Capítulo 7

Trabajadores textiles, víctimas, perseguidos

Luchas por la clasificación a partir de un incendio en un taller textil en la ciudad de Buenos Aires1

Natalia Helena de Lima

Presentación

El 30 de marzo de 2006 se incendió un taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, en plena zona residencial de Caballito, donde murieron una joven de 25 años embarazada y 5 niños de entre 5 y 13 años, todos de nacionalidad boliviana.2 Conocida popularmente como “La tragedia de Luis Viale”, este incendio rápidamente se transformó en un escándalo que involucró a los más altos cargos públicos de ese entonces. En ese sentido, se utilizaron numerosas categorías para narrar la tragedia. Tanto el Gobierno Nacional como el de la Ciudad aportaron explicaciones para el acontecimiento, poniendo en juego categorías que se referían al taller como clandestino, a la actividad realizada como ilegal, a los migrantes como esclavos, salvajes, víctimas de trata, víctimas de trabajo esclavo y al trabajo esclavo como un flagelo que había que combatir en clave transnacional, en función de las acciones seguidas por el gobierno argentino y boliviano.

En este artículo analizaré algunas de las controversias que se desarrollaron entre familiares de víctimas, sobrevivientes y diversas organizaciones sociales apenas ocurrida la tragedia. Para cumplir con este objetivo, el artículo se dividirá en tres apartados que describen los diferentes modos de representar a los sobrevivientes por parte del GCBA, el Gobierno Nacional y dos agrupaciones políticas. Los datos surgen del trabajo de campo que desarrollé de manera alternada entre 2016 y 2019, donde participé en manifestaciones, reclamos frente a tribunales y diversos eventos. Estos registros se complementaron con entrevistas abiertas, conversaciones informales y fuentes secundarias: material de archivo, publicaciones gráficas, entrevistas radiales y televisivas, y redes sociales digitales.

Distintos modos de representar

¿Qué impacto tuvo el reconocimiento por parte del Estado de los trabajadores de talleres textiles como víctimas de trata para explotación laboral en la comunidad boliviana empleada en esos talleres? La aplicación de medidas de reconocimiento de los derechos de los migrantes bolivianos y de control de las degradantes condiciones de trabajo por parte del GCBA y el Gobierno Nacional de ese entonces no significó necesariamente un reconocimiento equivalente por parte de los trabajadores textiles. Una vez activadas las categorías oficiales y estatales de víctimas de trata y víctimas de explotación, los directamente afectados asumieron distintas posiciones con respecto a la problemática de los talleres clandestinos y no se reconocieron ni como víctimas de explotación ni de trata.

Entre las organizaciones de y para migrantes que ganaron notoriedad y tuvieron una fuerte presencia en las calles, presentaré a dos: La Coordinadora de la Comunidad Boliviana, CO.CO.BO (en adelante, CO) y la organización no gubernamental Asamblea Popular La Alameda (en adelante, LA). Ambas buscaron, con desigual éxito, representar a los trabajadores desde posiciones, valores e intereses diferentes.

Representar en nombre de la nación boliviana

La onda expansiva del incendio tuvo repercusiones en un amplio sector de la comunidad boliviana en Buenos Aires. La CO surgió unos días después del incendio de Caballito como respuesta a la demanda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de contar con interlocutores de la colectividad para poder aplicar de forma efectiva las distintas medidas de prevención y control de la trata. La coordinadora se gestó rápidamente, nucleando en su seno a diversas organizaciones que ya existían previamente, entre las que se destacaron la Asamblea Coro Mayta, la Asociación de Vendedores y Artistas de Parque Indoamericano y la Cámara Central de Talleristas, entre otras.

