo cual presupone barreras alternas en el acceso y permanencia en el mercado laboral y presuponen la necesidad de un análisis puntual para entender la dinámica social, económica, espacial e institucional de la Costa Caribe nicaragüense.

Antes, cabe aclarar que para fines de esta tesis se entiende como barreras aquellos obstáculos, retos o limitaciones adicionales que enfrentan las mujeres afrodescendientes en su ejercicio pleno del derecho a acceder a un trabajo formal como parte de sus derechos fundamentales. En esta investigación se entiende la discriminación en dos direcciones, según lo plantean Viáfara, Urrea-Giraldo y Correa (2009) existe un premercado, en el cual hay desigualdad de hombres y mujeres negras para la adquisición de capacidades de inserción en el mercado de trabajo; y otra, la discriminación de mercado, que incluye un trato diferencial de personas con los mismos desarrollos productivos para ocupar posiciones en la fuerza laboral por sus características étnicas, fenotípicas y de género.

Estas limitaciones pueden o no estar ligadas a sus condiciones familiares, contexto social, económico, institucional e incluso espacial. Procedemos a describir cada una a continuación ya que estas evidencian un tipo de discriminación directa o indirecta hacia las mujeres afrodescendientes que dificulta, y en algunos casos imposibilita, el acceso al mercado laboral en el país. Para esto se analizan las desigualdades raciales que afectan la inserción en el trabajo a través de informaciones censales, de las encuestas de hogares y de algunas encuestas de uso del tiempo creados por organismos internacionales.

Las barreras familiares son esas limitantes ligadas a la familia o a asuntos de su persona con las cuales se enfrentan las mujeres afrodescendientes en el acceso y permanencia en el mercado laboral. Por su parte las barreras socioeconómicas son obstáculos a los que se enfrentan las mujeres afrodescendientes ligadas a los determinantes socioeconómicos que hacen más difícil el camino hacia la inserción laboral. Un ejemplo de esto es que una mujer joven no cuenta con agua potable por lo que tiene que caminar varios kilómetros en el día en busca de agua, esta dificultad bloquea el acceso a un empleo digno ya que probablemente tiene que aportar al abastecimiento de agua en su casa.

Las barreras ligadas a la violencia son aquellas dificultades que son producto de actos de violencia hacia la mujer que impiden su pleno desempeño en el mercado laboral. Por ejemplo, los celos de pareja pueden implicar la deserción laboral si se dan amenazas. Las barreras espaciales por su lado son aquellas dificultades ligadas al territorio o el espacio donde se habita que dificulta el acceso equitativo al mercado laboral, por ejemplo las largas distancias para asistir al trabajo y por último, están las barreras institucionales y del mercado laboral, referida a esos obstáculos o trabas establecidas por la entidad empleadora o por el Estado según sea el caso y como esto afecta la inserción laboral plena y equitativa de la mujer afro.

3.1. Barreras familiares

Nicaragua es el país de la región con la tasa más alta de maternidad adolescente. De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en este país, casi una de cada cinco mujeres jóvenes de 15 a 19 años ha tenido al menos un hijo vivo (CEPAL, 2021). Es importante hacer énfasis en estos números ya que se conoce que, en la actualidad a nivel mundial, la mayoría de las contribuciones al cuidado son realizadas desde el ámbito doméstico, de manera no remunerada y por las mujeres (Bango, 2020). De acuerdo con FUNIDES (2016) se observa una mayor concentración de embarazos adolescentes en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, RACN y RACS, con niveles de fecundidad equivalentes a un tercio o más de la población de mujeres adolescentes en dichos territorios.

El promedio de hijos e hijas indica el nivel de capacidad y autonomía de decisión de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Teniendo en cuenta que en Nicaragua el aborto es ilegal bajo cualquier causal y no existe mecanismos de amplia cobertura de salud sexual y reproductiva para las escuelas, abonado al hecho de que la estructura machista del país sigue creando tabús alrededor de la educación sexual integral y podríamos decir que el mismo sistema romantiza la maternidad y paternidad temprana, mermando la participación equitativa en el mercado laboral creando obstáculos aún mayores. Persona trabajadora del Estado en entrevista nos advierte que muchas veces los propios padres y madres de familia son los que motivan a las hijas a no estudiar y hacerles conformistas, aquí peligra el desempeño de las jóvenes y muchas salen embarazadas a muy temprana edad por lo que no continúan los estudios, lo que las deja sin los conocimientos académicos para competir en el mercado laboral. La maternidad temprana está comúnmente asociada con niveles bajos de escolaridad, pobreza y participación reducida y precaria en el mercado laboral (FUNIDES, 2016).

Ahora retomemos la Ley 718 de protección a las familias de escasos recursos con múltiples embarazos, el Estado más que proveer viviendas de presupuesto estatal (cosa que no está cumpliendo) debería orientar el doble de esfuerzos y recursos a la creación de más programas de salud sexual y reproductivas para mantener a las niñas en las escuelas y fuera de las labores de cuidado. Estrategias como estas en otros países han mostrado efectos positivos ya que son medidas preventivas y no reactivas como lo que propone dicha ley.

Basado en estos datos se puede discernir que el trabajo no remunerado y las labores de cuidado representan una barrera muy importante en el acceso y permanencia en el mercado laboral de las mujeres afrodescendientes.

La pobreza de tiempo de las mujeres impide su participación plena no solo en el mercado laboral sino también en el ámbito público y social. La economía del cuidado es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la salud y las capacidades de la fuerza de trabajo, pero también en el desarrollo y mantenimiento del tejido social (Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 2014). Las labores de cuidado de hijos, hijas y personas que requieren atención especial, como personas enfermas, con discapacidad y personas adultas mayores, determinan las decisiones laborales de las mujeres que asumen esta doble labor. Según datos de la encuesta “Mujer tu voz tiene peso” de FUNIDES¹² realizada en 2018, en Nicaragua el 88.2 por ciento de las encuestadas está a cargo de las tareas en su hogar. La ausencia de prácticas de corresponsabilidad mantiene la brecha de género en los hogares. A esto se le suma que en el país no se hacen estudios de medición del uso del tiempo desde el año 1998 y sobre esto solo se cuenta con proyecciones de CEPAL para dimensionar la situación del país. De acuerdo con ellas, las mujeres de América Latina y el Caribe dedican 22.9 por ciento del día a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados versus un 12.1 por ciento del día para los hombres.

