CAPÍTULO 8

Noticias locales en pandemia

Brenda Focás y Lucio Rodrigues La Moglie

Introducción

En el marco del proyecto PISAC, trabajamos en uno de los objetivos específicos del proyecto que se preguntaba por el rol de los medios de comunicación en las configuraciones de las violencias durante la pandemia. Los medios, en sus distintos formatos, son uno de los actores relevantes en la construcción de percepciones, en el devenir de las discusiones públicas, y en las atribuciones causales y de responsabilidad de ciertos acontecimientos. Estos se posicionan como interlocutores privilegiados en la configuración de la realidad social acercando a sus públicos los temas sobre los cuales resulta necesario estar informado. Además de ser potentes en el establecimiento de un orden del día sobre los asuntos públicos, los medios de comunicación aportan una mirada particular sobre los temas que tratan.

Entre los factores explicativos, aparece el fuerte vínculo histórico de los medios de comunicación con la policía, como proveedores de información y como fuentes de definición de modos de enunciar y clasificar las violencias. En la actualidad, estos análisis se han complejizado con el rol asumido por las nuevas tecnologías y las redes sociales en el tratamiento, difusión y significación de estos hechos (Calzado, Lio y Gómez, 2019).

En este capítulo analizamos las representaciones de las noticias sobre las violencias en clave local y zonal. En la primera parte damos cuenta del contexto pandémico y describimos el corpus de portales seleccionados y el relevamiento realizado. Luego analizamos algunos de los casos de violencias que cobraron visibilidad mediática en este periodo en 3 dimensiones: Las representaciones de las víctimas y los victimarios en la construcción de estas noticias; los encuadres mediáticos sobre la violencia institucional, y finalmente los debates que dispararon estos casos en la agenda mediática y pública. El artículo se aborda desde la perspectiva de los estudios en comunicación y también de la sociología de los problemas públicos, que entienden que la sobre-representación mediática de un tema puede hacer que el público conozca la existencia de un problema, alentarlo a pensar en ciertos temas y en su solución, e incluso llevar a movilizaciones ciudadanas. Es decir, que algunos casos mediáticos desencadenan procesos de conformación o de activación de públicos con capacidades de crítica, de reivindicación, denuncia y movilización, como sostiene Schillagi (2011). Los medios de comunicación se erigen en la actualidad como voces legitimadas para la intervención en la discusión pública, logran la capacidad de influir en disputas sobre definiciones, responsabilidades y soluciones en relación a temas que acaparan el interés del público (Gusfield, 2014). Desde esa perspectiva nos interesa analizar las representaciones mediáticas durante este periodo en el partido de San Martín.

Cobertura de medios locales en pandemia

En marzo de 2020 se anunciaron una serie de medidas de escala nacional, acompañadas por regulaciones correspondientes a cada localidad, en relación a la prevención y contención de la emergente pandemia de COVID-19. Estas medidas sanitarias incluyeron la imposición de una cuarentena obligatoria, restricciones de movilidad para actividades no esenciales y la prestación de asistencia para sectores vulnerados por estas iniciativas. En el marco de esta investigación se analizaron casos de violencia institucional en la localidad de San Martín en base a su presentación por la prensa local y nacional en el periodo de un año comprendido desde el inicio de las medidas sanitarias en marzo de 2020 hasta ese mismo mes en 2021. Principalmente, se trabajó con un corpus de portales de noticias publicados en las plataformas web de diversos medios. El foco principal estuvo en el sistema de medios locales de la municipalidad de General San Martín, que se compone de distintos medios privados y autogestivos. La denominación “local” se utiliza aquí para hablar de un tipo de prensa que surge y es consumida, fundamentalmente, en una ciudad de provincia y su zona de influencia. Atribuye por ello especial relevancia a asuntos sobre el territorio y la vida cotidiana de la localidad y sus alrededores, con cuyos habitantes establecen sólidos lazos (Sánchez, 2019).

Se sistematizaron una gran variedad de medios zonales que agrupan distintos municipios entre los que se encuentra San Martín, incluída la publicación zonal correspondiente del diario Clarín. Los medios locales y zonales particulares utilizados para el relevamiento de noticias sobre violencia policial fueron Infoban, La Noticia Web, Que Pasa Web, El Zorzal, San Martín Noticias, Zona Norte Hoy, 2Urbanos y Zona Norte Diario (tabla 1).