Los principales dirigentes de la CO habían estado en contacto con trabajadores textiles de la comunidad boliviana con anterioridad al incendio de Luis Viale. Sus dirigentes, Rodolfo Nogales y Alfredo Ayala, empleados en una remisería y de nacionalidad boliviana, habían participado en distintas campañas de solidaridad con los afectados por el incendio y en diversas movilizaciones en defensa de sus derechos como migrantes. En el desarrollo de las acciones que se sucedieron al incendio, estos dirigentes buscaron proclamarse como representantes de la colectividad boliviana frente al Estado argentino y boliviano, según describieron Lourdes y Luis Fernando, dos de los sobrevivientes del incendio en la calle Luis Viale. Para ambos, la CO buscó representar los intereses de los afectados por la tragedia, pero también defendió los intereses de los talleristas. En ese sentido, ambos sobrevivientes remarcaron que la posición de la CO respecto a los responsables del incendio fue ambigua. A modo de denuncia, recordaron que integrantes de la CO les rogaron matizar sus declaraciones sobre el incendio y sus causas a los medios periodísticos e incluso los instaron a negar que en el taller de Luis Viale vivieran niños.

Los dirigentes de esta organización utilizaron un discurso público fundado en la unidad de los trabajadores migrantes, basándose en su pertenencia común a la nación boliviana. En sus intervenciones públicas, se puede observar una retórica que apeló a la comunidad, a las buenas costumbres y a la solidaridad nacional, sin hacer distinción entre los trabajadores (costureros) y los dueños de los talleres o encargados (talleristas). Además, los voceros de la CO reivindicaron el uso de la categoría hermanos para referirse a sus compatriotas. Ayala lideró diversas movilizaciones donde presentó a los trabajadores bolivianos como personas honestas y honradas. Si bien reconoció que existían faltas entre los talleristas, afirmó que ningún hermano era un delincuente3 y que los migrantes de Bolivia no eran delincuentes, sino trabajadores. Su retórica enfatizó la unidad entre los bolivianos y la defensa de los trabajadores, dirigiendo su lucha contra las grandes fábricas que los explotaron, la mayoría de las cuales estaban en manos de argentinos. Desde la perspectiva de algunos sobrevivientes del taller de Luis Viale, el uso de esta narrativa contribuyó a diluir las diferencias existentes entre los roles de los talleristas y los costureros dentro del funcionamiento de los talleres textiles.

Representar en nombre de su condición de trabajadores

Situada en el barrio de Flores (Av. Lacarra y Directorio), la ONG La Alameda nació como una asamblea barrial en medio del quiebre institucional y económico del 2001.4 Su representante es Gustavo Vera, docente, político y activista de nacionalidad argentina. A partir del año 2004 y siguientes, La Alameda comenzó a exponer públicamente los talleres clandestinos y los prostíbulos de la ciudad. En su labor de denuncia de la existencia de talleres clandestinos, Gustavo Vera demandó políticas de control en la industria de la indumentaria, incluyendo la sanción a las grandes marcas comerciales y a los fabricantes. Sus denuncias le otorgaron una legitimidad como figura pública para abordar este problema. Como parte de sus acciones para proteger a los trabajadores textiles, la ONG impulsó y mantuvo una cooperativa de trabajo textil en su sede barrial (Unión de Trabajadores Costureros/UTC), conformada por costureros “rescatados de talleres clandestinos”, la mayoría de ellos de nacionalidad boliviana.5 Los dos sobrevivientes del incendio mencionados anteriormente tuvieron una breve participación en esa cooperativa en 2007 y 2008.

Estas acciones permitieron que La Alameda se convirtiera en un actor influyente en las posturas adoptadas por el poder legislativo, ya que lograron poner la problemática de los talleres textiles en el debate de los funcionarios y tuvieron impacto en las propuestas de acción. Gustavo Vera, impulsor del cierre de los talleres clandestinos, desempeñó un papel fundamental en este sentido. Con el tiempo, su imagen se consolidó en el espacio público. En el año 2007, las relaciones entre Vera y los organismos estatales se volvieron más fluidas y la problemática de los talleres clandestinos se mantuvo en la agenda gubernamental y en los medios de comunicación como un problema público. El 8 de marzo de 2007, casi un año después del incendio, un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación exigió al Poder Ejecutivo que abordara de manera concreta el problema público de los talleres textiles, incorporando muchas de las demandas originadas por La Alameda/UTC. En el cuerpo del proyecto, se reconoció la labor de La Alameda y, en particular, su cooperativa.