Otro elemento que se identifica en el estudio es la prevalencia del subempleo entre las personas ocupadas (59,6%), lo cual afectaba más a las mujeres. Además, encuentran que la informalidad es un factor que predomina en el mercado laboral, siendo mayor entre las mujeres, lo cual puede ser una alternativa para combinar el trabajo productivo y reproductivo. (FUNIDES, 2019: 18). Otras investigaciones han señalado que las mujeres se insertaban más en el subempleo porque son ocupaciones más flexibles, aunque muchas veces informales, a fin de combinar el trabajo remunerado con tareas del hogar y el cuidado de menores y adultos mayores. Por su parte, la OIT (2019) ha advertido que las mujeres suelen acceder a flexibilidad sacrificando mejores condiciones laborales y poder de negociación.

En Nicaragua, como se dijo más arriba, uno de los mayores problemas radica en la falta de registro del uso del tiempo. El Estado no ha realizado una encuesta del uso de tiempo y el ultimo registro de la Encuesta Continua de Hogares (en adelante ECH) publicada en 2021, no cuenta con datos desagregados por región o raza/etnia, lo cual impide un análisis claro de la situación de las mujeres afrodescendientes en esta materia y representa otra manifestación de olvido estatal.

Las labores de cuidado representan una causa de desigualdad entre hombres y mujeres en el país. A partir de las entrevistas a profundidad con mujeres afrodescendientes se logró documentar algunos hallazgos que permiten validar la situación diferenciada de este grupo.

En el caso de la Costa Caribe nicaragüense se ha desarrollado un fenómeno ampliamente conocido por la población en la región, la separación física de las familias. Y es que debido a la necesidad de migrar en búsqueda de empleo ya sea en la capital, Managua o en el extranjero, la responsabilidad de cuidado recae en familiares, en este caso, abuelas, tías y hermanas. Esta práctica implica una separación de la estructura familiar, en donde se ve como resultado a niños y niñas que crecen respondiendo a otras personas como su figura de autoridad por ser sus cuidadoras, relegando a un segundo plano a sus progenitoras como simples proveedoras, lo que también impacta en la cultura (Socorro Woods, en entrevista).

Esta práctica reiterada de separación de las familias fue un hallazgo que se evidenció en la entrevista con mujeres Afrodescendientes. Dorothy, una joven mujer afrodescendiente, detalla lo siguiente: “Cuando me mudé a Managua para trabajar en el call center tuve que dejar a mi hijo en la costa al cuidado de mi mamá y mi hermana menor que tenía 16 años porque era muy pequeño y yo trabajaba muchas horas, cabe mencionar que mi mamá tenía 38 años y todavía estaba en edad de trabajar” (entrevista realizada a Dorothy, 2021).

Por otro lado, se registra otro tipo de trabajo no remunerado que dificulta la permanencia en el mercado laboral y de las que poco se habla en Nicaragua, el cuidado de personas adultas mayores, en entrevista con Karelia, mujer de 31 años detalla:

Hace 3 años presenté una dificultad, mi mamá se enfermó gravemente al sufrir una embolia pulmonar que le impedía laboral y poder realizar sus cosas personales por sí misma requiriendo cuido y compañía constante. Tuve que tomar la decisión de dejar mi empleo y cuidar de ella por un periodo de 9 meses hasta que logró recuperar independencia y volver a trabajar. Luego de este periodo me reincorpore al mundo laboral (Karelia Rigby, entrevista).

Estas y otras experiencias laborales pasan desapercibidas en el radar estatal cuando se aborda el tema laboral y derechos humanos en Nicaragua. Existen leyes que protegen a la familiar y detallan la responsabilidad estatal para su preservación. En el artículo 2 del Código de la Familia, Ley N°. 870 del año 2014, se establece que la protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia es obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran a través de los vínculos de amor, solidaridad, ayuda y respeto mutuo para lograr una mejor calidad de vida. Sin embargo, las autoridades territoriales y comunales que son las figuras encargadas de crear regulaciones particulares en las regiones autónomas no están tomando en consideración la intersección de factores como el impacto de las migraciones por la falta de empleo y cómo estas repercuten en las familias afrodescendientes.

3.2. Barreras ligadas a la violencia

Los países de la región latinoamericana viven en constante efervescencia social, la violencia es parte de la cotidianidad y el panorama nicaragüense no es la excepción. En promedio, cada 30 años tenemos una explosión social violenta. La última, vivida hace tres años con la revolución de abril de 2018. Por otro lado, hace menos de 40 años el país enfrentó una guerra civil cuyo recuerdo sigue vivo en la memoria colectiva de generaciones jóvenes. Por su parte, actualmente el país tiene instaurada una dictadura por la fuerza con el gobierno de Daniel Ortega. Con lo antes descrito, no resulta sorpresivo que una nación con este nivel de tensión social recurra a la violencia como un medio legítimo de resolución de conflictos. Es aquí donde esa misma violencia combinada con los efectos de la misoginia y la discriminación racial convierten a las mujeres afrodescendientes en grupos aún más vulnerables a sufrir sus efectos.

La violencia de género encuentra un espacio privilegiado frente a los estereotipos que menosprecian y deshumanizan a las mujeres afrodescendientes (CEPAL, 2020) y que se refuerzan en el diario actuar de la ciudadanía. Estas se materializan en expresiones denigrantes y violentas como, por ejemplo: “en la costa solo hay esclavos” y “donde están los negros esta la droga”, expresiones popularizadas en Nicaragua que resultan en el robo de su dignidad como personas y en consecuencia justifican comportamientos policiales violentos y excesivos como requisas innecesarias basadas en fenotipos de raza o racial profiling¹³ a personas afrodescendientes, que incluso han terminado en muertes.

La violencia machista también representa un obstáculo en el acceso y permanencia en el mercado laboral y es de interés particular para las poblaciones afrodescendientes, ya que de acuerdo con datos de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, se han registrado 51 feminicidios en Nicaragua entre enero y agosto de 2021, 42 en Territorio nacional y 9 en el exterior. De los feminicidios ocurridos a nivel nacional 14 fueron en la Costa Caribe nicaragüense, 11 en la RACN y 4 en la RACS. Estos datos son alarmantes ya que están por encima de los números registrados en la capital nicaragüense, en donde se concentra la mayor población del país. Las organizaciones feministas del país consideran que los hombres siguen matando mujeres en Nicaragua por tres razones: la prioridad de la policía para seguir a opositores antes que a los delincuentes, el privilegio de las autoridades por los procesos de mediación y la liberación de miles de reos comunes cada año (EFE, 2021).