Tabla 1. Cuadro con lista de medios relevados, la ubicación de su sede central y el área geográfica que cubren sus noticias

Nombre del Medio	Ubicación	Área de Cobertura
2Urbanos	General San Martín.	El partido de General San Martín y otros 9 partidos de la Provincia de Buenos Aires, además de CABA y la provincia en general.
Clarín Zonal	Suplemento regional.	General San Martín y Tres de Febrero.
El Zorzal	General San Martín.	El partido de General San Martín.
Infoban	Zona Norte.	El partido de General San Martín y otros 23 partidos de la Provincia de Buenos Aires.
La Noticia Web	General San Martín.	El partido de General San Martín y otros 27 partidos de la Provincia de Buenos Aires, además de La Plata y CABA.
Que Pasa Web	San Isidro.	El partido de General San Martín y otros 14 partidos de las zonas norte y oeste de la Provincia de Buenos Aires.
San Martín Noticias	General San Martín.	El partido de General San Martín y otros 16 partidos de la Provincia de Buenos Aires.
Zona Norte Diario	General San Martín.	El partido de General San Martín y otros 16 partidos de la Provincia de Buenos Aires.
Zona Norte Hoy	San Fernando.	El partido de General San Martín y otros 19 partidos de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, los casos estudiados fueron observados también en la prensa nacional, comparativamente relevando publicaciones de Infobae, La Nación, Página 12 y otros medios nacionales que cubrieron los eventos descritos por los portales locales y zonales. Los medios locales que seleccionamos se caracterizan por su actividad independiente, su presencia en el espacio de noticias online desde hace más de una década, su cobertura de noticias no solo referentes a la localidad de San Martín sino que también a demás zonas de provincia y ciudad de Buenos Aires y sus frecuente inserción en redes sociales e interacción con vecinxs de los territorios cubiertos. Las noticias que refieren a casos de violencia dan cuenta de una preocupación que, si bien toma carácter nacional, es enfatizada por el diario a escala local, reforzando el contrato de lectura del medio que apunta a la cercanía con el lector medio del diario (Sanchez, 2021).

Los casos seleccionados

El relevamiento de artículos periodísticos en la red mediática mencionada durante el primer año de restricciones, regulaciones y medidas sanitarias en torno a la pandemia dió cuenta de tres casos de violencia letal, un caso de desaparición, y una serie de noticias vinculadas a desalojos, abusos y hostigamiento asociados con las fuerzas de seguridad en la localidad de San Martín.

Los casos de violencia letal fueron abordados por diferentes plataformas de noticias online y recibieron una cobertura extensa, con versiones diversas y hasta contradictorias de los hechos a través de los diferentes voceros. Identificados a partir de sus víctimas, cronológicamente se trata de los casos de Guillermo Lescano, Pedro Valle y José Luis González (también identificado como José Luis Fernández por algunos medios). En el primer caso Guillermo Lescano, buscado por un robo a una fábrica de hielo, habría sido asesinado por un policía fuera de servicio el día 22 de mayo de 2020 por causas que se investigan. En segunda instancia, Pedro Valle, recibió una bala - que le causó la muerte - el 16 de junio del mismo año, tras haber participado del robo de un vehículo a un policía retirado y un posterior escape y tiroteo. El último de los mencionados, Jose Luis Gonzales, recibió un disparo por parte de un agente de policía en servicio el día 20 de marzo de 2021 en las afueras del Hospital Belgrano, luego de intentar defender a un hombre detenido por la presunta intención de robar un vehículo.

Las representaciones dispares de los hechos se vuelven evidentes en este último caso. Por un lado, por ejemplo, Zona Norte Hoy declara, haciendo eco a la cobertura de Télam, que “... [José Luis Gonzles] atacó con un arma blanca a uno de los policías [...] otro efectivo que estaba en el hospital intervino para defender a su compañero, le impartió la voz de alto al agresor y, como el hombre no cesaba con en el ataque, efectuó dos disparos. Aún con las heridas de bala, el agresor no depuso su actitud, por ello es que “el primer policía efectuó al menos un disparo contra el atacante”. En pleno contraste, Que Pasa Web presenta que “ ... [José Luis Gonzales] es un vecino, trabajador de 33 años, que salió para intermediar y fue asesinado por un agente”. La presentación de lo ocurrido a través de los diversos medios presentan encuadres diversos con distintas asignaciones de responsabilidad, grados de violencia y caracterizaciones de los involucrados.