En los talleres textiles clandestinos hombres, mujeres y niños trabajan extensas jornadas, con pago a destajo y por prenda, pago en negro, reclutamiento mediante engaños, super explotación abusando del altísimo nivel de vulnerabilidad social de los costureros y sus familias.6

Sumado a eso, LA acompañó a algunos trabajadores de la empresa Cheeky en la decisión de denunciar penalmente a sus empleadores. Puede notarse la importancia de estas denuncias en la prensa nacional:

Máximo Quispe y su mujer se habían presentado al Centro Comunitario La Alameda el 27 de octubre pasado para relatar sus desventuras a Gustavo Vera, presidente de la cooperativa. Milton Olguera lo hizo un mes después. El relato de los tres, que luego repitieron ante la Defensoría, coincide en los horrores y en vincular a ambos talleristas con la empresa Cheek SA.7

En contraste con la asociación CO, La Alameda acusó a los talleristas, la mayoría de ellos de nacionalidad boliviana, de ser responsables del trabajo esclavo. En consecuencia, promovieron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomara medidas para clausurar los talleres que no cumplían con las normativas laborales y de seguridad vigentes en ese momento. A diferencia de CO, La Alameda estableció una distinción dentro de la comunidad de trabajadores migrantes, ya que consideraban que la solidaridad de clase de los costureros se diluía en los talleristas bolivianos que, desde su perspectiva, estaban dispuestos a explotar a sus compatriotas. La forma de operar de los talleristas fue considerada por La Alameda como una violación de los derechos humanos que debía ser denunciada y condenada.

Representar en nombre de su condición de víctimas

Una vez ocurrida la tragedia de Luis Viale, en la Ciudad de Buenos Aires se implementaron una serie de políticas destinadas a controlar las formas de trabajo al interior de los talleres textiles y prevenir la existencia de víctimas de trata. El entonces ministro de producción porteño, Enrique Rodríguez, informó a los periódicos que la ciudad iba a exigir la regularización de la situación de los talleristas, advirtiéndoles que de no cumplir podrían enfrentar la clausura de sus lugares de trabajo. En declaraciones a un diario nacional, el funcionario anunció la realización de un censo con el objetivo de garantizar condiciones laborales adecuadas y erradicar la explotación en la industria textil.

Vamos a hacer un censo y el que quiera regularizarse, tendrá que censarse. El que no, va a quedar absolutamente fuera de este programa y va a ser combatido y clausurado. No habrá tregua para aquellos talleres que explotan gente.8

Este marco de intervención convirtió a personas como Luis Sillerico, el capataz del taller de Luis Viale que también residía y trabajaba en el lugar, en un caso que podría ser considerado como trata de personas. En respuesta a los anuncios, la CO exigía al GCBA que cancelara los allanamientos en los talleres textiles, otorgara un plazo de seis meses para regularizar las condiciones laborales en los talleres y redujera las obligaciones en términos de cargas sociales. Paradójicamente, la acción de proteger a los trabajadores y localizar los talleres de “trabajo esclavo” bajo el lema EL TRABAJO ESCLAVO MATA se volvió en su contra, ya que la CO acusó a los funcionarios de la ciudad de llevar a cabo una persecución contra la comunidad boliviana. En ese momento, las estimaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hablaban de la existencia de aproximadamente 5000 talleres de costura informales. En el Gran Buenos Aires, el número superaba los 15 mil, con una concentración especialmente notable en la zona de Villa Celina (La Matanza) y en el Partido de Lomas de Zamora.

En el marco de las denuncias y acusaciones cruzadas entró en escena la entonces ministra de Derechos Humanos y Sociales del Gobierno porteño, Gabriela Cerruti. Designada en el cargo apenas un mes antes de producido el incendio, la funcionaria rechazó las demandas de CO y declaró a los diarios que su acción estaba inspirada en la defensa de los derechos humanos:

Nos negamos. Rechazamos la solicitud. Les explicamos que no podemos permitir tener talleres donde se violen los derechos humanos o se someta a gente a trabajo de servidumbre. No vamos a dar ni tregua ni plazo, porque esto no es un problema de normativa, sino de violación de derechos humanos.9