La violencia hacia la mujer representada en inseguridad dentro y fuera del ambiente laboral impide que las mujeres se desarrollen plenamente. En el estudio Avances y desafíos del empoderamiento de las mujeres en Nicaragua¹⁴ (Álvarez 2015: 28) destaca que, a través de la encuesta realizada a nivel nacional, las mujeres insertas en las categorías de no asalariadas y asalariadas informales identifican como sus principales razones para escoger un trabajo el poder “evitar preferencias y prácticas laborales sexistas, de violencia y discriminadoras por parte de los/as empleadores/as”. Esto indica que las decisiones laborales están siendo influenciadas también por flujos los de violencia.

No basta con solo contar con leyes antidiscriminación que tienen una función reaccionaria. En la medida en que las expresiones de violencia que se dan en el contexto de sociedades racistas y patriarcales sean ellas de índole psicológica, física, sexual, institucional u otra, no estén incluidas en políticas de prevención, atención y reparación, la autonomía física de las mujeres, particularmente de las afrodescendientes, no tiene ninguna garantía de ser ejercida en plenitud, como lo establecen sus derechos humanos fundamentales, advierte la CEPAL.

3.3. Barreras socioeconómicas

De la misma forma que en otros ámbitos sociales convergen, las desigualdades en el mercado de trabajo se caracterizan por diversos ejes estructurantes que se entrecruzan, se potencian y se encadenan a lo largo de las trayectorias laborales de las personas: las desigualdades socioeconómicas, de género, étnico-raciales, territoriales y de edad, son algunas de ellas (CEPAL, 2021: 178). En el país 25,9% de los hogares nicaragüenses se encuentran en situación de pobreza multidimensional, de los cuales el 24,6% están establecidos en la zona urbana y el 75,4% en la zona rural del país. Por región del país, la región Caribe es la que presenta una mayor proporción de hogares pobres, con el 49,6% del total de hogares (FUNIDES, 2016).

La situación de pobreza en la región Caribe nicaragüense también se caracteriza por profundas desigualdades étnico-raciales y de género, que resultan en una mayor dificultad de acceso de las mujeres y de las personas afrodescendientes, y en especial de las mujeres afrodescendientes, al empleo, así como por una mayor concentración en ocupaciones de baja calificación, informales y con mayor precariedad e inestabilidad laboral.

La limitación de acceso a una vivienda digna y a servicios de infraestructura básica, como el agua potable, los servicios sanitarios, la electricidad e Internet, son, por un lado, expresiones más estructurales de la situación de pobreza y se convierten en factores que inciden en su reproducción. Según información del Banco Mundial, en Nicaragua solo nueve por ciento de la población afrodescendiente y 26 por ciento de la población no afrodescendiente tiene acceso a alcantarillado (Banco Mundial, 2021: 57). Solamente se cuenta con un/a médico/a por cada tres mil habitantes en la Costa Caribe, en comparación con países que destacan como Cuba donde hay un/a medico/a por cada 124 personas (Calderón, 2020). Esto evidentemente impacta negativamente a las personas que viven en las regiones autónomas de la Costa Caribe, si no se tiene garantías mínimas para el acceso a la salud no se puede esperar un desempeño pleno y equitativo en el mercado laboral ya que este es un determinante social indispensable para la vida de todas las personas.

Haciendo énfasis en lo que se mencionaba en el capítulo primero sobre los índices tan altos de cáncer de mama en la región, una enfermedad que afecta directamente a las mujeres y que depende de la detección temprana, tener médicos e instalaciones equipadas está directamente relacionado con mecanismos de prevención de estas, ya que no sirve de nada llenar las instalaciones de lazos rosados en el mes de la prevención del cáncer de mama si una mujer afrodescendiente no puede acceder a una mamografía de calidad dentro de la región en el siglo XXI. Sobre esto, la Corporación Británica de Radiodifusión BBC (por sus siglas en inglés) (2020) publicó un artículo sobre el desproporcional impacto del Civid-19 en personas afrodescendientes, los expertos advierten sobre el impacto de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el asma y como afectan de manera desproporcionada a las poblaciones minoritarias, particularmente los afroamericanos. Estas enfermedades producen un mal desenlace al momento de contraer Covid-19 y se debe según las personas expertas a que la población afro históricamente ha tenido menos acceso a los servicios de salud, lo que evidencia que esto no es genético, es social.

Cabe destacar que el gobierno de Nicaragua ha sido extremadamente hermético con el reporte de las cifras de contagios y no ha permitido el acceso a pruebas de Covid-19 a hospitales y clínicas privadas (Amnistía internacional, 2020), entre otras organizaciones han reportado en múltiples medios, la renuencia por parte del régimen a declarar cuarentena, y destaca que, por el contrario, ha tomado acciones que podrían poner en peligro a miles de personas con la convocatoria de aglomeraciones masivas.

Por otro lado, no se conoce con exactitud cuál es el nivel de acceso a internet de las personas afrodescendientes porque no existen estudios oficiales o privados sobre el tema. Sin embargo, uno de los hallazgos destacados en las entrevistas realizadas que fue la falta de conocimientos sobre el uso de la computadora y como esto es percibido como una barrera para acceder al mercado laboral. Pinky, mujer afrodescendiente de 29 años, en entrevista destacó que “para obtener el trabajo fue difícil, ya que al ser de una comunidad como Laguna de Perlas en 2008 cuando migré a la capital no teníamos conocimientos ni acceso a cursos sobre computación”.

Por su parte, si bien las niñas y mujeres Afro han aumentado su participación en la educación durante la última década, con un mayor número de mujeres estudiando en las universidades de las Regiones Autónomas, enfrentan múltiples barreras en el acceso a educación. La barrera espacial, que veremos en detalle en el próximo punto, converge en una barrera socioeconómica para la educación, por los altos costos del transporte para movilizarse en la región para acceder a los centros de estudio. Muchas veces la pobreza frena a las jóvenes en una etapa de su preparación académica por carecer su familia de recursos económicos para enfrentar algunas necesidades básicas (Persona trabajadora del Estado, entrevista). Aunque existen becas universitarias para personas de escasos recursos si se logra acceder a las universidades públicas del país, estas no están diseñadas para cubrir los gastos de las personas de la Costa Caribe, ya que proveen de montos estandarizados que no toman en cuenta que el costo de movilización por estudios se triplica para estos grupos por las condiciones espaciales de la región.