Otra de las noticias que se replicó en los medios locales, fue el caso de la desaparición de Hugo Esteban Peña donde la familia de la víctima señalaba a un agente de inteligencia de la policía como posible victimario. Acusan al agente de haber participado del secuestro de Peña por negocios irresueltos entre ambos, citando la pertenencia del presunto culpable a las fuerzas de seguridad como la razón por la cual no hubo avances con la investigación. Infoban lo plantea sintéticamente al darle la palabra a la hermana de la víctima, quien declaró: "No sé qué están investigando, más bien están tapando". Este caso de desaparición fue trabajado exclusivamente por medios locales, cuya cobertura se enfocó en la movilización y colecta de firmas demandando justicia organizados por familiares y conocidos de la víctima. Este tono enfocado en las movilizaciones se encuentra, por ejemplo, en la cobertura de Que Pasa Web, que destaca el hecho de que “familiares y amigos del vecino de San Martín desaparecido desde el pasado 20 de enero, marcharon ayer para reclamar avances en la investigación y su aparición con vida”.

Las noticias recopiladas sobre desalojos, abusos y demás casos de hostigamiento policial tuvieron poca repercusión mediática (siendo la mayoría cubiertas por un solo medio en cada caso), pero se publicaron en repetidas instancias y estuvieron vinculadas tanto a casos específicos como a observaciones más generalistas. Los suceso fueron la destrucción de infraestructura y comida en un asentamiento en Barrio Independencia, Jose Leon Suarez, de lo que es acusado un comisario local, intimidación y amenazas de desalojo sin órdenes judiciales por parte de la policía en una zona conocida como «la Montaña», colindante el barrio 13 de Julio, la posterior quema de una una casilla por parte de la policía en este mismo contexto y la detención violenta de tres vendedoras ambulantes que se habían dispuesta a trabajar en la vía pública. En esta instancia, La Noticia Web cubre los hechos en varias notas, relatando que los policías “… actuaron sin orden judicial y que amenazaron con [...] el violento desalojo ilegal”, “... prendieron fuego una de las casillas” y que un grupo de vendedores ambulantes fueron “... reprimidos brutalmente por las fuerzas policiales”.

Víctimas y victimarios

Una de las características de las noticias de violencia y de inseguridad es la figura de la víctima como actores centrales en la construcción del relato periodístico. Garland (2005) destaca el rol central de las víctimas en esta configuración de la inseguridad, a diferencia de otras épocas donde constituían el resultado oculto y olvidado del delito. La centralidad adquirida por la víctima del delito se observa especialmente en la práctica de los medios de comunicación dentro del ascenso cultural generalizado de las víctimas en Occidente (Best, 1999). La dimensión del drama centrada en la víctima y su sufrimiento dota de una fuerte carga emotiva a la noticia sobre el delito, incrementando su relevancia.

El mismo movimiento que posiciona a las víctimas en el centro de la escena, promueve a la vez otra operación mediática hegemónica del género policial, que tiende a centrarse en una figura peligrosa: el joven varón y pobre, en tanto victimario. Figura estereotipada que aparece como natural y esencializada, pero que refuerza imaginarios sociales en torno a la inseguridad. A la vez, esta operación de inscripción de los sujetos sociales como “víctimas o victimarios” condensa el campo semántico que los emplaza mediáticamente: forman parte del campo delictual. Ello conduce a reforzar los prejuicios sociales acerca de la peligrosidad de sujetos que han sido históricamente vulnerabilizados, invisibilizados o desplazados al terreno de su representación policializada. Los detalles truculentos de la víctima, la precisión en torno al espacio, y la reiteración de hechos similares, configuran fórmulas básicas de construcción del policial.