Durante la tragedia del incendio en Luis Viale, la ministra adoptó una retórica dominante basada en la categoría de víctima y en el lenguaje de los derechos humanos. Un ejemplo de esto es que el diario Página/12, donde Cerruti trabajó como periodista durante muchos años, utilizaba la expresión “centros clandestinos de confección” para referirse a este problema público. Esta forma de nombrar la tragedia contribuyó a diluir la dimensión política del asunto, es decir, la dimensión conflictiva y controvertida entre los actores debido a las diferentes formas de clasificación social. Sin embargo, si partimos del reconocimiento de que “cada acto de nominación y clasificación es un acto político” (Michel Agier en Vecchioli 2013:12), podemos comprender que a través de esta operación de reconocimiento en términos de derechos humanos, el gobierno nacional de ese entonces buscaba legitimarse y posicionarse frente a la tragedia. Esta búsqueda de legitimidad se lograba, en parte, mediante el uso de la retórica abstracta y neutral de los derechos humanos, y, por otro lado, a través de la difusión mediática de las condiciones de vida de los trabajadores textiles, lo cual generó en la población ajena al conflicto una serie de sentimientos morales (Fassin, 2017) con respecto a las prácticas de trabajo aberrantes.

Frente a la existencia de víctimas, el ministerio liderado por Cerruti implementó una serie de políticas reparatorias que incluían lugares de alojamiento temporario, subsidios y asistencia legal con abogados especializados y atención psicológica:

Vamos a contener a los inmigrantes que no tengan donde ir; algunos serán hospedados en las casas de sus parientes y otros, en los centros que tiene el gobierno porteño. Pero como se espera que haya muchos, también se solicitará ayuda a Defensa Civil para armar en los polideportivos lugares para albergar a estos ciudadanos […]. La intención del gobierno porteño es contener a las víctimas con asistencia psicológica y legal. Por eso buscaremos trabajar con las distintas áreas.

Los trabajadores y talleristas comenzaron a denunciar públicamente la falta de cumplimiento del Estado y fueron perseguidos. A partir de la versión estatal que para justificar los desalojos afirmó que los trabajadores fueron engañados, Ulises Castro, un trabajador que luego de un operativo se quedó en la calle, relató al diario La Nación: 

Estamos cansados de que todos nos usen. El gobierno y todo lo que prometieron [en relación con los subsidios y la inserción laboral]. Cerraron los talleres que no tenían habilitación, nos persiguieron y nos dejaron en la calle, nosotros vivíamos cama adentro, ahora no sé qué haremos.10

Esta declaración condensa, en buena medida, la sensación de la población afectada. Tanto Ulises como Luis Fernando, Lourdes y otros trabajadores textiles remarcaron que los desalojos se desarrollaron en situaciones de gran hostilidad, durante la noche, con requisas, robo de mercadería e interrogatorios violentos. Durante el juicio en los tribunales de justicia, varios sobrevivientes enfatizaron que lo ocurrido fue una caza de brujas y lo interpretaron como una persecución hacia su comunidad. Es importante destacar que prácticamente ninguno de los trabajadores del taller de Luis Viale tenía residencia legal en ese momento, lo que aumentó su situación de vulnerabilidad y en muchos casos les impidió acceder a subsidios u otro tipo de ayuda estatal.

A partir de la escalada de los allanamientos, la ministra buscó redefinir los sentidos de su accionar sustituyendo la categoría perseguidos por víctimas, en una conferencia de prensa se refirió al objetivo de las inspecciones: 

No se trata de perseguir a la comunidad boliviana sino de terminar con el trabajo esclavo, y en eso no vamos a ceder. […] Estos ciudadanos […] son víctimas y no perseguidos. [...] Es necesario aclarar a estos inmigrantes que no son perseguidos y que buscamos solucionar su situación. A muchos ya se le otorgaron subsidios en hoteles, pero algunos tienen miedo de abandonar sus lugares.

Las acciones del Estado en beneficio de los trabajadores textiles fueron también cuestionadas por dos familiares de víctimas del incendio en el taller. Luis Fernando y Sara, padres de uno de los niños fallecidos en el incendio, experimentaron dificultades y cuestionaron las acciones del Estado en relación a los trabajadores textiles. Aunque aceptaron el subsidio, el monto recibido no les alcanzó para pagar un hotel, por lo que tuvieron que buscar hospedaje en una casa hogar durante el mes siguiente al incendio. Además, tuvieron que esperar 52 días para recuperar el cuerpo de su hijo, que se encontraba en la morgue judicial. Finalmente, se hospedaron en la casa de un tío que era costurero y vivía en el bajo Flores, quien los apoyó durante la angustiante vigilia en la comisaría, la morgue judicial y el consulado de Bolivia en Buenos Aires.