Por otro lado, persisten numerosos estereotipos de género en lo que respecta a la educación en general de las mujeres afrodescendientes. En primer lugar, en el tipo de carreras que eligen y en las que son aceptadas. A nivel nacional, 73% de hombres y solo el 27% de mujeres estudian carreras de ingeniería (Gutierrez, 2018). Si bien este número no distingue entre mujeres afrodescendientes y quienes no lo son, es posible proyectarlo con más intensidad para este grupo. Este indicador advierte que la participación de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas STEM (por sus siglas en inglés) es minoritario en el país, esto dificulta la participación igualitaria en carreras que se orientan al desarrollo de nuevas tecnologías. No existen programas oficiales ni privados que fomenten la capacitación de mujeres afrodescendientes en el área de tecnología.

Asimismo, persisten estereotipos sobre la calidad de la educación y la percepción de falta de inteligencia de las mujeres afro que afectan su inserción en el mercado laboral. Lottie Cunningham Wren, abogada y ambientalista nicaragüense de padre creole y madre indígena miskita, galardonada con el Nobel Alternativo por su destacada labor como activista y protectora de la tierra indígena y afrodescendiente, advierte sobre el peligro de este estereotipo. Para ella la educación intercultural bilingüe no es de menor calidad, por el contrario, es una necesidad para las comunidades indígenas y afrodescendientes:

Yo en 1er grado me aplacé dos veces porque yo no entendía lo que decía la maestra, (las clases se impartían en español) yo vivía en una comunidad indígena y en casa solo hablábamos creole y miskito, mi abuela nunca aprendió español, no sabía cómo revisarnos la tarea, por eso es importante que recibamos la educación en lengua materna y el hecho de no ser en español no la hace de menor calidad (Lottie Cunningham, entrevista).

Otro ejemplo de cómo la barrera lingüística impacta negativamente a las personas afrodescendientes es en su acceso a la justicia. Como hemos visto en el capítulo anterior, el acceso a la justicia debe ser entendido como la llave que garantiza muchos otros derechos para las mujeres. Y como destaca la Recomendación General N° 33, los Estados deben trabajar para eliminar las barreras idiomáticas. Socorro Woods se refiere específicamente al caso de los juzgados en Nicaragua: El Estado dice que promueve la diversidad de idiomas y lenguas, pero si tienes que hacer un trámite en los juzgados todo se tiene que hacer en el idioma español, no hay personas designadas a ayudarte en tu idioma materno, ignorando la ley que establece que en la Costa Caribe todas lenguas también tienen carácter oficial (en entrevista). Retomando las normativas descritas en el capítulo 2, la mayoría de las leyes que hacen mención a las comunidades afrodescendientes también ahondan en el estatuto de autodeterminación de los pueblos. Parte de esta autodeterminación implica el acceso a sus derechos en su idioma materno, incluso la Constitución Política del país lo establece. Ninguna niña debería perder un año escolar ni ninguna mujer debería ser bloqueada de acceder a un empleo por no tener hablar español como primer idioma.

Por otro lado, existen factores ligados a la educación y la autoestima que son reforzados en los colegios y que inciden en la perpetuación de estereotipos dañinos hacia las personas afro. Las jerarquías raciales existentes en el ambiente escolar se manifiestan en una variedad de formas, incluyendo la probabilidad diferenciada de recibir elogios o críticas verbales y prácticas no verbales de mostrar o negar afecto. Estas son prácticas pedagógicas que conscientemente o no, refuerzan estereotipos raciales o la invisibilidad de los afrodescendientes (Banco Mundial, 2021). Es aquí donde resulta relevante situar los testimonios de mujeres afrodescendientes para comprender el impacto de estas manifestaciones clasistas, sexistas y racistas en el mercado laboral: “Ahora, en el ámbito laboral nos encontramos con que ‘las negras no somos inteligentes’ según comentarios, no nos creen capaces de ser lideres porque piensan que los que vivimos en la costa somos analfabetas o que no recibimos la misma calidad de educación” (Dorothy Hodgson, entrevista, 2021).

3.4. Barreras espaciales

Las barreras espaciales, como anticipamos, son restricciones impuestas por el espacio en donde se desenvuelven las mujeres, que dificultan el acceso a oportunidades de empleo y su permanencia en caso de consecución. Dentro de estas barreras se consideran problemas relacionados con la movilidad, ausencia de infraestructura y estigmatización por lugares de procedencia y habitación (Cuso, 2017).

La segregación geográfica responde a procesos históricos de aislamiento y abandono, pero contribuye a perpetuar formas contemporáneas de exclusión social (Banco mundial, 2021: 18). En la mayoría de las ciudades de la región latinoamericana, las personas afrodescendientes suelen estar relegadas a los barrios pobres. De acuerdo con los datos del Banco Mundial que se observan en la gráfica número 3, en 10 países de América Latina hay más personas afrodescendientes que no afrodescendientes en los barrios pobres o favelas, incluyendo Nicaragua. En el caso de las regiones autónomas, la realidad no dista mucho de este precepto. Como lo mencionamos en el primer capítulo, la zona ha sido históricamente relegada a una posición secundaria en la agenda pública del país y aunque Nicaragua es un país pequeño en comparación con otros países de la región como Colombia, Brasil o México, existen regiones enteras que se encuentran prácticamente incomunicadas y su población relegada a las periferias.

Gráfico 3. Porcentaje de la población urbana que vive en barrios pobres o favelas, por raza15

Fuente: Banco Mundial (2018: 64).

Teniendo en cuenta que el Estado de Nicaragua no realiza un censo desde el año 2005, esta situación pudo haber mejorado o empeorado en los últimos 16 años. Sin embargo, por los relatos que se han recabado en esta investigación, todo indica que las barreras espaciales siguen siendo absolutamente determinantes en el acceso al mercado laboral:

En el caso de la costa caribe sur, fue hasta el 2019 que se logró culminar la carretera Bluefields-Nueva Guinea que conecta a la región caribe con el pacífico, esto no es casualidad, son mecanismos indirectos de segregación ya que no existe una prioridad por las cuestiones que afectan a las comunidades negras y la incomunicación es uno de los tantos mecanismos de dominación y control (Socorro Woods, entrevista).

Cada vez más mujeres están migrando a la capital y al extranjero para acceder a empleo, contar con carreteras pavimentadas y seguras, sistemas aéreos de transporte seguros, confiables y accesibles al bolsillo que faciliten el tránsito desde y hacia la región es de suma importancia para la conexión con sus familias y con la tierra. Como lo describimos en el primer capítulo, la tierra y la familia tiene suma importancia para la conservación de la identidad afrodescendiente por lo que las barreras espaciales no solo representan un bloqueo en el desarrollo laboral sino también cultural.