La tensión entre la conceptualización de víctima y victimarios está particularmente presente en dos de los casos que estudiamos: el de José Luis González y el de Pedro Valle. En ambos casos, el resultado final del hecho fue la muerte de un civil a manos de un agente de policía. Sin embargo, las dos presentan situaciones que los medios describen como “enfrentamientos”, en los cuales hubo también oficiales que salieron heridos. La idea de “gatillo fácil” se contrapone con la de “legítima defensa”, aludiendo en varias noticias a la posibilidad de que la violencia fuera necesaria para proteger a las personas presentes en la escena o a un compañero. En muchas instancias la tensión gira en torno a una pregunta: ¿hubo “excesos” por parte de la policía? Esto se ve, por instancia, en la cobertura de Infoban, cuando escribe que pronto se va a “... determinar si [los policías] actuaron en su legítima defensa o cometieron algún exceso”, y en la de Zona Norte Hoy, que declara que “...la principal hipótesis apunta a un caso de legítima defensa no de gatillo fácil”. Este punto implica la idea de que la forma de actuar de las fuerzas de seguridad que estaba justificada en un principio y que solamente una vez que cruza cierto punto se vuelve extrema y la violencia “justa” se torna “excesiva”. Esta última tendencia interpretativa tiene un peso muy particular, dado una controversia entre las representación de estos casos: los artículos publicados por la agencia nacional de noticias Télam asigna un grado de violencia mayor a la víctima que al victimario y presenta indicios de un accionar policial justificado, interpretación que es reiterada miméticamente por cinco de los medios locales. Este eco del contenido de agencia genera una homogeneidad en las lecturas mediáticas de lo sucedido, lo que lleva a una imagen hegemónica de la naturaleza de un caso y los roles de los sujetos involucrados basada en la repetición de una primera interpretación que solo es discutida en las coberturas alternativas de medios locales e independientes.

Este hallazgo está en consonancia con los estudios locales sobre el tema que han mostrado que los medios estigmatizan a los jóvenes varones de sectores populares como victimarios. A la vez, las víctimas suelen ser siempre estereotipos del individuo común; los lugares del hecho criminal, reconocibles porque son los del barrio más o menos cercano o parecido al propio y los horarios refuerzan la percepción de que no hay momento en que no se esté expuesto a una potencial victimización (Martini, 2009).

En lo que respecta a los demás casos, las situaciones que cubren produjeron menores controversias interpretativas sobre los roles de víctima y victimarios que se le asignaron a los sujetos involucrados. En el caso de la desaparición de Hugo Peña, en particular, se señalan sospechas de su familia que recaen sobre un policía del servicio de inteligencia pero, al no haber información corroborada sobre lo sucedido, no hay una asignación fehaciente de estos roles.

En este aspecto, son destacables las coberturas realizadas respecto de hostigamientos y desalojos durante la pandemia, en las cuales los pocos medios locales que cubrieron los casos (La Noticia Web y El Zorzal) sitúan la violencia en el accionar policial (se habla incluso de “represión”), mientras que justifican las acciones de los vecinos (en el caso de los desalojos) y de los manteros(en el caso de hostigamiento hacia vendedores/as ambulantes que decidieron reanudar la venta callejera pese a las restricciones impuestas por la pandemia). Los argumentos se complementan con imágenes y videos que acompañan los reclamos de las personas afectadas dando una visibilización del referente empírico que ancla la interpretación que se hace de ellos hechos en el impacto del elemento visual. De hecho, en el caso de las noticias de desalojos en el Área Reconquista, se sostiene que el verdadero motivo detrás del accionar policial fue la intención de las fuerzas de seguridad de liberar terrenos para luego utilizarlos en operaciones clandestinas.

Violencia institucional, autoridades y pandemia

A pesar de su contexto temporal, la gran mayoría de los casos trabajados no tienen relación directa con los conflictos de autoridad que surgieron en torno a la pandemia. El rol de las fuerzas de seguridad como figuras de autoridad reguladoras del comportamiento social en el marco de acatar las normas de distanciamiento social, cuarenta y otras restricciones surgidas por la respuesta gubernamental a la pandemia no está presente en los casos de violencia letal analizados. Estos hechos están encuadrados principalmente dentro de conflictos anteriores en el tiempo y con una escala mayor y más compleja, como son el crimen organizado y la corrupción policial, y en ninguno de ellos juega un rol destacable la pandemia.