Respecto de las medidas reparatorias que ofreció el GCBA, Lourdes Hidalgo acusó al Estado de ser cómplice de quienes lucran con la confección de ropa en los talleres clandestinos:

En ningún momento [desde el gobierno] nos ayudaron, ellos son cómplices. Jamás hemos tenido un subsidio, yo no pasé la noche en ningún hotel, ni se me cubrieron gastos médicos por todo el destrozo de mi salud después del incendio. Yo voy por mi cuarta operación en las piernas, ¿alguien me ayudó con eso?  Nadie se hizo cargo de todo lo que hemos sufrido.11

En la prensa se destacó tímidamente algunos casos de familias que quedaron en la calle luego de las inspecciones. A partir de estas experiencias, otros trabajadores se negaron a abandonar sus lugares de trabajo y de vivienda.  En consecuencia, en los operativos de clausura, agentes estatales y policías se encontraron frecuentemente con trabajadores que se resistieron a abandonar su fuente de trabajo y vivienda.

El sociólogo Jean-Michel Chamount analizó las disputas en torno al reconocimiento y no reconocimiento de las víctimas, centrándose en el caso de la trata para la explotación sexual. Según Chamount, aquellos que se ocupan de combatir la trata no consideran la posibilidad de que una víctima se ofrezca a sí misma, ya que argumentan que la víctima es ofrecida pero no puede ofrecerse voluntariamente. En este sentido, las cifras proporcionadas por estas organizaciones juegan un papel central en la construcción del problema.

Sin embargo, esta perspectiva contrasta con la visión de las mujeres migrantes que se dedican a la prostitución, quienes exigen que el Estado reconozca su responsabilidad en sus propias elecciones y acciones. Estas mujeres sostienen que, al elegir la prostitución, pueden obtener un poder financiero que les brinda ciertos márgenes de libertad que de otra manera no podrían alcanzar.

En el caso de los trabajadores textiles víctimas de trata laboral, además de las medidas reparatorias, el Estado implementó una política basada en números. Esto implica la creación, selección, promulgación y difusión de cifras por parte de actores interesados en la configuración de la campaña contra la trata de personas a nivel local. A partir de la tragedia de Luis Viale, se hicieron públicas cifras que evidenciaron la cantidad de talleres que operaban al margen de las normativas laborales vigentes. Esta situación permitió consolidar una campaña relativamente exitosa contra la trata de personas con fines laborales.

De esa manera, los trabajadores que no se relacionaron con los niveles estatales y los dispositivos creados a partir del incendio, no accedieron a subsidios ni beneficios y tampoco fueron identificadas con el status de víctima, por lo tanto, es necesario reconocer la eficacia de estas políticas con amplias capacidades para tomar decisiones sobre la vida de los sujetos protagonistas y deslegitimar algunas de sus perspectivas.

El objetivo de este artículo ha sido analizar cómo el Estado asumió el control del conflicto surgido a raíz de un trágico incendio en un taller textil y cómo las diversas comunidades afectadas resistieron a esa capacidad disciplinaria del Estado. Desde esta perspectiva, se busca comprender las disputas en torno al reconocimiento o no reconocimiento de las víctimas y reconocer la naturaleza controvertida y política de este tema.

La condición de víctima se establece a través de una relación jurídica entre un individuo y la categoría de víctima, y solo aquellos que cumplan con los requisitos especificados por las leyes y los agentes encargados de implementarlas serán reconocidos como víctimas. Esta perspectiva se basa en el trabajo de la antropóloga Vecchioli, quien examina los procesos de formalización, objetivación y oficialización de la categoría de víctima en el contexto del terrorismo de Estado en Argentina y analiza los intentos del Estado por homogeneizar y controlar las demandas de quienes se consideran víctimas.

Siguiendo esta inspiradora perspectiva, en este artículo se intentó demostrar que la retórica abstracta y neutral que prevalece en las intervenciones estatales tiene como efecto convertir sus principios y criterios en el resultado de hechos que parecen ser aceptados por los individuos sin cuestionarlos.