3.5. Barreras institucionales

Las estructuras que sostienen el racismo en Latinoamérica persisten incansables en la idea de considerar a las mujeres negras como carentes, incapaces y sin aspiraciones. No desafían el imaginario limitado que instauró la esclavitud y que se perpetua con el capitalismo. Es por esta razón que se dificulta su inserción en posiciones de alto liderazgo y responsabilidad, ya que las percepciones sociales están basadas en los sesgos inconscientes y estereotipos de género y raza. Es por este mismo tipo de sesgos que una persona con rasgos racializados tendrá que enviar 28,4% más solicitudes de empleo que una persona con tono de piel blanca, según un estudio del Colegio de México COLMEX y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (2015). Como ejemplo de esto, tomo el caso de Paula Moreno, primera ministra de cultura Afrodescendiente en Colombia entre los años entre 2007 y 2010 reveló en una entrevista con la revista Forbes de 2020 lo siguiente: “Yo llegaba a reuniones y preguntaban quién es la ministra, no pensaban que fuera yo, por ser negra, tenían que entrar los escoltas y decir, sí, es ella”.

Cunningham destaca que muchos estudios han evidenciado que el racismo tiene que ver con la jerarquía etno lingüística, que es la preferencia del Estado por quienes dominan el lenguaje de quien está en el poder. También el color de piel es un determinante para que accedan al mercado laboral, ya que las mismas empresas crean estos estándares basados en esa jerarquización etnolingüística y rechazan culturas, lenguas y formas de vestir que no encajan en sus estándares:

Si cinco mujeres de las etnias predominantes de la región llegan a buscar el mismo trabajo a x empresa la primera que tiene oportunidad de acceso es la mestiza que habla español como idioma materno, tiene piel blanca o no negra y eso lo ha venido estructurando el sistema del Estado de Nicaragua, esa estratificación social de selección es un sistema de colonización externa que ha perdurado en el Estado con el dominio colonial de la economía (Lottie Cunningham, entrevista).

El testimonio de Lottie da cuenta de la inacción estatal ante las prácticas discriminatorias de las instituciones empleadoras y ha mostrado ser negativo para la participación plena de las mujeres afros en el espacio laboral. No se tiene claro el abanico de modalidades de discriminación en las instituciones y los mecanismos de denuncia tampoco son claros. Abonado a esto, está la falta de acceso a los servicios de formación, la ausencia de esquemas de orientación socio-ocupacional integrales y diversos, la existencia de procesos de selección excluyentes, y las barreras sociales y latitudinales, que se basan en representaciones sociales equivocadas acerca de las capacidades laborales de la población vulnerable, y que dificultan el camino laboral para estos grupos.

Este racismo esta tan naturalizado, que incluso se ha interiorizado en las mujeres de la Costa Caribe Nicaragüense, volviéndose parte del paisaje societal. La discriminación sexual y racial a menudo operan juntas y de forma casi imperceptible. Woods advierte que debido a que la gente de la Costa no habla de raza por su nombre, la discriminación racial opera silenciando y enmascarando. Por ejemplo, es posible que se escuche a la gente decir: “tiene un cabello lacio bonito y encantador”. Aunque no mencionen las palabras raza o sexo, la discriminación está ahí (Woods, 2002: 3, traducción propia). Esto evidencia que tanto el racismo y la misoginia son armas poderosas de dominación y que se pueden instaurar sin siquiera mencionarlas de manera explícita. El componente de sutilidad hace que pueda, muchas veces, pasar desapercibido y es lo que lo vuelve aún más difícil de erradicar.

Una barrera propia del mercado laboral es la renuencia en la contratación de mujeres afrodescendientes en puestos de liderazgo y la preferencia en la contratación de hombres. Como detallamos más arriba, los hombres en Nicaragua tienen mayor acceso a empleo formal que las mujeres, lo que nos dice que tienen mayor receptividad en el mercado laboral nicaragüense. Esto puede deberse a múltiples factores, pero, en definitiva, el sistema patriarcal que marca nuestras sociedades tiene un grado de influencia en estos índices.

Esta práctica sexista de exclusión de la mujer queda evidenciada en los testimonios de varias de las mujeres afrodescendientes que expresaron que existen preferencias hacia el género masculino al aplicar a una vacante. “Muchas veces los choques culturales en muchos centros de trabajo influyen para que algunas personas tomen la decisión de dejar el trabajo, porque alegan sentirse relegadas y discriminadas por el sexo opuesto” (Persona trabajadora del Estado, entrevista).

A parte del sexismo, la edad es otro factor que influye en las decisiones empresariales y por eso, destacamos la importancia de la interseccionalidad al analizar el mercado laboral nicaragüense:

Llegué a la Capital de mi país y logré conseguir trabajo en un hotel por “conecte” y por el dominio del idioma de inglés. Trabajé como Recepcionista en ese mismo hotel por un año y medio, pero observé que, para tener un puesto alto, no contaba con mucha suerte, ya que conseguían gente de edades avanzadas que son solo hombres (40 años en adelante) para ocupar los puestos altos. Yo siendo una mujer caribeña tenía ganas de superarme más por que sentí que mi título valía más que ser una simple recepcionista. Fui la mejor vendedora de habitaciones y membrecías, pero nunca había oportunidades para ninguna de las recepcionistas (mujeres) que trabajaban allí, decidí cambiarme de ambiente e ir a un call center en busca de nuevas oportunidades y luego terminé migrando a las Islas caimanas (Jasnell, mujer afrodescendiente, en entrevista).

El testimonio el de Jasnell da cuenta de la triple convergencia de factores de discriminación: la edad, el género y la raza, como determinantes de ascenso en los espacios laborales de mujeres afro. Estos se convierten en mecanismos del techo de cristal, un conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2019).

Solicitar documentación y experiencia innecesaria para los cargos a desempeñar, es otra práctica institucional ligada a la edad que bloquea el acceso a trabajo de mujeres jóvenes. Una persona recién graduada no siempre cuenta con estudios alternos o experiencia profesional en el rubro, y esto puede ser una gran limitante en el mercado. Este hallazgo se detalló en una entrevista con una persona trabajadora del Estado, que señaló esto como una práctica común en el mercado laboral nicaragüense. Según la entrevista, es común que se requieran muchos años de experiencia para ingresar a la fuerza laboral, incluso cuando esa experiencia no es determinante para las tareas a desarrollar: “¿cómo vas a tener experiencias si no te dan la oportunidad para adquirirlas brindándote la oportunidad?”. Este tipo de prácticas perjudican especialmente a las mujeres afrodescendientes jóvenes, ya que se ven aún más mermadas en sus oportunidades por no contar con la experiencia solicitada.