Sin embargo, esta situación se invierte con los casos de desalojo y hostigamiento, donde el coronavirus está presente tanto en los reclamos de las víctimas, que se presentan como doblemente vulneradas (por la pandemia y por el accionar policial), como en los argumentos justificativos que presentan las fuerzas de seguridad, que afirman estar acatando las regulaciones de cuarentena y distanciamiento social. Aquí si se hace presente esta autoridad extraordinaria de la que fueron imbuidas las fuerzas de seguridad en este episodio, donde su accionar puede ser construido bajo el respaldo de las normas sanitarias vigentes en el momento.

En los casos de desalojos, los medios explicitan la articulación indirecta entre estos hechos y la pandemia, señalando que muchas personas con trabajos informales o “changas” se vieron imposibilitadas de pagar sus alquileres y eso aumentó la crisis habitacional, de modo que creció el número de familias asentadas en terrenos fiscales. Se señala además la contradicción entre la obligación de “quedarse en casa” para respetar la cuarentena y la falta de vivienda que sufren estas personas. Por otro lado, en los casos de hostigamientos el vínculo es directo, ya que se produjeron sobre vendedores/as ambulantes que incumplieron las restricciones de la cuarentena reclamando poder volver a trabajar y una mayor asistencia del Estado en este contexto crítico. Como muestran Focas y Zunino (2020) en el análisis de la prensa nacional sobre la cobertura de los primeros meses del confinamiento se destaca una presencia moderada pero persistente de un enfoque de sanción y castigo relacionado con la pandemia, a partir de la construcción discursiva de un estado de excepción que dio lugar a una serie de medidas -y noticias- que pusieron el foco en el despliegue de las fuerzas de seguridad en la vigilancia y castigo del cumplimiento de la cuarentena, a partir de una orientación principalmente punitiva. De este modo, los diferentes tópicos que moldearon mediáticamente a la pandemia se relacionaron directamente con un escenario de amenazas naturales, económicas y estatales que condicionaron en menor o mayor medida todas las dimensiones de la vida, constituyendo el riesgo un elemento central en la conformación de esas agendas.

Este contraste presenta una arista destacable de los casos de violencia institucional en el marco de la medidas sanitarias por COVID-19: las tensiones generadas entre la ejecución contundente por parte de las fuerzas de seguridad de restricciones legitimadas por la necesidad de contener el esparcimiento de contagios en el marco de una pandemia y las necesidades socio-económicas de sectores vulnerados que se ven obligados a elegir entre acatar las regulaciones sanitarias o asegurarse un ingreso. La autoridad asignada a las fuerzas policiales para evitar cualquier ruptura de las medidas gubernamentales consideradas necesarias para proteger la salud pública entra en discusión en los encuadres mediáticos¹(Entman, 1993) de estos casos cuando elementos de necesidad económica, trabajo y vivienda informales y precarizados tornan problemáticas a la restricciones en sí mismas y, por tanto, a la autoridad de hacerlas cumplir absolutamente.

Debates que disparan los casos

La sociología de los asuntos públicos constituye un abordaje operativo para su análisis rico en antecedentes. Inscripta críticamente en una corriente constructivista de los problemas sociales (Kitsuse y Spector, 2001) que pone en tela de juicio la naturaleza objetiva atribuida a los hechos por la sociología funcionalista, forma parte de la perspectiva de la construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 1968). Según esta corriente de indagación teórica, la principal condición para que un problema social pueda instalarse socialmente es que sea instituido a partir de una demanda. Cuando esta se vuelve pública y tiene una repercusión exitosa, es capaz de generar procesos de estabilización discursiva que la torna reconocible y que actúan como series ante la irrupción de nuevos asuntos del mismo tipo (Pereyra, 2013; Kessler, 2014), además de obligar al poder político estatal a pronunciarse. En tanto, su proceso de estabilización es determinante en la elaboración de representaciones colectivas o esquemas de interpretación que orientan la experiencia práctica.