Consideraciones finales

A través de diversas acciones estatales como el censo, el rastreo, las clausuras, los subsidios, el alojamiento y la recopilación de datos estadísticos, el Estado se apropió del sufrimiento de los migrantes bolivianos que residían en talleres clandestinos y ejerció una forma de violencia simbólica y material al equiparar a los trabajadores con la categoría de víctimas. En su intento de protegerlos, el Estado cerró los talleres y dejó a los trabajadores sin empleo y sin un lugar donde vivir.

Desde el censo hasta los operativos y la orden de desalojo, todas estas acciones condensaron el poder coercitivo del Estado al ejercer control sobre una población.

El acto de reconocer a los trabajadores de los talleres como víctimas de trata, le restó potencia al punto de vista de los actores comprometidos con su propia narración de los hechos, incluyendo a los sobrevivientes del incendio en la calle Luis Viale que tuvieron un grado menor de legitimidad pública y denunciaron que las políticas no los protegieron, sino que fueron perseguidos por la policía y agentes estatales.

Muchos de los beneficiarios de estas políticas no se identificaron ni se reconocieron como víctimas de trata o de explotación, categorías que fueron públicamente consagradas para abordar este problema social. Contrariamente a lo esperado, los trabajadores textiles, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del incendio percibieron al Estado como perseguidor y cómplice de la situación de explotación laboral.

Por otro lado, para justificar sus acciones y neutralizar el conflicto, agentes estatales respondieron que, entre empresarios textiles y costureros, el tráfico y el engaño era una certeza.

La descripción de los hechos revela la naturaleza profundamente conflictiva y la disputa por la definición que surgieron a raíz del incendio en el taller. Junto con las categorías de esclavo y clandestino, también se introdujo la categoría de víctima, una categoría mucho más amplia y extensa que entró en competencia con otras categorías con menos éxito social, con las cuales los propios trabajadores textiles se identificaban.

Es importante reconocer que este proceso de oficialización, al mismo tiempo que reconoce y legitima a ciertos actores, demandas y puntos de vista sobre el problema de los talleres textiles, conlleva el desconocimiento de otras categorías y perspectivas. El valor analítico radica en haber mostrado las diversas pretensiones de legitimidad de estas categorías, ya que reflejan la existencia de puntos de vista en conflicto sobre el problema público de los talleres textiles.

*Agradezco los comentarios a versiones preliminares de este artículo de Mauro Vázquez, Karina Durán, Diego Santalla, Alicia Rebollar, Eduardo Fioravanti y a las ideas inspiradoras de Virginia Vecchioli.

Referencias

Chaumont, J.M. (2007). Celles qui ne voulaient plus être des victimes. En ANSO, Place Montesquieu 1, BE-1348 Louvain-la-Neuve. Abhandlungen / Articles

Chaumont, J.M. (2009). El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo. The Discovery.

Fassin, D. (2017). Hacia una ciencia social crítica. Entrevista a Didien Fassin en Andamios: Revista de Investigación Social, s.d., 351-364.  

Gusfield, J.R. (2014). La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente. Buenos Aires: Siglo XXI.

Varela, C.I. y González, F. (2015). Tráfico de cifras:“Desaparecidas” y “rescatadas” en la construcción de la trata como problema público en la Argentina. Apuntes de Investigación del CECYP, 26, 74-99.

Vecchioli, V. (2001). Políticas de la memoria y formas de clasificación social. ¿Quiénes son las victimas del “Terrorismo de Estado” en la Argentina? En Groppo, B. y Flier. P. (comps.), La imposibilidad del Olvido. Recorridos de la Memoria en Argentina, Chile y Uruguay. La Plata: Al Margen. 

Vecchioli, V. (2005). “La Nación como familia”. Metáforas políticas en el movimiento argentino por los derechos humanos. En Frederic, S. y Soprano, G. (comps.), Cultura y Política en Etnografías sobre la Argentina. Buenos Aires: UNQ/Prometeo.

Vecchioli, V. (2013). Las Víctimas del Terrorismo de Estado y la gestión del pasado reciente en la Argentina. Papeles del CEIC, 1(90), Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva, Universidad del País Vasco. http://www.identidadcolectiva.es/pdf/90.pdf.

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