A diferencia de otros países, en Nicaragua existe poco incentivo del sector laboral mediante beneficios tributarios y alianzas estratégicas en materia de empleo incluyente. Las políticas públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo (Torrez y Santander, 2013). No se pretende con este precepto ahondar en materia de políticas públicas, esto es material para una continuación de esta investigación, sin embargo, al hablar de barreras institucionales es inevitable no mencionar el papel del Estado ante estos vacíos estructurales que existen en ámbito laboral.

Es notoria la pasividad estatal en este particular, lo que nos indica que sus ideales de una sociedad donde las mujeres afrodescendientes tengan igualdad de participación en el desarrollo de su vida profesional, social y personal no forman parte de sus prioridades y anhelos. Cabe reconocer que, si existen programas de impulso a la creación de empresas familiares y cooperativas por parte del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa MEFFCA, estas no subsanan otros vacíos de la inserción de las mujeres al mercado laboral formal como beneficios laborales, pensión y seguro social. Ante esto, las mujeres afrodescendientes siguen optando por trabajos en empresas fuera de la región o incluso fuera del país.

Finalmente, cabe destacar que la participación de las mujeres en espacios políticos y de toma de decisión es de suma importancia para la incorporación de las voces afrodescendientes en la regulación y promoción del mercado laboral. Sin embargo, su poder de toma de decisiones es muy pobre. Solo se ha podido identificar a una mujer afrodescendiente como diputada de la asamblea nacional, lo que implica que sus ideas y opiniones difícilmente tomen impulso al ser una representación mínima frente a mujeres del resto del país.

En una entrevista con una persona trabajadora del Estado, se detalla el panorama de la participación política de las mujeres afro:

Hoy tenemos una amplia participación de mujeres afro en diferentes puestos del acontecer nacional, ejemplo de eso tenemos a una negra de Old Bank como ministra de turismo, otra de Old Bank como magistrada de la corte suprema de justicia, dos mujeres embajadoras afros en Jamaica y Corea del Sur. En cuanto a la región tenemos la participación de mujeres negras como decanas en la Universidad BICU, rectora afro en la URACCAN, Corn Island y Bluefields con vicealcaldesas de la etnia Creole. La presidenta del consejo regional es una mujer y en el caso del sur tenemos más mujeres concejales que hombres… hemos avanzado, pero falta mucho por hacer para lograr una participación justa e igualitaria. (Persona trabajadora del Estado, entrevista).

Este listado de mujeres solo muestra el cumplimiento de la ley 50/50 por parte del Estado, más no garantiza la participación plena e irrestricta de estas mujeres en los espacios de poder. Mucho menos en sectores clave de toma de decisiones económicas como podrían ser ministerios vinculados a la producción. Una participación tokenistica¹⁶ es igual o peor que no tener participación del todo, porque va sumado al robo de agencia¹⁷ y la capacidad de elegir y actuar en favor de tus conciudadanas. Sobre esto Woods se cuestiona: “…cuando dicen que Nicaragua tiene el Estado con más mujeres participando en la vida política, ¿realmente estas mujeres están tomando decisiones o solo están ejecutando órdenes? y hace reflexión en que la participación no es solo estar presente físicamente, la participación es tener poder de decisión y tener el poder de elegir, en este país y en este momento crítico en el que se encuentra Nicaragua a nivel político solo cinco o seis personas deciden el resto acata órdenes” (Woods, en entrevista).

En este respecto no todo es negativo, como lo mencionamos a lo largo de este estudio, las mujeres negras están al frente y centro de las acciones afirmativas que se están dando en la Costa Caribe, en el proceso de demarcación, los movimientos sociales en favor de la preservación de la cultura, esto también tiene un rostro femenino a la cabeza y es meritorio mencionarse.

Lo que queda claro es que existe una necesidad de darle respuesta a las problemáticas que enfrentan las mujeres desde todos los ejes sectoriales ya que se evidencia que sus problemáticas se entrecruzan con casi todos los determinantes societales por lo que las soluciones también deben estar planteadas desde múltiples focos de análisis. Es importante reconocer que las barreras que enfrentan estas mujeres se deben a la instauración de paradigmas de explotación que se siguen reproduciendo a nivel estatal. La necesidad de un enfoque interseccional en el planteamiento de soluciones es imperativa para el desarrollo de las mujeres afro, desde políticas y acciones afirmativas que las coloquen al frente y centro de las prioridades estatales. Por otro lado, hay que reconocer que la legislación del país sigue perpetuando la invisibilización y se nota la ausencia de poblaciones diversas en los espacios de toma de decisión por la incapacidad estatal de notar estos vacíos en la norma, todavía hay un largo camino que recorrer, pero es importante dejar claro que nada será para ellas sin ellas.

Conclusiones

El Estado de derecho se deteriora a pasos agigantados en Nicaragua, como consecuencia de la amplia violación a Derechos Humanos por parte de la dictadura de Ortega Murillo. Esto dificulta la garantía de derechos de todos los grupos vulnerables, incluidas las mujeres afrodescendientes de Nicaragua. Teniendo en cuenta que la realidad de las mujeres Afrodescendientes es verdaderamente precaria, como lo hemos evidenciado a lo largo del estudio, sin un sistema democrático apegado a la ley y que garantice elecciones libres y trasparentes, la realidad de estas mujeres solo está destinada a empeorar en los próximos años. Es muy difícil que se puedan enfocar recursos y la atención estatal necesaria para empezar a idear estrategias de inclusión que beneficien a estas mujeres.

Existe una necesidad inminente de reestructuración estatal desde sus cimientos, donde se incluya una participación importante y activa de mujeres afrodescendientes en puestos de toma de decisión. Es necesario que se empodere a estas mujeres para darle respuesta a sus propias problemáticas, sin la intervención del gobierno central, ya que ellas son las que conocen mejor que nadie la realidad de la región y, por ende, son las que podrían proponer las soluciones que mejor se adapten a su realidad. Para esto, se necesitan reformas legales desde las regiones autónomas para las regiones autónomas.

Por otro lado, se debe poner en práctica lo establecido en la ley de autonomía y procurar moderar la intervención del gobierno central en los asuntos de la Costa Caribe, como un mecanismo para garantizar que las voces afrodescendientes no sean opacadas por las personas que han llegado a invadir el territorio afro e indígena. La tierra tiene una importancia invaluable para las comunidades afrodescendientes y su identidad está ligada a los bosques y al mar, por esta razón se deben garantizar los mecanismos necesarios para que las personas puedan vivir y desarrollarse de manera digna y plena en su territorio, mediante estrategias para dinamizar la industria y atraer trabajo sostenible a la Costa Caribe.