En el recorrido por la prensa local, notamos que los policiales constituyen un tema fijo en la agenda mediática que a la vez presenta sus particularidades en clave local-. Reparar en el carácter público de un fenómeno desde este punto de vista implica orientar la atención hacia dinámicas entre diversos actores, instituciones y grupos sociales.

Galar (2016) muestra en su análisis de la mediatización de la inseguridad, los modos en que en términos escalares si bien actores nacionales intervienen en el contexto local e influyen en la dinámica de los procesos, algunos casos no se nacionalizan desde los medios de comunicación ni a partir de la acción de actores políticos.²

Para que un problema público se constituya como tal debe existir determinado sustento estructural que avale cierta preocupación social: malestares colectivos, experiencias sociales, eventos estructurales.³ Sostenemos que más allá de los usos sociales de determinadas muertes y de los intereses intervinientes en los procesos de politización de los problemas públicos, las acciones configuradas alrededor de casos y problemas expresan preocupaciones sostenidas por diferentes actores y colaboran a consolidar determinadas sensibilidades sociales.

De estos planteos de la geografía, la sociología y la arquitectura derivamos la idea de presentar al espacio público constituido en las coyunturas analizadas desde la idea de conurbanidad. Entendemos por conurbanidad a un funcionamiento integrado de espacios públicos que se evidencian organizados jerárquicamente en lógicas de centros y periferias pero que mantienen su identidad y grados de independencia funcional y dinámica (Alvarez, 2015) . Sostenemos que este modo de funcionamiento conurbado opera de diferentes maneras en los espacios públicos que se conforman en el procesamiento de las violencias en escala local. En este sentido, Kessler (2009) en su trabajo sobre el sentimiento de inseguridad en ciudades de diferentes escalas y en diversas configuraciones urbanas, particularmente en relación al fenómeno que denominó “culturas de seguridad locales”. A través de estas configuraciones locales el autor da cuenta que en cada lugar analizado los habitantes sostienen un nivel específico de aceptabilidad de ciertos delitos (o “umbrales de riesgo”) que influye en las formas que adquiere la gestión local de la seguridad y eventualmente en las demandas sostenidas al Estado en relación al tema. Además, Kessler señala en su investigación que distintos elementos de los consensos locales en relación a las lecturas sobre la situación de seguridad “aparecen trastocados” en un pasado reciente.

Uno de los mayores debates que disparan los casos analizados, por su repetición y presencia en medios de gran incidencia, es el de la posesión y uso de armas de fuego por civiles y policías fuera del marco de su ejercicio profesional. Los casos de Pedo Valle, Guillermo Horacio Lezcano y José Luis Gonzales todos hacen punto de destacar esta problemática: tanto agentes retirados como vestidos de civil, vecinos y delincuentes despliegan en estas reconstrucción de lo sucedidos el uso de armas de fuego en situaciones que se inevitablemente tornaron violentas y acabaron con al menos un muerto y también un número de heridos. La tensión se genera alrededor de la presencia de armas de fuego en la zona en marcos que se prestan como inesperados o incontrolables: vecinos armados, “civiles” que resultan portar armas de servicio, casos de delincuencia a mano armada. La presentación de estos tres casos de violencia letal problematiza este debate al visibilizar tres situaciones donde la presencia de armas de fuego no cumple con las normas o expectativas civiles al respecto.

El rol de la policía como fuerza de seguridad también está fuertemente puesto en cuestión, ya que son retiradas las alocuciones a las posibilidades de corrupción y accionar delictivo de los agentes de seguridad e incluso de justicia, como es el caso de fiscales, incluso más allá de los casos de violencia en sí mismos. Se presenta un marco donde no solo se problematizan a las fuerzas de seguridad por su accionar visible y explícito en casos de violencia policial, sino que se deslegitima su autoridad y responsabilidad como institución al alegarse su involucramiento en casos de corrupción, intimidación, accionar sin autorización judicial, iniciativas delictivas propias y, especialmente en el caso de de Hugo Peña, la conspiración, encubrimiento, retraso intencional de investigaciones y participación de la desaparición de una persona por intereses económicos.