En el capítulo segundo hemos sistematizado la existencia de leyes que protegen a las mujeres afrodescendientes en Nicaragua y el mundo. Desde la ratificación de la Declaración y Programa de Acción de Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas, del 2001, hasta la ley nacional Ley 757 sobre el trato digno y equitativo a pueblos indígenas y afrodescendientes de 2011.

Aunque el Estado de Nicaragua ha hecho una labor meritoria con la aprobación de los tratados y convenios internacionales en materia de protección a la mujer y de personas afrodescendientes, la realidad es que el racismo y la misoginia fundamentados en estereotipos siguen muy presentes en las estructuras sociales y estatales del país. Actualmente no existen mecanismos de acción afirmativa que posibiliten estos cambios a corto y mediano plazo. Incluso dentro de las leyes se ha identificado que no se cuentan con estatutos claros para la incorporación y participación plena de las mujeres afrodescendientes, reduciéndolas a ser normadas bajo estatutos que no las representan ni mejoran su situación particular. Para hacer una comparación simple: es como darle un zapato de una talla muy pequeña a una persona y forzarla a que corra una maratón con ellas y esperando resultados positivos. Solo será doloroso e infructuoso. Lo mismo pasa con las leyes sin enfoque diferencial sobre estos grupos. Esta situación, dificulta su participación plena y el disfrute de sus derechos como ciudadanas nicaragüenses.

En esta tesis hemos visto que las mujeres afrodescendientes siguen siendo excluidas, violentadas y discriminadas de manera sistemática. Se ha evidenciado, especialmente a partir del relato recogido en entrevistas, que el sistema sigue reproduciendo patrones coloniales de discriminación materializados en sesgos y estereotipos de género y raza que se han instalado en el ADN del Estado nicaragüense e incluso se manifiestan en la normatividad del país y que resultan en la exclusión de las mujeres afrodescendientes del mercado laboral. Este tema en particular debe empezar a abordarse desde un enfoque de políticas públicas orientadas a combatir el racismo y el sexismo en el país.

La famosa “unidad en la diversidad” sigue siendo una utopía cada día menos lograble ya que la autodeterminación de estos pueblos sigue siendo ultrajada con cada censo en donde no se contabilizan a poblaciones afrodescendientes, en cada mesa donde no se incluya a mujeres negras y en cada familia que se separa cuando la mujer que tiene que migrar fuera de su comunidad en búsqueda de mejores oportunidades. Como hemos señalado en toda la investigación, no alcanza con que el Estado incluya leyes que aparentemente recogen estas problemáticas si luego no las aplica o no lo hace de manera diferenciada para estas poblaciones.

Por su parte, hemos visto también que los determinantes socioeconómicos juegan un papel fundamental para que estas mujeres accedan en igualdad de condiciones al mercado laboral, por lo que esta meta será inalcanzable hasta que se salden esas deudas de igualdad que tiene el Estado con las personas afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense en todos los ámbitos: educación, vivienda, salud, infraestructura, dinamización del empleo en la región entre muchos otros determinantes que representan barreras estructurales sin subsanar. Para esto debe hacerse un estudio de las políticas públicas existentes en el país y plantear una reestructuración de los mecanismos de respuesta para atender las necesidades puntuales de las comunidades donde habitan estas mujeres, a fin de crear un plan de acción con enfoque interseccional que aborde cada determinante desde un lente de raza y género, asegurando mayor efectividad en la implementación. Esto presupone una continuación de esta investigación, a fin de poder aportar desde el campo académico a proveer información factual, documentada y sistematizada sobre estas poblaciones y las políticas públicas que les impactan.

A través de esta tesis también se pudo evidenciar que existe mucho hermetismo alrededor del acceso a información en Nicaragua por parte del Estado. Fue evidente que la falta de acceso a la información va más allá de la falta de recursos de inversión en el levantamiento de datos. La falta de información pareciera ser deliberada, ya que como bien lo dijo el novelista Tom Clancy “si puedes controlar la información, puede controlar a la gente.” Las personas tienen temor de cuestionar el actuar estatal por miedo a represalias, y esto limita aún más el acceso a información en general y especialmente, sobre la situación de mujeres afrodescendientes.

En el transcurso de esta investigación no se ha logrado encontrar cifras publicadas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, que es la entidad encargada de recopilar casos de denuncia por racismo. Esto advierte de dos situaciones: no existen los mecanismos de denuncia apropiados y de público conocimiento, o el segundo y más grave escenario, es que las mujeres víctimas simplemente no saben reconocer cuándo están siendo víctimas de discriminación racial y misoginia. Porque una tercera opción, que no existan casos de violación de derechos humanos ligados a la intersección de raza y género en el mercado laboral, hemos constatado en esta tesis que simplemente no es válida.

Asimismo, también hemos visto que no existe un panorama claro sobre la actuación de las empresas y entidades frente a la participación de mujeres afrodescendientes. No se está documentando ni monitoreando el actuar de las instituciones contratantes para garantizar una inclusión plena, en este particular no existe claridad sobre el rol del Ministerio del Trabajo como promotor de este proceso. Tampoco ha sido posible recabar información de la mayoría de los ministerios respecto del colectivo estudiado, ya que no se han publicado informes desagregados por género y raza/etnia, y lo que si se han publicado en materia laboral, no cuenta con información concreta o un lenguaje y estructura de fácil interpretación, lo que dificulta aún más el trabajo social y humanitario reforzando el desconocimiento.

El cierre de las organizaciones no gubernamentales y la persecución de lideres y activistas humanitarios también fue un hallazgo evidenciado a lo largo de esta investigación, lo que advierte que la situación de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe podría empeorar ya que para algunas comunidades su único apoyo externo eran estas instituciones que el gobierno actual se empeña en silenciar.

Todo esto claramente dificulta la creación de acciones afirmativas, además de ser muy peligroso, ya que representa otra manera en que el Estado muestra su despreocupación por dar respuesta a este y muchos otros problemas de Derechos Humanos que afectan a todas las personas nicaragüenses. Es importante contar con información actual, veraz y objetiva, además es deber del Estado el de asegurar el acceso a información pública. Esta ausencia de datos se puede superar al darle cumplimiento a las recomendaciones por parte de la CEDAW y otros organismos de Derechos Humanos, ya que lo que no se nombra no existe y esta ha sido la premisa fundamental bajo el cual se siguen violentando los derechos de las mujeres afrodescendientes en Nicaragua.