Otra fuerte controversia en la ya mencionada tensión entre la denominación de casos como “gatillo fácil” o “legítima defensa”. Ambos términos se utilizan como categorías binarias en la que se debe inscribir un evento, planteando la idea de que existe un nivel de violencia que las fuerzas policiales pueden ejercer legítimamente, pero que este no es absoluto: en cierto punto, si no se dan las características que la transformaron en legítima defensa (como pueden ser la protección de la vida propia o de otro agente), el caso se convierte en una instancia de gatillo fácil. El gran debate que surge del relevamiento de estos casos en los medios locales y nacionales es sobre la naturaleza incierta de este punto de exceso y de las características necesarias para que la violencia letal se pueda considerar “legítima”. En cada caso hay una incertidumbre particular sobre cuál de estas dos categorías aplica, abriendo a la discusión no solo en el marco de cada hecho en sí mismo sino también de las características propias de ambas categorías.

En menor instancia, pero sin perder pertinencia, están los conflictos que los casos de desalojo y hostigamiento disparan sobre los sectores más vulnerables: la legitimidad de las tomas, las consecuencias de los desalojos en plena pandemia (desalojos que se producen, además, incumpliendo el Decreto que suspende los desalojos en pandemia) y las dificultades de los trabajadores informales para generar un ingreso económico y respetar la normas impuestas durante la cuarentena. Esto último queda puesto en cuestión particularmente con el caso del arresto agresivo de un grupo de manteras que se dispuso a vender sus mercancías a pesar de las prohibiciones de permanencia en el espacio público por la pandemia. No solo entra en discusión el uso de la fuerza por parte de la policía y las características excesividad de su accionar, sino que también se expande el debate abierto en muchos ámbitos por las restricciones sanitarias del periodo de pandemia: ¿cómo se equilibran los diversos intereses sociales respecto a la salud pública y el bienestar de los sectores vulnerados? Las medidas puestas en vigencia por el gobierno nacional y reforzadas, en estos casos vehementemente, por la fuerzas de seguridad para reducir y evitar los contagios de COVID-19 tuvieron conflictos evidentes con los intereses de sectores socioeconómicamente vulnerables, problematizando así las decisiones y acciones tomadas en este contexto.

Reflexiones finales

En este artículo indagamos sobre el tratamiento mediático local durante la pandemia. Nos focalizamos en las noticias sobre violencias, en especial aquellas en las que aparecían las fuerzas de seguridad como actores relevantes. De este modo, el recorrido permite observar algunas especificidades en la construcción noticiosa de los portales del Partido de San Martín y alrededores, que se fundamentan en prácticas periodísticas locales⁴. En primer lugar, planteamos algunas cuestiones vinculadas con las representaciones mediáticas del conurbano dando cuenta de ciertas recurrencias en el encuadre de este territorio como peligroso.

En segundo lugar mostramos las tensiones entre la conceptualización de víctima y victimarios en dos de los casos que estudiamos: el de José Luis González y el de Pedro Valle. En ambos casos, el resultado final del hecho fue la muerte de un civil a manos de un agente de policía. Sin embargo, las dos presentan encuadres que los medios describen como “enfrentamientos”, en los cuales hubo también oficiales que salieron heridos. La idea de “gatillo fácil” se contrapone con la de “legítima defensa”, aludiendo en varias noticias a la posibilidad de que la violencia fuera necesaria para proteger a las personas presentes en la escena o a un compañero.

Otra de las dimensiones que tomamos fue la del lugar de las fuerzas de seguridad en este contexto y siempre en el plano local. En la mayoría de las noticias analizadas la autoridad asignada a las fuerzas policiales para evitar cualquier ruptura de las medidas gubernamentales consideradas necesarias para proteger la salud pública entra en discusión en los encuadres mediáticos de estos casos cuando elementos de necesidad económica, trabajo y vivienda informales y precarizados tornan problemática s a la restricciones en sí mismas y, por tanto, a la autoridad de hacerlas cumplir absolutamente.

Por último, analizamos desde la sociología de los problemas públicos los debates que disparaban los casos noticiosos en la agenda pública. Así encontramos que un tema central por su repetición y presencia en medios de gran incidencia, fue el de la posesión y uso de armas de fuego por civiles y policías fuera del marco de su ejercicio profesional.

En síntesis el texto pretendió aportar algunos indicios para el análisis de las noticias locales sobre violencias situándose en el contexto de la pandemia.

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