Por último, lo que hemos constatado a la largo de esta investigación es que, la situación de las mujeres afrodescendientes no da espera, como lo evidenciamos a lo largo de la investigación las mujeres afrodescendientes están en desventaja ligadas a los determinantes socioeconómicos que dificultan su participación igualitaria en el mercado de trabajo, y en otros ámbitos de su vida como bien lo evidencian los datos. Otro hallazgo que queda constatado es que los mecanismos legales carecen de filtros interseccionales y de participación de minorías en su diseño ya que las mujeres afro siguen siendo invisibilizadas a través de las mismas leyes que deberían empoderarlas.

Queda mucho trabajo por hacer, en definitiva, existe una gran labor de relevamiento de datos que me gustaría hacer para seguir sustentando este tema, ya que veo con desconcierto los reportes de la CEPAL, entre otros organismos que trabajan sobre estos temas, y noto el vacío investigativo que rige en Nicaragua, lo cual me alienta a seguir indagando sobre el tema. Por otro lado, como se ha podido constatar a lo largo de la investigación, el aporte de datos por parte de empresas privadas ha sido nulo, otra vez, por esta dificultad de acceso a la información de las empresas. Con el alto índice de informalidad laboral que existe en Nicaragua, donde más del 80% de las personas trabajan de manera informal, es imperativo explorar cuáles son las situaciones de estas mujeres en las empresas, ya que la informalidad muchas veces va de la mano de la violencia y la discriminación.

El acercamiento académico a este tema no ha sido fácil para mí, ya que, al ahondar en los testimonios de injusticias y atropellos a la dignidad de estas mujeres, de las que formo también parte, se erige un fuerte reto. Como humanistas, lo que nos convoca es hacer de lo injusto, lo justo. Es por esto que sin duda seguiré trabajando para brindar aportes que permitan dar agencia a estas mujeres desde las trincheras de la investigación.

Anexos

Formato: Preguntas de investigación para entrevistas a mujeres y grupo focal

1. Cuéntenos de manera resumida su experiencia en el mercado laboral nicaragüense y si ha tenido que migrar de manera interna (a la capital u otro departamento) o externa (al extranjero) por trabajo.

2. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad personal, económica o espacial (refiriéndose a distancias o ubicación geográfica) que han impedido su acceso y/o permanecía en un empleo? Si su respuesta es sí, por favor desarrolle su respuesta.

3. Podrías enumerar según su criterio y experiencia cuales son las 5 principales barreras que enfrenta una mujer afrodescendiente de la costa caribe nicaragüense para acceder y permanecer en el mercado laboral, enumere por grado de importancia.

4. ¿Qué papel ha tenido la vida familiar y de pareja el acceso y permanencia en el empleo?

5. ¿De qué manera ha influido el aspecto racial en tu contratación y permanencia en empleos?

6. ¿Qué papel ha tenido tus creencias, cultura y/o religión para el acceso y permanencia en empleos?

7. ¿Cómo se promueven y aplican las leyes que promuevan la inclusión y el desarrollo de las mujeres creole en el mercado laboral? Puedes detallar con ejemplos

8. Basado en sus experiencias, ¿Qué relación tiene su raza y el hecho de ser mujer en el acceso y/o permanencia en algún trabajo?

Formato de entrevista 2: Líderes, activistas y especialistas

¿Cuál es la situación de las mujeres afrodescendientes de la Costa caribe nicaragüense en materia de trabajo? ¿Creé que existen desigualdades estructurales ligados específicamente a la raza y al género en materia laboral?

1. ¿Cómo impactan algunos determinantes socioeconómicos como educación, salud, ciclos de pobreza estructural, diferencia racial y cultural, inequidad de género, entre otros en el acceso y permanencia en el mercado laboral?

2. ¿Cuáles son las principales barreras internas y externas de acceso al mercado laboral que enfrentan las mujeres afrodescendientes de la Costa caribe nicaragüense? (Siendo las barreras internas: las barreras familiares y las barreras externas: las barreras sociales, económicas y del mercado laboral, institucionales, espaciales ¿De las barreras que identificas crees que algunas estén ligadas a la raza y al género? Sí o no y ¿Por qué?

3. ¿Crees que la migración en búsqueda de empleo está teniendo algún efecto en la cultura y modo de vida de las mujeres afrodescendiente? Si o no y ¿Por qué?

4. ¿Qué mecanismos legales e institucionales conoce usted que existan para promover y fortalecer la inserción al mercado laboral de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe Nicaragüense?

5. ¿Cómo se ha incorporado el principio de la no discriminación por raza y género en las políticas y leyes en la costa caribe nicaragüense garantizando la participación de la mujer en los procesos de desarrollo de la región? Por ejemplo, en el proceso de demarcación, el cual tiene un impacto significativo en el desarrollo de la mujer en la región y por ende un dinamizador de empleabilidad, ¿Qué mecanismos se han implementado para la participación equitativa de la mujer afrodescendiente en estos procesos?

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Convenciones y tratados

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Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención De Belém Do Pará”, sancionada en Brasil en el año 1994, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.

Conferencia Internacional del Trabajo, en su 109 reunión de 2020.

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Jurisprudencia

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Asamblea Nacional. Ley 717, creadora del fondo para compra de tierras con equidad de género para Mujeres Rurales, Diario Oficial N°. 111, 5 de mayo de 2010.

Asamblea Nacional. Ley 718, No. 111, de protección a las familias en las que hay embarazos y partos múltiples,14 de junio de 2010.

Asamblea Nacional La Ley 757, de trato digno y equitativo a pueblos indígenas y afrodescendientes, 26 de mayo 2011.

Asamblea Nacional.Ley N°28, No. 186, Estatuto de autonomía de las regiones de la costa atlantica de nicaragua, 2 de octubre de 2003.

Constitución de la República de Nicaragua, (CPN).P157 19 de noviembre de 1986, Nicaragua [Const].art.27.74.

Estudios publicados por agencias internacionales

CEPAL. (2017). Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/ handle/11362/42654/1/S1701063_es.pdf.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2018). Mujeres Afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe deudas de igualdad Publicación de las Naciones Unidas LC/TS.2018/33. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/S1800190_es.pdf.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2017). Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos. LC/TS.2017/121. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/42654-situacion-personas-afrodescendientes-america-latina-desafios-politicas-la.

OITa (2018) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/genericdocument/wcms_587544.pdf.

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